Pablo Ruiz-Tagle: “El caso Audio es un escándalo que rompe criterios, prácticas y principios morales que es necesario reparar”

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, asegura que está trabajando “de sol a sol” para “recuperar el prestigio y construir una profesión legal moderna”. Lo dice desde su oficina en Pío Nono, horas antes de participar de un seminario para debatir sobre las normas éticas y profesionales de la abogacía.

Ruiz-Tagle reflexiona, a un año del estallido del caso Audio, sobre las consecuencias que ha dejado en la profesión de abogado. En esta entrevista aborda la gravedad del caso, el rol del Ministerio Público e incluso se refiere a la polémica actuación que ha tenido el abogado Juan Pablo Hermosilla -quien es su amigo- para defender a su hermano, Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva. El académico, experto en derecho constitucional, además aborda otra de las aristas: el proyecto del gobierno para reformar el sistema de nombramientos judiciales.

A un año de que se conociera el famoso audio, ¿qué es lo más grave de este caso?

Lo más grave, y eso quizás tiene que ver con la función que cumplo como decano, es el desánimo y la desilusión que se produce en la juventud, en la población en general, que pierde la confianza en la justicia. La justicia es una cuestión muy importante y muy delicada. Una vez que se pierde la confianza en la justicia, básicamente lo que nos queda como alternativa es la barbarie.

¿Cuál es la magnitud de esa pérdida de confianza?

Esto es profundo, esto es serio. El caso Audio ha sido un verdadero escándalo, que rompe criterios, prácticas y principios morales que es necesario reparar. Los abogados ejercemos tareas muy delicadas y por eso se nos da ese poder. Una vez que se rompe, cuando esa función que cumplimos se desprestigia completamente es algo muy serio para la sociedad.

Después de que la Fiscalía incautó el celular de Luis Hermosilla ha habido un debate sobre el uso que se ha hecho sobre esas conversaciones. ¿Comparte la preocupación sobre los límites o no límites que ha tenido la Fiscalía?

Absolutamente, eso es una cuestión que está sometida al conocimiento de los tribunales, creo que hay una querella, porque no puede darse a conocer esta información a terceros. La puede conocer el Ministerio Público para los efectos de la investigación, pero entiendo que se ha producido esto de las filtraciones parciales, lo que, a su vez, ha derivado en una situación muy difícil de manejar desde el punto de vista de la defensa profesional. Sobre las filtraciones tiene que haber un esfuerzo serio para que no se produzcan, porque son formas de distorsionar la administración de justicia.

¿El Ministerio Público ha abusado en sus facultades para revisar el material incautado? Hay quienes reprochan que se hurgue en el celular buscando más delitos.

Eso es contrario al debido proceso, a las atribuciones de la Fiscalía, pues la Fiscalía tiene la autorización constitucional para investigar la comisión de un delito en particular, pero no para investigar los delitos que se le ocurra que pueden haber existido. Ahí hay un mandato constitucional y se les exige el principio de objetividad.

¿Qué le pareció la conferencia de prensa y el listado de fiscales y jueces que entregó el defensor Juan Pablo Hermosilla?

Yo tengo amistad con Juan Pablo Hermosilla. Creo que la defensa que ha hecho en estrados es un trabajo profesional muy bien hecho. El aspecto mediático en el cual se ha visto envuelto es algo mucho más difícil de entender. Quizá un caso como este no tiene precedentes. Desde ese punto de vista, yo no conozco otro caso en que un abogado haya tenido que revisar mil documentos que son transcripciones de conversaciones de WhatsApp. Para entregar una información como la que me comenta, en cierto modo llegó a eso por las situaciones que se produjeron antes en la prensa. Personalmente, entiendo que lo haya hecho, me cuesta más validarlo como una estrategia, yo soy más bien de la escuela antigua.

¿Fue una extorsión?

No, yo no estoy de acuerdo con eso. Puede ser una acción mediática, demasiado mediática para mi gusto, pero no veo un elemento de extorsión.

¿Le parece ético esto que algunos llaman litigar por la prensa?

