Me robaron mi 10%: La nueva estafa que aparece

La notificación por el traspaso exitoso del 10% de los fondos de pensión apareció en el sitio principal de su AFP la tarde del 3 de agosto pasado. Del otro lado de la pantalla, una mujer de 56 años, residente en la ciudad de Ovalle, ignoraba el mensaje y continuaba intentando realizar el trámite que, hasta hoy, han hecho más de ocho millones de personas. Algo pasaba que no podía. Con el correr de los minutos, la mujer comprendió lo que había ocurrido: había sido suplantada.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Ovalle se transformó en una de las primeras investigaciones penales que inició el Ministerio Público por una presunta usurpación de identidad para apoderarse de este ingreso surgido en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 y las altas cifras de desempleo. La causa, que mantiene la identidad de la víctima bajo resguardo, quedó en manos de Carlos Jiménez, fiscal jefe de esa zona, quien ha instruido distintas diligencias para dar con los responsables del hecho.

El trámite virtual para obtener el 10% de los fondos de jubilación comenzó el 30 de julio pasado y acumula más de 8,7 millones de requerimientos, que el 13 de agosto comenzaron a ser pagados a los afiliados. El alto flujo de información, sumado a la rapidez del trámite, dicen en la policía, fueron un incentivo para la proliferación de organizaciones criminales que han intentado distintos métodos y estrategias para apoderarse de estos dineros. El caso de la mujer de Ovalle sería uno de ellos. Pero no el último, aseguran en la fiscalía.

Es así como una de las primeras diligencias del equipo investigador fue recopilar antecedentes sobre la afiliación de la víctima a una AFP y, posteriormente, determinar el destino que tendrán los fondos presuntamente arrebatados. “Con eso podemos saber o investigar la forma en que se hizo ese retiro, ya sea con depósito o transferencia a alguna otra cuenta o con algún retiro de dinero en efectivo”, aseguró el fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez.

A más de 400 kilómetros de distancia de esa zona, en la comuna de Santiago, otro hecho similar ingresó al sistema de la Fiscalía Centro Norte. El 5 de agosto, un afectado denunció cómo su trámite para el retiro de los fondos había sido realizado previamente por un desconocido. A diferencia del caso de Ovalle, esta vez el victimario habría dejado su correo electrónico y el de la víctima para que ambos reciban de manera simultánea la notificación del traspaso de dinero y así no levantar sospechas. Esta causa sería una de las primeras de su tipo registradas en la Región Metropolitana, para la cual se derivaron los antecedentes a un equipo de fiscales especializados en delitos económicos, quienes ya solicitaron las primeras diligencias a la policía para identificar a los responsables.

Los intentos de engaño a través de correos electrónicos, mensajes de texto o estafas telefónicas han sido alertados en distintas redes sociales. Pese a tener evidencias de un delito frustrado, dicen en la policía, pocos de estos casos se transforman en denuncias formales que permitan al Ministerio Público ir detrás de los autores.

Pese a las advertencias y campañas realizadas por las administradoras de fondos de pensiones, los bancos y las autoridades de gobierno, los casos presuntamente consumados ya comenzaron a ingresar a los registros de la policía. Y aunque es una parte marginal de los ocho millones de afiliados, la preocupación de las autoridades radica en una potencial masificación de la estrategia de engaño.

Desde el gobierno se encargó al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática realizar informes y reportes al Ministerio del Interior sobre los ciberdelitos relacionados con el retiro del 10% de los fondos de pensión. A poco andar, este equipo detectó que entre el 11 de julio y el 5 de agosto se había realizado la “inscripción de 68 sitios relacionados al retiro del 10%. De estos, sólo dos fueron confirmados como sitios reales por las instituciones notificadas y 17 ya fueron alertados (a las policías y fiscalía)”, detalla el documento.

Para el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el inicio del proceso de retiro de fondos puso en evidencia una serie de “acciones de parte de ciberdelincuentes que pretenden apropiarse de esos recursos”. Por esta razón llamó a proteger los datos personales y evitar entregar información a desconocidos que pueda ser malutilizada con estos fines.

En Carabineros han seguido con atención las estrategias de delincuentes en redes sociales, mensajería y llamados telefónicos para apoderarse de estos recursos. “Esto está recién empezando”, asegura el coronel Juan González, jefe del Departamento OS-9 de Carabineros y quien tiene a su cargo investigaciones por este tipo de delitos.

Tipificado inicialmente como un delito de “estafa”, los equipos del OS-9 investigan estos ilícitos que, posteriormente, pueden ser recalificados por la fiscalía como usurpación de identidad o también englobarse dentro de un delito informático.

Según las cifras de la unidad policial, las denuncias han mostrado un incremento cercano al 10%, y solo en los primeros 15 días de agosto se han presentado casos por diferentes tipos de estafa vinculados al retiro de fondos de pensión. Y si bien, a juicio del coronel González, “hasta el momento no hemos tenido un aumento explosivo de casos, hay que recordar que recién comenzaron a hacer los depósitos del retiro del 10%. Hay bandas que saben que hay personas con dineros en sus cuentas y que van a gastarlo en algo, para eso estamos preparados”, enfatiza el oficial.

Las modalidades de engaño son variadas, aseguran en la policía uniformada. Por un lado, se encuentran los intentos de sustraer información privada de las víctimas que circula en redes sociales, como nombre, cédula de identidad o integrantes de su grupo familiar. Esta información, detalla el oficial, no solo podría usarse para intentar cometer un delito informático, sino que sirve “para sacar información y posteriormente cometer el delito de robo con intimidación cuando vayan a sacar el dinero”. Luego, dice, han detectado intentos de apoderarse del retiro de los fondos de los afectados a través de estafas telefónicas. Un delito, detallan en la policía, que se comete con frecuencia desde las cárceles.

De acuerdo con los registros de Gendarmería, en el mes de julio se efectuaron 441 incautaciones de teléfonos, mientras que en los primeros 12 días de agosto se han detectado 168 celulares desde el interior de recintos penitenciarios. Sobre este punto, desde Gendarmería advierten que desde el inicio de la pandemia “se han incrementado los procedimientos de registros y allanamientos. Solo entre mayo y julio de este año se han realizado 2.426 procedimientos a nivel nacional, teniendo como resultados la incautación de elementos prohibidos por la administración penitenciaria, destacando el hallazgo de 963 celulares”.

Desde la policía y el gobierno saben que pese a los esfuerzos que se realicen para identificar a los grupos detrás de las estafas, poco se puede hacer si son las propias víctimas quienes difunden su información personal o incumplen las medidas de seguridad mínimas, como no abrir enlaces sospechosos o entregar sus claves a terceros. Mientras esto siga ocurriendo, aseguran, las bandas seguirán financiándose con los recursos de personas que cotizaron durante años y que hoy ven en este retiro de fondos una alternativa para sortear una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el país.