Zhou Xiaoxuan: La derrota judicial del rostro del MeToo en China

En 2014, Zhou Xiaoxuan tenía 21 años y se estaba desempeñando como becaria para abrirse camino en la Televisión Central de China (CCTV). Su carrera laboral se vio empañada en 2018, cuando denunció por acoso sexual a su jefe, uno de los conductores más populares del país, Zhu Jun, en ese entonces de 54 años. El caso desató una batalla legal y tomó fuerza debido al crecimiento del movimiento MeToo en el mundo. Sin embargo, en un revés judicial, el Tribunal Popular del distrito de Haidian, en Beijing, rechazó hace unos días la demanda por “pruebas insuficientes”, lo que reavivó el debate por una mayor protección a las víctimas de violencia de género.

“He agotado todos mis esfuerzos. Siento no haber podido ofrecer un resultado mejor a todo el mundo. Le dije a la corte que este incidente sucedió cuando tenía 21 años, y ahora tengo 28. En los últimos tres años, debido a este caso legal, no pude realizar otro trabajo. No puedo seguir así otros tres años”, aseguró Zhou el 15 de septiembre en las afueras de los tribunales, donde lamentó entre lágrimas el “trato injusto” que recibió por parte de la justicia.

La querella interpuesta por la joven apodada Xianzi detalla que el episodio de abuso se llevó a cabo cuando la trabajadora debió ir hasta el camarín del presentador de televisión para entregarle una canasta de fruta. En ese momento su superior comenzó a manosearla y a besarla a la fuerza. Desamparada y sola en su cruzada por justicia, Zhou dio a conocer por primera vez las acusaciones con una publicación de 3.000 palabras en redes sociales, que terminó por destapar cientos de casos de mujeres y niñas que habían pasado por situaciones similares.

Gracias al apoyo en internet, volvió a relatar su experiencia entregando nuevos detalles, como que el ataque duró 50 minutos y que la dejó petrificada. Solo pudo escapar del lugar cuando el conductor se distrajo. “Tenía miedo de que ofender a Zhu Jun afectara mis estudios, así que no me atreví a contraatacar o detenerlo”, señaló Zhou en 2014.

El temor de la becaria escaló debido a que el conductor es el anfitrión de la gala anual del Año Nuevo Lunar de China, el programa de televisión realizado desde 1997 y visto por más de 700 millones de personas. Además, es exmiembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un organismo asesor político del gobierno.

Entre las pruebas incluidas por la denunciante en la querella aparece una grabación del presunto lugar del acoso, testimonios de una psicóloga especialista en violencia de género y una entrevista con los padres de la joven, los que no fueron aceptados por la justicia. Por esto, la compensación solicitada por el equipo legal, que exigía una disculpa pública y una suma de US$ 7.500 por daños quedará en vilo.

El fallo de la corte se dio en una segunda instancia, después que en la sesión de diciembre, que se extendió por 10 horas, cientos de mujeres y organizaciones feministas llegaron a acompañar a Zhou, motivo por el que los jueces aplazaron la decisión para mayo, la que luego fue nuevamente reagendada para septiembre. Tras el veredicto, el caso quedará archivado y no llegará al juzgado, debido a que el sistema de derecho civil de China establece que solo pasan a la siguiente etapa cuando los alegatos tienen un “alto grado de probabilidad” de ser confirmados.

Zhou llegó esperanzada a la corte después de una sentencia histórica que se dio en marzo pasado, cuando un tribunal de Shanghai falló a favor de una mujer que denunció que un colega le envío mensajes de texto “perturbadores” a diario por seis meses y lo obligó a pagar US$ 15 mil.

La última esperanza para Zhou será presentar una apelación. No obstante, la denuncia desencadenó un sismo en la industria del entretenimiento y en el campo legal, debido a que los abogados de la exbecaria no lograron interponer la denuncia por acoso sexual, ya que esta figura no estaba tipificada. Por ello, debieron acusar una violación a los derechos laborales y de la personalidad, que en la legislación china incluye transgresiones a la “integridad física y salud”.