No me gusta, pero tengo que reconocer que es una realidad. Y está aceptado en el Código de Ética cuando se trata de aclarar algo que está mal entendido, cuando se trata de entregar información sobre el proceso que es difícil de acceder. Entonces hay razones mediante las cuales los abogados pueden recurrir a los medios de comunicación.

¿Este tipo de actos mediáticos abren la puerta a trasladar la litigación de los tribunales a los medios?

Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese juicio que usted hace. Juan Pablo Hermosilla hizo una defensa en estrados. Lo hizo en el caso de los delitos tributarios, en el caso de sobornos, en todas las imputaciones de su hermano. Además, presentó una acción de protección. También presentó una querella por las filtraciones. Él ha usado la vía institucional para despejar estas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con el componente comunicacional gigantesco que ha tenido este caso escandaloso? Lo hizo a su estilo, con la conferencia de prensa. Todos nos podemos equivocar o acertar. Hay que ver esto con calma, lo decidirá el tiempo. Yo creo que no hay en la acción que él ha tomado en la parte comunicacional, o que yo conozca al menos, algún estándar ético vulnerado. Pero ojo, en este caso en particular, era tan grande el cúmulo de opiniones y de atención comunicacional que había surgido por las filtraciones, que de alguna manera es razonable pensar que había que hacerse cargo. La otra opción es decir no, no hay que decir nada. Ese quizá habría sido mi estilo, pero yo entiendo que en esto del ejercicio de la profesión hay estilos diferentes.

El caso Audio volvió a cuestionar el sistema de nombramiento de jueces y fiscales. ¿Por qué cree que se llegó a este punto de aceptar como necesario el uso de las influencias?

Esto es complicado, porque tiene que ver con una cultura institucional que va más allá del Poder Judicial. Una cultura que es criticable, en la que para acceder a los cargos no se recurre a concursos de mérito, sino a veces a conocimientos, a la amistocracia. Aquí en nuestra universidad los profesores que hacemos clases hemos ingresado por concursos de oposición y antecedentes. Un sistema semejante debería existir no sólo para entrar al Poder Judicial, que ya es así, porque la Academia Judicial hace un proceso riguroso, sino que para acceder a los cargos superiores.

¿Comparte con quienes dicen que lo que se ha visto no es tan escandaloso, porque así estaba pensado el sistema?

No, a ver, el sistema de los nombramientos en un régimen presidencial tiene su origen en los escritos de los padres fundadores norteamericanos, concretamente en los escritos de El Federalista. Ahí hay pistas de cómo organizar una burocracia judicial en una democracia presidencialista. En ese diseño se le entrega en particular, respecto de los tribunales superiores, como la Corte Suprema, un rol muy importante al Senado. El Senado puede ser criticado, siempre hay formas para mejorar lo que hace un cuerpo colegiado, pero es la menos mala de las soluciones.

¿Le gusta el sistema actual?

Al mirar otros ejemplos cabe preguntarse qué es lo que no se ha hecho. No se ha hecho lo que se hace en EE.UU., que se le da tiempo al Senado para que estudie en profundidad a los candidatos y se hace con más transparencia. El nombramiento de un juez, de un ministro de la Corte Suprema, tiene que hacerse con criterios de transparencia y se deben conocer públicamente mediante un intercambio de preguntas como ya lo hace la Corte Suprema en los exámenes para elegir a los candidatos.

Pero eso lo hace la Comisión de Constitución.

Eso todavía no es suficientemente intenso, es desconocido, no mucha gente ve el canal del Senado, se debería anunciar más. En ese aspecto, yo recojo la propuesta del Ejecutivo de tener un organismo encargado de recabar los antecedentes, analizarlos y emitir un informe que les sirva a los senadores sobre cuál es la línea jurisprudencial o qué teoría del derecho tiene el candidato. He visto muchas audiencias de nominación de los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. y hay una profundidad en la información mucho mayor. En la Alta Dirección Pública está esa experiencia, está, en parte, presente también la capacidad de hacer preguntas de contenido en la Academia Judicial, las facultades de Derecho podríamos colaborar y se podría preparar una audiencia de lujo de los próximos candidatos a la Corte Suprema. Lo que yo no estaría dispuesto es a retirarle esa atribución al Senado, porque es al final el que los destituye.

