Abogado Domingo Lovera (FA) y alusiones a Chadwick en acusación constitucional: “La referencia está justificada en los antecedentes que son de público conocimiento”

Domingo Lovera es abogado constitucionalista y junto a su colega Enrique Aldunate (PS) fueron los principales encargados de sustentar jurídicamente la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, que presentaron diputados del oficialismo y la Democracia Cristiana. Acción derivada del caso Audio, debido a las conversaciones que ella tuvo con el abogado Luis Hermosilla.

Estos días, dos hechos han marcado la presentación del libelo. Primero, las menciones al exministro del Interior Andrés Chadwick que generaron que la otrora autoridad del gobierno del fallecido Presidente Sebastián Piñera anunciara acciones legales contra los diputados firmantes.

El otro punto, de forma, aparece en la primera página del escrito donde se invoca una causal que corresponde solo a ministros de Estado y no del Poder Judicial. Todo eso abrió duras recriminaciones al interior del oficialismo. Lovera -quien fue uno de los expertos del Consejo Constitucional- descarta a La Tercera que se haya tratado de un problema de “copy/paste”, aunque evita decir de quién fue la responsabilidad.

¿Cómo surgió este error?

Sí, es un error y la razón obvia es que los abogados, las abogadas, trabajamos muchas plantillas para escritos que son más o menos similares, y probablemente esa es una plantilla tomada de alguna acusación anterior que se coló, pero de hecho te diría dos cosas sobre ese detallito. Uno, no afecta en absoluto la tramitación de la acusación. Y lo otro es que se enmendó hoy en la mañana con un escrito.

¿De quién es la responsabilidad?

Ahí yo creo que tendrías que hablar con Enrique (Aldunate), si es que es posible, para saber quién finalmente tuvo la revisión final. Pero alguien tiene que haber hecho alguna revisión de última instancia.

En la misma acusación se menciona al exministro Andrés Chadwick como “motor del tráfico de influencias” y él anunció querella contra los diputados firmantes. ¿Qué antecedentes manejaban para afirmar eso?

Si tú revisas la acusación constitucional, lo que hay allí son antecedentes que muestran, de acuerdo a las filtraciones, conversaciones en las que un alto funcionario de Estado, en su caso entonces siendo ministro, tuvo con intermediarios y con los que sugieren las conversaciones, a veces directamente con magistradas y magistrados de la Corte Suprema. De modo tal que la referencia al entonces ministro Chadwick está justificada justamente en los antecedentes que son de público y notorio conocimiento.

¿Prosperará la acción en tribunales?

Yo creo que es una querella que no va a prosperar, porque el error en el que incurre, el error jurídico en el que incurre el señor Chadwick, es el de creer que lo que allí se imputan son delitos, lo que está lejos de hacer una acusación constitucional. La acusación constitucional no acusa por delitos, la acusación constitucional no se revisa ante un tribunal de justicia, es un juicio político-constitucional que se revisa en una Cámara, donde las expresiones que se utilizan durante el texto de la acusación son igualmente políticos-constitucionales, no son tipos penales, ni tipos legales, ni referencias a delitos específicamente.

¿Pero no se trata de una afirmación injuriosa y/o calumniosa contra él?

Calumniosa, desde luego que no. Yo le pediría al señor Chadwick que revise bien los resquicios de la procedencia del delito de calumnia. Injuriosa, bueno, me imagino que cada cual puede estar pensando que su nombre no debe aparecer asociado a hechos al que no le gustaría estar asociado. Pero, en el caso del exministro Chadwick, yo diría un par de cosas. Uno, que me sorprende la sensibilidad con la que se ha movido en este tema, siendo una persona de alto fuste político, que se ofenda de manera tan rápida, por referencias que se puedan hacer a su labor en tanto autoridad política. Dos, las personas, y desde luego parlamentarios y parlamentarias, en ejercicio de su función fiscalizadora, tienen la atribución de realizar control social en ejercicio del poder político, y las autoridades políticas, esto ha sido la historia de la libertad de expresión en toda la región, tienen que soportar un nivel de crítica que es mucho más intenso que un nivel de crítica que soporta cualquier otra persona. Me sorprendería que algún tribunal tomara relativamente en serio una creencia de este tema.

¿Cayeron en lo mismo que la UDI, en su momento, cuando quisieron endosar responsabilidad a Giorgio Jackson del robo de los computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social? Él se querelló.

Yo creo que no es lo mismo, porque, como digo, aquí no hay imputación de ningún delito. De hecho, perdona que sea insistente en esto, pero si tú revisas la acusación, lo que la acusación justamente dice es que lo que se está formulando es un reproche moral. Lo dice textualmente. De modo tal que no hay acá ni imputación de delitos, ni referencias injuriosas como las que efectivamente se hicieron en su momento contra Giorgio Jackson.

¿Fue un error aludir a él? Podría desviar el foco de la acusación, que en realidad es contra la ministra Vivanco.

No, yo creo que la referencia desvía el foco de la acusación tiene que ver más bien con la forma en que se maneja en los medios, la forma en que se le da publicidad a la acusación. Quiero insistir en este punto, el notable abandono de deberes es una causal constitucional que no está definida en la Constitución, quien define el contenido de esa causal son las cámaras al momento en que revisan una acusación constitucional. Por lo tanto, los antecedentes en el caso en particular que nos permiten o ayudan a contornear la forma en que se va a entender esa causal son especialmente relevantes y sobre todo si es que hay una alta autoridad involucrada. Esto es lo que permite, por ejemplo, decir en el futuro si esta acusación se acoge, que si usted es un ministro de Estado y aparece triangulando información en contra de unas autoridades que luego son acusadas constitucionalmente, bueno, que el error de la acción de esa persona acusada, en este caso la magistrada, es más alto que si usted no hubiese sido una alta autoridad.

¿Esta acusación tiene motivaciones electorales?

Yo creo que no tiene ninguna, lo he conversado con varios colegas. A mí me cuesta pensar que haya un caso más evidente de un notable abandono de deberes, un caso prácticamente de manual. Y no veo cómo puede haber algún afán electoral en una acusación que se dirige frente a hechos públicos y notorios tan contundentes como los que están acompañados en la acusación y de los que, de hecho, se sigue sabiendo.