Fusión de acusaciones es una “aberración jurídica”: presentan recurso contra diputados que visaron libelo que destituyó a Sergio Muñoz

“Dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva” y todos los “perniciosos efectos” que de ella se derivaron, es lo que busca un recurso de protección presentado por una abogada particular en contra de los diputados que visaron la acusación constitucional contra el destituido juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

Se trata de un recurso de protección presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso por la abogada Ana María Watkins Sepúlveda -y que fue declarado admisible durante la tarde- contra 99 diputados, tanto oficialistas como de oposición, que rechazaron la “cuestión previa” del libelo que terminó sellando el destino del influyente magistrado, quien presidía la Tercera Sala del máximo tribunal.

Eso sí, el abogado que representó a Muñoz en el Congreso, Jorge Correa Sutil, explicó a La Tercera que el recurso fue interpuesto “sin consentimiento ni conocimiento de Sergio Muñoz”. Muñoz se habría enterado luego de que el recurso fuera ingresado, por lo que también insistió en que “se interpuso sin mi conocimiento”.

Pese a ello, Watkins sostiene en el texto que la arremetida contra Muñoz fue “arbitraria e ilegal” y que afecta sus derechos fundamentales. Esto, tras “negar lugar a la cuestión previa, declarar admisible y, consecuencialmente, admitir a tramitación una acusación constitucional colectiva” contra Muñoz y la ya removida suprema Ángela Vivanco. “Todo lo cual importa una privación, perturbación y amenaza a su legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 en relación al artículo 1, ambos de la Carta Fundamental”, argumenta.

La base argumentativa del texto se sostiene en que la fusión que hicieron los parlamentarios en las acusaciones de Muñoz y Vivanco violaría los derechos constitucionales del primero.

Así las cosas, la jurista solicita a la Corte que se “restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándoles a los recurridos dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz y todos los perniciosos efectos que de ella se derivan, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la acusación colectiva, con costas, todo de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo”.

En 39 páginas, la abogada relata los hechos, comenzando con el lunes 23 de septiembre, cuando se ingresaron en la Cámara de Diputados tres acusaciones contra jueces de la Suprema: una solo contra Jean Pierre Matus, otra solo contra Angela Vivanco y otra en contra Vivanco y Sergio Muñoz conjuntamente.

Justamente allí radica el cuestionamiento de Watkins. La acusación contra Vivanco en solitario se “dejó de lado” y se revisó la de ella en conjunto a Muñoz, “dos personas distintas en una misma acusación por hechos diferentes ocurridos en tiempos diversos, sin conexión alguna entre ellos”.

La profesional dice que el argumento que se sostuvo para mantener la acusación fusionada -que la causal invocada en contra de ambos era la misma, “notable abandono de sus deberes”- es “una falacia”, ya que es la única causal por la que se puede acusar a un juez.

“En la acusación constitucional colectiva, a la señora Vivanco la juzgan principalmente por el denominado “caso Audios”, en el cual el ministro Muñoz no tiene nada que ver, por lo cual los hechos por los que se les acusa son absolutamente inconexos y no tienen relación alguna”, dice en el texto legal.

En ese orden de ideas, la jurista dice que los parlamentarios vulneraron “normas constitucionales y orgánicas constitucionales expresas, actuando fuera de la esfera de las atribuciones que les confieren la Carta Fundamental y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, extralimitándose en sus funciones”.

En el recurso se señala que se vieron varios derechos constitucionales de Muñoz afectados. Entre ellos, la afectación del debido proceso y el derecho a la legítima defensa. “La Cámara de Diputados no respetó las reglas y dedujo una sola acusación constitucional en contra de dos personas distintas, por hechos diversos ocurridos en diferentes épocas, lo cual colocó en una situación de indefensión al ministro Muñoz Gajardo”.

“Una sola acusación constitucional contra dos autoridades distintas por hechos distintos, forzó a tramitar la acusación en términos inusuales”, se añade.

“Esta situación constituye una aberración jurídica, pues se acusa en un mismo libelo a dos personas por conductas distintas, lo cual viola los derechos humanos de quienes son acusados”, se agrega en otra parte.