Ante la serie de dificultades que enfrentan las víctimas a la hora de denunciar y que reflotaron con la acusación de Zhou Xiaoxuan, el Tribunal Supremo de China incluyó como causas el abuso sexual y desde el año 2020 está integrado en el Código Civil. Sin embargo, aún así el juzgado rechazó revisar el caso bajo la nueva legislación, incluso cuando la primera disposición en una ley nacional que prohíbe el acoso sexual se estableció en 2005.

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y publicado por la revista The Diplomat, reveló la cruda realidad que enfrentan las sobrevivientes de abuso sexual. Entre 2018 y 2020, los tribunales chinos evaluaron 83 casos relacionados a acoso, de ellos, sólo seis, o sea un 7%, eran denuncias presentadas por las víctimas contra los acosadores y los 77 restantes -el 93%- respondían a querellas de los acusados contra los lugares de trabajo, acusando difamación. Justamente, el conductor denunciado, Zhu Jun, desmiente los cargos y abrió una denuncia por daño de su reputación y bienestar mental, que podrían terminar por condenar a la denunciante.

Según The Diplomat, los obstáculos judiciales, culturales y sociales explican que los tribunales aseguren que solo encontraron que el acoso sexual ocurrió en 37 de los 83 casos: en seis de los 23 por difamación, en 26 de 54 disputas laborales y en cinco de seis por acoso sexual. Los sobrevivientes tienen más posibilidades de llegar a la corte si presentan algún tipo de grabación, como videos del incidente o capturas de pantalla de mensajes de acoso.

A esto se suma un informe de la organización de defensa de derechos femeninos, Beijing Yuanzhong Gender Development Center, que encontró tan solo dos sentencias judiciales de sobrevivientes a acosadores, entre 2010 y 2017, y ambos fueron perdidos en la corte.

Según el diario español El País, el MeToo volvió a remecer a China desde agosto, cuando un alto funcionario del conglomerado Alibaba fue detenido por una investigación de acoso a una trabajadora perpetrado durante un viaje de negocios. Finalmente, quedó en libertad por “falta de pruebas” y se determinó que “no se cometió delito”. Además, el mes pasado, Kris Wu, un rapero y actor chino-canadiense, fue arrestado tras sucesivas denuncias de violación en las redes sociales.

Aún así, las organizaciones feministas chinas enfrentan una serie de dificultades. La persecución a las activistas ha ido en aumento, por lo que varias han huido de China. El gobierno del Presidente Xi Jinping ha censurado o bloqueado contenido, así como cuentas de las redes sociales. Incluso, el perfil de Zhou está suspendido desde julio y por un año por violar la normativa de Weibo, el denominado Twitter de China.

Además, los ojos se han puesto sobre las empresas que por ley -el Artículo 1.010 del Código Civil- deben “tomar precauciones razonables, aceptarán y escucharán las quejas, investigarán y manejarán los casos y tomarán otras medidas similares para prevenir y detener el acoso sexual”. De acuerdo con el diario The Washington Post, Alibaba anunció que impulsarán la “formación de una política contra el abuso laboral” y un “canal de información” para el seguimiento. Otras empresas, como iQiYi, Sina Weibo y Trip.com, seguirán sus pasos, por lo que consultores especialistas han recibido una avalancha de llamadas para solicitar asesoramiento.

No obstante, muchos siguen prefiriendo evitar un escándalo que afecte su reputación, especialmente porque la legislación no especifica multas o castigos en el caso del incumplimiento de las empresas. Peor aún, en el caso de remoción de acusados de abuso, estos pueden denunciar por “despido ilegal” y los empleadores deberán convencer a los jueces de las imputaciones. Un precedente se marcó en 2018, cuando una compañía entregó una serie de mensajes que un jefe envió a su subordinada exigiendo que tuviera relaciones sexuales con los clientes. Aun con el alto calibre de las acusaciones, el tribunal dictó que “el lenguaje era ciertamente inapropiado, pero no alcanzó el nivel de acoso sexual”, por lo que ordenó a la empresa a pagar una compensación de US$ 57 mil por “rescindir ilegalmente del contrato laboral”.