Iván Poduje: “Las crisis han generado un deterioro institucional, físico y social que nos va a costar al menos 30 años en recuperar”

Son tres las crisis sucesivas que para el urbanista Iván Poduje han golpeado y moldeado la nueva realidad del país en los últimos cuatro años: el estallido social, la pandemia y una explosión descontrolada de la migración, las que hicieron que el Estado se replegara en buena parte del país.

Conjugando datos recopilados por Atisba, la oficina de urbanismo que dirige, y recorridos por diferentes barrios del país, Poduje asegura que la agudización de fenómenos como el comercio ambulante, el narcotráfico, el tráfico de terrenos usurpados y el terrorismo en la Macrozona Sur mantienen hoy a “Chile tomado” (Uqbar), como se titula su nuevo libro, lanzado el viernes pasado.

Al mismo tiempo, el arquitecto, quien asesoró al segundo gobierno de Sebastián Piñera en temas urbanos, critica tanto a la izquierda como a la derecha por “enamorarse” de la nueva Constitución. En sus palabras, las élites se han “autosegregado” y han perdido el contacto con la gente y sus necesidades más inmediatas, como la salud, la educación primaria y la vivienda.

Ud. plantea en el libro que el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 no fue lo que terminó con la violencia del estallido social. ¿Por qué cree que no fue así?

Toda la evidencia indica, considerando hechos gravísimos de violencia, que esto nunca paró con el acuerdo del 15 de noviembre. Y además de eso, tenemos un intento para destituir al Presidente de la República después del acuerdo, lo que hace para mí insólito que sus ministros, que estuvieron a punto de ser echados del gobierno, sigan defendiendo este acuerdo. Me refiero al exministro del Interior Gonzalo Blumel, en particular, quien saca un libro (La vuelta larga: Crónica personal de la crisis de octubre) en el que intenta justificar el acuerdo. Toda la evidencia indica que no fue así. La violencia se detiene con la pandemia. Si no hubiera llegado la pandemia, tengo casi la certeza que el gobierno del presidente Piñera hubiera caído. Porque estaban las fuerzas policiales fuertemente diezmadas, el país estaba agotado. Luego, además de las fuerzas que estaban en la calle, se suma la migración y se suma por el sur el incremento de la actividad terrorista.

¿Su visión personal del acuerdo cambió entre el 15 de noviembre y hoy? Porque es distinto evaluarlo luego de la fallida Convención y del actual proceso.

Siempre lo pensé, porque como tenía más o menos claro quiénes estaban destruyendo la ciudad, sabía que esas fuerzas no estaban controladas por las personas que estaban en el acuerdo. Primero, porque la mayoría de esas fuerzas no tenían control político, y las que lo tenían, dependían del Partido Comunista, que nunca estuvo en el acuerdo. Entonces el acuerdo no era real, no tenían cómo parar la violencia. Tampoco tenían control de Víctor Chanfreau y los estudiantes radicales que hicieron el boicot de la PSU y que también le hicieron funas a Boric. Entonces es totalmente iluso pensar que el acuerdo por la nueva Constitución iba a solucionar algo.

En las crisis sucesivas que relata, ¿qué crítica hace a la o las derechas? ¿Pudieron haber detectado o frenado alguno de esos fenómenos como la migración?

Por supuesto que la incubación de los problemas del estallido, incluidas estas fuerzas que toman control territorial, fuerzas criminales, fuerzas anarquistas, estudiantes radicales, tiene años madurándose. No puede ser achacado sólo al gobierno de Piñera ni al gobierno actual. El problema en el caso del gobierno de Piñera es su error de diagnóstico sobre cuáles eran las fuerzas que estaban operando en la calle y sus motivaciones. Desde la clase política ocurrió algo parecido, porque la izquierda idealizaba la revuelta popular y la derecha pensaba que esto era un ataque castro-chavista. Y no era ni lo uno ni lo otro. Además, plantea una solución que no iba a resolver el problema, que es el acuerdo por la nueva Constitución. Es una herramienta equivocada para resolver el problema que estaba reventando en ese momento.

