“A 9 meses del megaincendio, Ripamonti sigue sin rendir cuentas”: querellante por las víctimas acusa a Fiscalía de no requerir testimonio de alcaldesa

Casi nueve meses han pasado desde que la tarde de 2 de febrero pasado un megaincendio en cuatro comunas de la Región de Valparaíso generó la muerte de 137 personas y más de 10 mil damnificados. En este tiempo la Fiscalía ha logrado la detención de los tres presuntos autores de la emergencia, la que tardó días en lograr ser controlada.

Pese a los avances en materia penal, para el abogado que representa a más de 50 familias de víctimas de la emergencia la indagatoria de la Fiscalía Regional de Valparaíso aún no ha avanzado en la arista respecto a la responsabilidad de las autoridades. Felipe Olea, querellante en el caso, afirma que esto debería ser un imperativo para el Ministerio Público considerando el tiempo que ha pasado, algo que están solicitando.

El abogado explica que desde marzo pasado ya han ingresado tres querellas por la presunta responsabilidad de diferentes autoridades en la emergencia, apuntando directamente a posibles hechos de negligencia de parte de estos. Olea explica a La Tercera que en los próximos días ingresarán una nueva acción judicial, ya que con el tiempo se han sumado más familias en la búsqueda de responsables.

A su juicio, “lo más alarmante es el esfuerzo de las autoridades por invisibilizar el impacto de la tragedia, demostrando no solo negligencia antes y durante el siniestro, sino también después, al intentar minimizar el estrés postraumático de los afectados”.

Si bien Olea reconoce que se ha avanzado en la investigación de los responsables directos de provocar la emergencia, afirma que “a nueve meses de la tragedia, figuras clave como la alcaldesa Macarena Ripamonti siguen sin rendir cuentas por la ausencia de planes de prevención y la desastrosa gestión el día del incendio”.

Por lo mismo, como querellantes también han solicitado diligencias en la investigación, incluyendo la toma de declaraciones de altos cargos, como es el caso de la ministra del Interior, Carolina Tohá; de la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, y del exdirector de Conaf Christian Little, precisamente para ser consultados por una “falta de acción ante la emergencia”.

“Es imperativo que estas autoridades sean investigadas antes de que el tiempo político proteja sus omisiones”, sostiene Olea. El abogado agrega que “no se puede permitir que, en un país donde 137 personas han muerto, ninguna autoridad haya sido llamada a rendir cuentas por las negligencias que convirtieron un desastre en una tragedia de proporciones impensables”.

En esa línea, el abogado también plantea que la Fiscalía debería abrirse a la posibilidad de que exista un cambio de fiscal en la investigación. Y es que a pesar de que reconoce el trabajo realizado hasta ahora por el persecutor Osvaldo Ossandón, especialista en las investigaciones de incendios, destaca que también se requiere de alguien con la experiencia suficiente para “escrutar la responsabilidad” de las autoridades involucradas en esa nueva arista.

En paralelo a la búsqueda de responsabilidad en las autoridades, un grupo de familias de las personas fallecidas en el megaincendio de comienzos de año también inició las diligencias para exigir indemnizaciones. Así, a través del mismo profesional, ingresaron ante el Juzgado Civil de Valparaíso una solicitud de “medidas prejudiciales”, en representación de 89 personas y en contra del Fisco.

“La acción que se pretende ejercer corresponde a la de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual dirigida en contra de los futuros demandados, ya individualizados, por los daños y perjuicios ocasionados a nuestros representados a consecuencia del fallecimiento de un pariente directo”, sostiene el requerimiento.

En concreto, la medida prejudicial busca que el tribunal ordene a los requirentes a entregar una serie de antecedentes. En el caso de la delegación, por ejemplo, pide las bitácoras de los días 2 y 3 de febrero del 2024, la correspondencia electrónica, el registro de comunicaciones, órdenes de mando, entre otros.

Requerimientos similares que también pide a otras instituciones como Senapred, Conaf, el Gobierno Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Viña del Mar, la Municipalidad de Quilpué y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, respecto a los reportes de la emergencia.