Financiando la violencia rural en territorio mapuche

El trabajo iba a ser sencillo. O al menos eso pensó Eugenio Reyes Ramírez (55) cuando encendió el motor de su camión de color blanco con remolque y lo puso en marcha para internarse en el frondoso bosque del fundo Lanalhue, en Cañete, al sur de la Región del Biobío. Conducir, cargar el material y regresar, esa era su tarea. Así comenzó su trayecto hasta llegar a un estrecho camino de tierra de tres kilómetros, donde las hectáreas de pino de más de 10 metros de altura -que se extienden desde las faldas hasta la cima de los cerros y bloquean la señal de los teléfonos- le daban al conductor una sensación de seguridad que aumentaba a medida que se acercaba al final del camino. En ese punto acordó reunirse con un grupo de hombres equipados con motosierras y maquinarias que lo esperaría frente a las rumas de madera recién cortadas, que ellos mismos colocarían en la parte trasera del camión.

El proceso de carga de los 30 metros cúbicos de pino, la capacidad máxima que resistía el vehículo y su remolque, fue rápido y silencioso. Pero no lo suficiente. A pocos metros de distancia, el camión repleto de madera, avaluada en $ 1,6 millones, comenzó a ser seguido. Así, apenas a 20 minutos de iniciado el viaje, el vehículo de carga fue interceptado en el acceso principal que construyó la empresa forestal Mininco. Aunque en el cruce forestal Eugenio Reyes Ramírez mantuvo el motor en marcha, la patrulla AP-2468 de Carabineros le impidió el paso. Pocos minutos antes, un equipo de seguridad de Mininco había realizado un seguimiento y alertó a la policía sobre la tala ilegal de árboles en el predio y la presencia de personas que le brindaban protección armada.

La fiscalización al camión no solo confirmó que el conductor no contaba con la autorización de transporte ni las guías de despacho para trasladar la madera. También comprobó el poder de fuego de la organización que cobraba por protección: “De forma sorpresiva, individuos desconocidos que se mantenían ocultos entre los arbustos al interior del predio atacaron al personal con diferentes armas de fuego, procediendo el personal a repeler dicho ataque, utilizando para ello escopetas lanzagases, escopeta con munición múltiple calibre 12 mm y pistola 9 mm”, detalla el parte que Carabineros entregó a la fiscalía local.

Tras el intento de rescate, Reyes Ramírez guardó silencio, fue llevado a la comisaría y, posteriormente, quedó apercibido y libre por orden de la fiscalía, quien lo investiga como autor de hurto de madera. Lejos de ser un simple delito, aseguran en el gobierno, este ilícito escondería una de las principales fuentes de financiamiento de las agrupaciones radicales de la zona para acceder a dinero y armas, que posteriormente les permitirían cometer otros delitos, como las quemas de camiones, la destrucción de maquinarias y ataques a viviendas particulares ubicadas dentro del territorio mapuche que hoy está en conflicto.

¿Qué ocurre hoy en la provincia de Arauco? La Tercera Domingo se adentró en el sector sur de la Región del Biobío, una de las llamadas “zonas rojas” del conflicto mapuche, para conocer la situación de los habitantes de esta área geográfica que limita con la comuna de Purén, en la Región de la Araucanía, y conocer de cerca cómo opera estas organizaciones.

En la Ruta P-60, que une las comunas de Cañete y Contulmo, aún descansa al costado del camino uno de los dos camiones que fueron quemados por desconocidos a fines de agosto. Los fierros calcinados se ubican a pocos metros de una de las tantas curvas y pendientes que tiene este camino asfaltado de dos vías. Por un lado de la ruta está el borde de los cerros, y, por el otro costado, un acantilado que da hacia el lago Lanalhue. “Cortas un árbol en la ruta y es un lugar perfecto para hacer emboscadas, los camiones no pueden escapar, porque hay subidas pronunciadas”, asegura uno de los habitantes del sector.