Si no era la nueva Constitución la solución, ¿cuáles son esas otras necesidades de la gente que no están siendo abordadas por el mundo político?

Son problemas mucho más complejos que redactar una nueva Constitución. La autosegregación de los políticos se agudiza en estas crisis sucesivas y hace que ellos se desconecten de las necesidades de la gente y planteen soluciones que son adecuadas para ellos, que satisfacen sus aspiraciones. Pero no las necesidades y las aspiraciones que están teniendo los ciudadanos, como las listas de espera en salud, la mala calidad de los consultorios, el aumento de los delitos, el desborde migratorio, el terrorismo en el sur, las usurpaciones, etc. Cuando tú vas a Alto Hospicio y a Iquique, y hablas con la gente de la radio local, por ejemplo, te dicen que en Santiago están hablando en otra frecuencia. Yo creo que eso ya lo vimos en el plebiscito de salida donde ganó el Rechazo y lo vimos en la votación que obtuvo Republicanos. Pero aún así, pese a eso, como que no hay acuso de recibo, es muy sorprendente eso.

¿Qué de nuevo o distinto tiene la autosegregación de las élites tras el estallido social, con la desigualdad que históricamente se ha evidenciado en el país?

Todas las ciudades del mundo tienen un barrio privilegiado, que concentra todos los atributos. Es normal que las elites se autosegreguen, que escojan el mejor lugar para vivir. Pero Chile tiene dos problemas: el primero es que es un país muy centralizado. Y segundo, que tiene poca población. Entonces, a diferencia de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, todo el poder está en seis comunas de Santiago. De los medios, de las empresas, de la cultura y de la política. Y en esas seis comunas se crea un microclima que no tiene relación con los problemas que están reventando en el resto del país. El estallido nunca generó un daño en las seis comunas. En la pandemia, por supuesto que gente falleció, pero en una relación de uno a tres versus las comunas populares. En las seis comunas no se siente la migración como se siente en las comunas populares. No hay terrorismo, no ponen bombas ni matan a dirigentes vecinales como ocurre en el sur. No hay consultorios, ni jardines ni escuelas blindadas. Es demasiado distinta la realidad que se vive y creo que todo eso se agudiza con las crisis de las que hablo.

¿Cree que a poco de cumplirse tres años del estallido social las élites y los políticos aún no han salido de esa autosegregación?

Los únicos que salieron fueron los Republicanos y el Partido de la Gente. Pero el Partido de la Gente (PDG) se desarma y los Republicanos se compran la receta equivocada. Por razones distintas, ambos, que habían logrado abrir la mirada, se vuelven a centrar en los problemas de la elite. Republicanos tuvo una votación impresionante en la última elección porque se oponía a la herramienta Constitución y hoy día está a cargo del tema. Entonces es una locura. La Constitución genera en la élite un enamoramiento y estupidez impresionante.

¿Cómo se evidencia en la ciudad el repliegue del Estado que dice ha ocurrido desde el estallido social y que se habría agudizado con la pandemia y la crisis migratoria?

Aún hay sectores donde no hay policías. En las tomas de Alto Hospicio y de Arica no existe la policía. No hay jardines infantiles, y tenemos 500 mil personas viviendo así. En la Macrozona Sur no hay Estado de derecho, los colegios son quemados y a nadie le importa. En las comunas de la zona sur de Santiago, como Lo Espejo y La Granja, los colegios son unos verdaderos fuertes, están aislados del entorno. Y en la pandemia estaba todo eso cerrado. Eso fue muy fuerte. Cuando cierras los colegios, los jardines infantiles y la policía desaparece, te quedas con una ciudad donde se impone la ley del más fuerte. La gente zafa como puede y eso se instaló. Eso permitió que grupos más organizados, que entran producto de este knock out del Estado, empiecen a tomar control de zonas más estratégicas del país, que es lo que más preocupa.

