Meses en el banquillo: el complejo futuro judicial de Cristina K

A todas luces, fue una semana compleja para el peronismo: entre los alegatos del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner, y la furiosa respuesta de la vicepresidenta, que acusaba un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, llegó a haber espacio para una declaración desafortunada del Presidente Alberto Fernández, comparando a Luciani con el fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman.

Pero esta semana no sería la única, ya que todo el semestre se viene complejo para Kirchner: desde su gestión como Presidenta de Argentina (2007-2015) hasta el día de hoy, se han abierto 12 causas judiciales en su contra, y si la mayoría de estas fueron sobreseídas, precisamente ahora se abren al menos dos más. Y, como no todos los sobreseimientos están confirmados por la Corte Suprema, es posible que algunos de estos procesos pasen a la etapa de juicio oral.

Irregularidades en Santa Cruz

Los alegatos por la Causa Vialidad empezaron a principios de agosto: a razón de tres audiencias por semana, el fiscal Diego Luciani y su ayudante, el fiscal Sergio Mola, estuvieron explicando con detalles lo que consideran “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”. Según el relato que les plantean a los jueces, Cristina Fernández y Néstor Kirchner habrían mantenido una estructura delictiva, cuyo fin era otorgarle directamente las licitaciones por obras públicas a un conocido de la pareja, el empresario Lázaro Báez.

Una estructura con ministros y subsecretarios en su pirámide habría operado en la provincia de Santa Cruz, donde Austral Construcciones, la empresa de Báez, se adjudicó 51 obras viales: el 78% de las licitaciones otorgadas durante los gobiernos Kirchner-Fernández, entre 2003 y 2015. Para peor, solo tres de estas obras fueron terminadas a tiempo, mientras que 24 fueron abandonadas.

En la estimación del fiscal Mola, Cristina Kirchner y sus allegados habrían defraudado al fisco argentino con 5.321 millones de pesos argentinos (equivalentes a US$ 926 millones de la época). Por esto mismo, este lunes el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para la expresidenta, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo los cargos de asociación ilícita y fraude al fisco.

A pesar de la solicitud del fiscal, el historiador y politólogo de la Universidad de Buenos Aires Fernando Pedrosa duda que CFK caiga tras las rejas en el mediano plazo. “La posibilidad de que Cristina vaya presa es más cercana a cero que nada. Con respecto a las causas que tiene por abrir, creo que ahí hay otro problema que sí le preocupa, que son las causas que pueden ir a juicio. Lo que ella intentó es que, con todas las causas que tiene, que no lleguen a juicio, y lo fue logrando con métodos que incluso no eran legales, con condiciones controvertidas de jueces afines a ella”, apuntó el académico.

Posterior a la solicitud de condena hecha por el fiscal Luciani, este martes al mediodía Cristina Kirchner protagonizó una alocución en vivo, por las redes sociales, desde su despacho en el Senado. En una hora y media de transmisión, la vicepresidenta mostró conversaciones por SMS y WhatsApp, acusó al sistema judicial y defendió su inocencia en la Causa Vialidad.

Al igual que en ocasiones anteriores, habló de una persecución política a través de la justicia. “Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Porque, en el curso de ese año y en todo el proceso de lo que fue el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial”, señaló la exmandataria argentina.

“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo. Es un juicio a los gobiernos populares y los que peleamos por la memoria, la verdad, el salario y también la obra pública, que fue una formidable gestión de gobierno desde Ushuaia a La Quiaca”, señaló la actual vicepresidenta, terminando su alocución con una frase para los seguidores: “No vienen por mí, vienen por ustedes”.

Según Pedrosa, la alocución del martes fue particularmente descontrolada, comparada con otros discursos de Kirchner. “Se vio una Cristina diferente, desordenada, sacada fuera de control, gritando, dejando un montón de puntas legales confusas. No respondió ninguna acusación y acusó a otros, acusó hasta a su propio marido. Ella siempre maneja muy bien la comunicación, siempre fue una marca de su gestión política. Pero esta vez no: fue un discurso a los gritos, larguísimo, imposible de seguir, improductivo, porque sus seguidores tampoco lo necesitaban, y la audiencia imparcial no va a comerse a las 12 del mediodía un discurso de media hora a los gritos”, opina el politólogo.

Pero mientras hoy los focos están sobre la Causa Vialidad, otros frentes se abren en los expedientes de Kirchner. En septiembre empieza la audiencia por el caso “Pacto con Irán”, donde se apelará el sobreseimiento que se le dio en octubre de 2021: de aceptarse, podría abrirse otro juicio oral en contra de la vicepresidenta.