Esta zona forestal -donde los rayados y dibujos en muros exigen la liberación de presos políticos mapuches- conecta la Ruta P-60 con caminos interiores hacia los bosques de pinos y eucaliptos que explotan las empresas forestales. El sector, habitado por comunidades mapuches y no indígenas, es un paso obligado para camiones de carga que trabajan en las faenas de tala de los árboles, también llamadas “cosecha” por las empresas del rubro. Eso lo ha convertido en un “punto crítico” de ataques incendiarios, violencia rural y robo de madera y, a la vez, en un sector de interés para las fiscalizaciones de Carabineros, que hace casi un año cuenta con un equipo del OS-9 para investigar delitos de robo de madera.

La rentabilidad en torno a este negocio ilícito es alta y su ocurrencia, en 2019, creció en más de un 60%. A tal punto llegó su expansión que, según la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que agrupa a 180 actores del mundo forestal, este delito, cometido principalmente en las provincias de Arauco (Biobío) y Malleco (La Araucanía), “mueve entre 15 y 20 millones de dólares al año”.

Así, la tala de bosques de pino y eucaliptos, principales plantaciones del sector, generan un incentivo para estas bandas, ya que los costos de mantención y cuidado de los árboles -más de 20 años para los pinos y entre 12 y 14 años en el caso del eucalipto- los asumen las empresas que mantienen los predios hasta el momento de “cosecha”, tras lo cual estas organizaciones ingresan a los predios, “amenazan con armas a los trabajadores y luego inician las talas ilegales con sus propias máquinas. Eso puede durar hasta un mes”, asegura un ejecutivo de una empresa del rubro que pidió reserva de su identidad.

De acuerdo al mismo ejecutivo, en la zona, además, se ha detectado que bandas que cometen este delito intentan esconderse detrás del conflicto mapuche, arrojando panfletos y consignas, para entorpecer las investigaciones y vincularlas a la violencia rural.

Según la Subsecretaría del Interior, solo entre enero y agosto de este año la PDI y Carabineros han investigado 539 delitos de robo y hurto de madera, avaluada en $ 2.432.050.099, y han detenido a 171 personas.

Para el subsecretario de la cartera Juan Francisco Galli, existe una clara conexión entre los delitos de violencia rural, la quema de máquinas y el robo de madera. “El financiamiento de estos grupos se obtiene a consecuencia de la venta o receptación del robo de madera, probablemente financia los medios para cometer delitos violentos en la Macrozona Sur”, detalla la autoridad.

Para Galli, el narcotráfico es otra fuente de financiamiento de los grupos radicales, lo cual quedó en evidencia con el arresto de “Emilio Berkhoff, que no solo estaba involucrado en hechos de violencia en la Macrozona Sur, sino que también participó -habrá que determinar en qué rol- en un delito de narcotráfico. Nosotros creemos que algo similar ocurre con el robo de madera. Muchas personas que están involucradas en el robo de madera, y se ha comprobado en algunas detenciones, también han estado involucradas en delitos asociados a la violencia”.

El miércoles, tras visitar la comuna de Cañete, el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el subsecretario Galli se reunieron con un grupo de víctimas de violencia rural. Entre ellos estaban los hermanos Camilo y Juan Raiman.

El 28 de diciembre de 2019, la familia Raiman, de ascendencia mapuche, recibió la primera amenaza para abandonar “por las buenas o por las malas” el camping que administra frente al lago Lanalhue, en la comuna de Contulmo.

Ese día, un grupo de 30 personas de una comunidad mapuche armado con escopetas, hachas y chuecas, se acercaron para exigirle que entregue el recinto turístico. La negativa de la familia fue inmediata. Al igual que las consecuencias: “Al día siguiente, el 29 de diciembre, en la tarde llegaron cerca de 50 personas al camping. Estaba yo, mi hermano y mi tata, que tenía 69 años. Ellos se querían tomar el camping, querían destruirlo, quemar la casona. A mi hermano lo llevaron a otro lado y le empezaron a pegar con chuecas, le partieron el cráneo. A mi abuelo, Eleodoro Raiman, que quiso dialogar, le pegaron cuando nos defendió y peleó, pero le pegaron con un machete en la cabeza. Murió al poco rato”, recuerda Camilo, su nieto y dueño del recinto. Hoy, el lugar tiene una medida de protección ordenada por la fiscalía, donde personal de Fuerzas Especiales de Carabineros cumple tareas de resguardo.