En los últimos años ha analizado el resurgimiento de los campamentos. ¿Cuál es la real magnitud de ese problema hoy en Chile?

La población en campamentos se triplicó entre el 2018 y el 2022. Eso significa volver a las cifras de campamentos que teníamos en 1990, en tan sólo cuatro años. Nosotros tuvimos un campamento famoso en Santiago, que se llamaba la “Toma de Peñalolén”, tan famoso que se grabó una teleserie sobre él. Hoy tenemos 11 campamentos de ese tamaño. Tenemos ciudades de 20 mil o 40 mil habitantes donde antes no había nada: en Lampa, en Alto Hospicio, en Arica. Son verdaderas favelas con una estructura de organización, con iglesias, con centros comerciales. Eso antes no existía.

¿Cuánto de ese crecimiento explosivo de campamentos es por necesidad de vivienda y cuánto por el surgimiento de negocios en torno a las tomas de terrenos?

En Atisba calculamos que aproximadamente un 40% del crecimiento de los campamentos son producto de la venta o arriendo de tierra robada. De ese porcentaje, por supuesto que hay gente que paga por necesidad, especialmente migrantes, que le compran a las mafias. Pero también hay segundas viviendas. Eso lo hemos visto en San Antonio, en Viña del Mar, en La Ligua, el El Tabo, en Cartagena.

A propósito de la discusión por la Ley de Usurpaciones, algunos dirigentes del Frente Amplio han dicho que sorprenderse hoy o establecer mayores penas a las tomas de terreno sería desconocer que gran parte de Santiago se creó en base a tomas.

Me parece una estupidez, porque están comparando una ciudad de hace 50 años, que recibió una migración brutal desde el campo a la ciudad, en un país pobrísimo, y que nosotros, gracias a los esfuerzos que hicieron gobiernos democráticos, con políticas públicas, que por cierto tuvieron problemas, logramos evolucionar desde esa miseria que es vivir sin agua potable ni alcantarillado, a vivir con servicios básicos. Añorar esa miseria es una estupidez y es parte de la idealización de la pobreza que tiene el Frente Amplio, que por supuesto no les afecta a ellos.

¿Cuánto le tomará al país recuperarse de estas crisis sucesivas que lo han afectado?

Yo creo que la suma de las crisis ha generado un nivel de deterioro institucional, físico y social que nos va a costar al menos 30 años en recuperarse. Hago esa analogía pensando en cuánto nos va a costar recuperar los centros de Santiago y Valparaíso, si logramos recuperarlos. También es homologable a los 30 años que nos vamos a demorar en transformar los campamentos en barrios. Siempre y cuando tomemos las decisiones correctas, que no tienen nada que ver con la Constitución, o al menos ahora. Lo que hay que hacer acá es volver a desplegarse en aquellos sectores donde abandonaste a la gente. Recuperar presencia, servicios y el sentido de pertenencia a una misma nación.

¿Ve en el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno y que tiene como meta la construcción de 260 mil viviendas a marzo de 2026, algo de eso?

En la intención lo veo. Y de hecho, las críticas que han hecho mis colegas arquitectos, de que no está la ciudad presente, no tienen asidero respecto a la gravedad del problema que tenemos hoy en hacinamiento y vivienda. Lamentablemente, para el ministro Montes, el caso Convenios ha mandado todo eso al carajo. Y además, tenemos un problema que el ministro no ha logrado resolver, porque creo que no tiene la fuerza para resolverlo en este gobierno, que es el problema de la burocracia en los proyectos.

¿Cree viable llegar a la meta de viviendas planteada por el gobierno para 2026?

No es viable porque los pasos que se están tomando hoy día, y lo conozco porque ayudo a gente que lo sufre, son absolutamente imposibles para la meta de 260 mil viviendas a marzo del 2026. Si levantar los proyectos toma como mínimo cuatro años, es imposible. La pregunta es por qué no acelerar también esos plazos para tener consultorios, escuelas, comisarías y viviendas no es prioridad.