¿El sistema de nombramientos en su estado actual está agotado?

No, pero hay que perfeccionarlo. Hay cuestiones como esa que he mencionado, de hacer más públicas las audiencias, hay un problema del control ético dentro del Poder Judicial. En el proyecto del gobierno se propone que sea el fiscal judicial el que realice estas tareas, pero nada se dice sobre el tribunal donde deberían conocerse las cuestiones o reclamaciones éticas contra las acusaciones de la Fiscalía. Sería bueno que fuese un tribunal independiente.

Usted comentó la idea del gobierno de crear un Consejo de Nombramientos. ¿Es una buena idea?

No estoy muy convencido de ese modelo. Sería bueno que exista asesoría. En lo que respecta a la Corte Suprema, sería bueno que hubiese una entidad, yo estoy sugiriendo que sea en parte la Academia Judicial, en parte un ente del tipo Alta Dirección Pública, que sea capaz de mirar la trayectoria de los candidatos y pueda presentarle un informe a requerimiento de la Corte Suprema para formar la quina o la terna, en el caso de los ministros, o el nombramiento directo, y que nombren el Presidente de la República y el Senado.

¿Por qué prefiere eso en vez de un consejo?

Porque el consejo también tendríamos que ponerlo en la lista de los acusados constitucionalmente. ¿Por qué siendo un consejo no se van a producir esas distorsiones que podemos encontrar en la relación del Ejecutivo con estos nombramientos o eventualmente en el Senado? No veo la razón.

Pareciera ser que todo apunta a crear un consejo. Así lo pensó el exministro Cumplido en 1991, lo hicieron la Convención, el Presidente Piñera, la Comisión Experta y el Consejo Constitucional.

Por lo menos en dos casos de los que ha nombrado ha habido un rechazo de la ciudadanía. En el resto, han llegado a tramitarse y no han prosperado. ¿Por qué será? Es complicado hacer modificaciones en la lógica de los consejos sin afectar de una manera muy complicada lo que es la distribución del poder en un régimen presidencial. No veo por qué, si se llama consejo, van a desaparecer todos los problemas que le podemos atribuir hoy al Senado, o al Presidente, o a la Corte Suprema. La diferencia está que en el caso del Presidente lo cambiamos cada cuatro años, en el caso del Senado, hay renovaciones parciales, pero están sujetos a responsabilidad política, y en el caso de la Corte Suprema es lo mismo. Son poderes que responden y eso para mí es muy importante en este proceso.

¿Está en desacuerdo con el consejo por las consecuencias que tiene en la distribución del poder?

Absolutamente, lo que se llama check and balances, los frenos y contrapesos. Este proyecto propone una reforma constitucional para instalar este consejo, pero una de las características de la Constitución es que tenemos tres poderes clásicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Después tenemos Banco Central, Contraloría, Tricel, TC. Todos estos poderes son autónomos. Crearíamos otro poder autónomo y estos tienen la dificultad que generalmente sustraen poder a los poderes clásicos y muchas veces tienen niveles de responsabilidad menor o atenuado.

¿Se generaría un desequilibrio?

Absolutamente, sobre todo porque la Corte Suprema no es una corte de casación. La Corte Suprema hoy tiene poder constitucional, tiene seis o siete acciones constitucionales que las conoce independiente del TC y ese poder constitucional es político. Esta idea de separar lo jurisdiccional de lo administrativo, a mi juicio, es una quimera, porque la Corte Suprema ejerce poder dentro de su organización judicial y hacia los lados, porque es un poder, por eso la Constitución lo nombra como Poder Judicial. La Corte Suprema es parte del Estado, esa separación es muy difícil de hacer.

¿Es partidario de dejar el sistema como está y solo ajustarlo en los detalles?

No tengo problemas en eso. No es necesario para que superemos los graves problemas que tenemos hacer una reforma constitucional. Podríamos organizar este consejo que asesora a la Corte Suprema y este grupo de varias instituciones que podría asesorar al Senado en la selección de los candidatos, incluida la Alta Dirección Pública, sin necesidad de cambiar la Constitución ni la distribución de poderes.