Juan, su hermano, asegura que a causa de los golpes que sufrió “perdí la fuerza en el brazo izquierdo. Me partieron el cráneo y estuve siete días en la UCI en Concepción con riesgo vital”. Ambos hermanos aseguran que “las usurpaciones de terreno, el robo de madera y las quemas, está todo relacionado”. Es por eso que, en el caso de su abuelo, piden que los seis detenidos sean condenados para lograr justicia para su familia. Otros miembros de la comunidad que los atacó, dicen, hoy tienen vínculos con las talas ilegales de madera en el sector.

Para Solange Etchepare, vocera de la agrupación Paz y Diálogo en el Biobío, que agrupa a 136 víctimas de homicidios, quemas de viviendas, atentados armados, entre otros delitos, el crimen organizado cometido por grupos radicales busca distintos mecanismos para financiar sus operaciones y poder continuar con sus objetivos. “Siempre las organizaciones de corte terrorista o de corte de ultraviolencia, como no trabajan, tienen que estar financiados por alguien externo. Y esos financiamientos en este caso vienen de cosas tan simples como el robo de animales, saqueos de viviendas, hasta cosas mayores, como el robo de madera, que acá en la zona es una verdadera mafia”, asegura.

Según Etchepare, “está muy silenciado este tema acá, por la baja efectividad policial. Por mucha voluntad que tenga Carabineros, si no te dan los recursos para meterte en lugares como estos, donde, como dijo el ministro Víctor Pérez, no hay estado de derecho, no puedes pretender que un grupo de carabineros equipados con un par de vehículos se meta en una zona donde son baleados con armamento de grueso calibre. Hay que implementar una fórmula para atacar ese brazo”.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, que reúne a 156 empresarios que prestan servicios a forestales y emplea a más de 18 mil trabajadores, dice que “acá se ha desatado la violencia. No tiene control, no hay una contraparte del Estado que evite que ocurran estos delitos. Por eso se generó un ambiente propicio para que aumenten y se establezcan otros delitos, como el tráfico de droga, el abigeato, el tráfico de armas, el robo de madera en la zona”. Según cifras de la agrupación, solo este año se han incendiado en el Biobío 26 máquinas, principalmente en la zona de Cañete y Contulmo (15), y otras 25 en La Araucanía.

La soledad de los caminos, las distancias entre un punto y otro y la geografía de la zona son algunos de los puntos que Carabineros enfrenta a diario al intentar reaccionar a los delitos de violencia rural y robo de madera que se cometen en la provincia de Arauco.

Con 24 vehículos dañados por impactos de armamento de grueso calibre y ocho uniformados lesionados, el general Luis Humeres, jefe de la Octava Zona de Carabineros, asegura que en el área existen “muchos caminos forestales, mucho cerro, curvas, baja nubosidad. Entonces, las dificultades para llegar y poder manejar los sitios del suceso no son fáciles, son complejas”. El poder de fuego de las bandas es otro factor que preocupa a la policía. Por eso en la policía el uso de drones ha permitido detectar faenas ilegales y, posteriormente, detener a los integrantes de estas organizaciones.

Otra de las estrategias que la policía se encuentra implementando en el control de rutas a camiones es el uso de bases de datos interconectadas con el Servicio de Impuestos Internos -para determinar la veracidad de las guías de despacho- y con organismos como Conaf para determinar la explotación de los árboles en sitios autorizados para esta tarea. Según el general Humeres, la policía ha logrado retener 15 camiones cargados con madera y detener a 37 personas por delitos de hurto, robo y falsificación de las guías de despacho.

El incentivo detrás de este ilícito, además, va de la mano con el valor que tiene este producto en el mercado (en promedio, $ 1,6 millones por un camión con carga), el inicio de la temporada de tala y la alta demanda de la madera que existe en la zona, lo que, en muchos casos, incluso, permite que estas organizaciones clandestinas mezclen sus productos ilegales con madera lícita que finalmente llega a manos de grandes empresas forestales al esconder su origen clandestino.

Pese a los esfuerzos de la policía, tanto las empresas forestales como pequeños agricultores del Biobío y La Araucanía que esperan cosechar sus plantaciones, siguen viendo con preocupación la proliferación de bandas organizadas y armadas, que esperan el momento propicio para arrebatarles a punta de amenazas el trabajo que, en promedio, por 15 años esperaron para poder obtener beneficios.