El origen de este caso fue un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán, firmado en 2013, en miras a facilitar la investigación del atentado a la Asociación Mutua Israelita de Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas. Lo que se indaga es que, más que una investigación contra acusados iraníes, el pacto habría sido una maniobra para encubrir a funcionarios del régimen de Teherán.

Algo similar ocurrirá el 10 de noviembre, en la misma Cámara de Casación, con la causa Los Sauces-Hotesur, donde se revisará el sobreseimiento que se otorgó a Cristina Kirchner y a sus hijos en 2021. En este caso, las acusaciones son por lavado de dinero, que habría venido del empresario Lázaro Báez, en compensación por los negocios que el Estado le facilitó en el caso anterior, Vialidad.

Julio Burdman, académico de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en Ciencias Políticas del SciencesPo, señala al respecto: “Las causas más complicadas para Cristina son las que involucran –y son menores– a los hoteles que ella es dueña, porque ahí habría una responsabilidad más directa, siendo la dueña de hoteles en los que habría habido algunas irregularidades menores, pero subjetivas sobre contratación de habitaciones por parte de empresas y etc. Son pequeñas causas, porque los fondos dinerarios son bajos, pero tiene más responsabilidad”, compara el politólogo.

Otro frente abierto es el de los “Cuadernos de las Coimas”, que debería fijar fecha pronto para el juicio oral. El caso lleva ese nombre por haberse originado en los cuadernos de un chofer del Ministerio de Planificación, en los que se fue anotando una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en los de Cristina Fernández. Elevado a juicio oral hace ya tres años, el Tribunal Oral Federal 7 ya firmó el decreto para que se presenten las pruebas complementarias y los testigos que se incluirán en las audiencias, siendo estos trámites la instancia previa a fijar las fechas del debate oral.

“Tanto la causa de Vialidad como la causa de los cuadernos van a juicio, y eso a Cristina la pone loca, porque el juicio es público. Está el fiscal desde hace 15 días hablando, con harta audiencia, se discute en los medios, y ella está preocupada también, en términos legales, por ella y su familia, pero en términos políticos, por su prestigio y su legado histórico. Entonces me parece que le afecta, tanto en lo concreto como en lo simbólico”, comenta Pedrosa.

Por su parte, Burdman señala que sin necesariamente tratarse de Lawfare (o guerra judicial contra CFK), sí hay un elemento político preponderante en todas las causas de Kirchner: “Para empezar, las denuncias son hechas por políticos. Estas causas que ahora están en tratamiento son denuncias impulsadas por Elisa Carrió, la fundadora de Juntos por el Cambio y, si bien ahora no es diputada, sí fue diputada por todo ese tiempo, y siendo diputada promovió la denuncia. También la causa Hotesur fue iniciada por una denuncia penal de una dirigente política, Margarita Stolbizer, por lo tanto, todos estos temas están politizados desde el vamos. Y creo también que la preocupación de la fiscalía por encontrar responsabilidades políticas en el caso, en vez de sancionar a los protagonistas directos de los supuestos sobornos, también indica niveles de politización”.

A pesar de las condenas pretendidas y una posible inhabilitación, todos coinciden en que los plazos judiciales en Argentina permitirían que Cristina Kirchner participara en las elecciones generales de 2023. Aun si llega a ser condenada por la Causa Vialidad, lo que se sabrá a finales de año, la vicepresidenta no tendría inconvenientes para ser candidata, ya que la sentencia no quedaría “firme”: para que esto suceda, tiene que ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, ya que se espera que se apele en todas las instancias posibles.

Ahora, tanto como presidenta o senadora, un cargo de elección popular le asegura a Kirchner fueros e inmunidad de arresto. Además, en febrero del próximo cumplirá 70 años, por lo cual se prevé que pida el beneficio del arresto domiciliario, si su eventual condena llegase a quedar “firme”.

“Cristina es una tiempista, maneja bien los tiempos. Si bien ahora está un poco fuera de control, siempre fue una tiempista, y yo creo que, así como ahora el Presidente Alberto Fernández quedó fuera de cancha, ella va a esperar a que Sergio Massa haga el trabajo sucio y quede fuera. Así que yo creo que ella es candidata: hasta que la realidad le diga que no es, lo es”, comenta Pedrosa.

Para Burdman, en tanto, lo más grave sería una inhabilitación a ejercer cargos públicos, ya que podría traer problemas por parte de los seguidores de Cristina. “Me preocupa que esto obtenga una respuesta muy fuerte por parte del peronismo, como diciendo que hay una proscripción, y que se ponga en riesgo el mecanismo electoral. Si la principal fuerza política denuncia proscripción, claramente se complica todo el panorama de las elecciones”, advierte el académico.