Abuso sexual a una niña y producción de pornografía infantil: los casos más críticos de beneficiarios de pensiones de gracia

Uno de los puntos que mayor crítica ha generado luego del informe emitido por la Contraloría General de la República que revisó cómo se tramitaron y entregaron durante el año 2022 un total de 418 pensiones de gracia a víctimas del estallido social de octubre de 2019, es el hallazgo de 58 casos en el que los beneficiarios registran antecedentes penales. Entre ellos, destacan dos: uno por abuso sexual en contra de una niña de seis años, y otro, por producción de material pornográfico infantil en contra de una menor de 17 años.

“En cuanto el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz, se advierte que haber contado oportunamente con la información advertida, pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio como las condiciones para su otorgamiento”, fustigó el entre contralor por la falta de chequeo de antecedentes de parte de la Subsecretaría del Interior.

El primero de ellos, corresponde al caso de Robinson Eduardo Jaramillo Monje (56), a quien el 21 de febrero de 2022, bajo el mandato de Sebastián Piñera, se le concedió una pensión de gracia equivalente a $ 425.429 mensuales al ser calificado con lesiones de carácter “graves”. Sus lesiones, consistieron en lesiones producto del impacto de una bala en uno de sus tobillos en la ciudad de Valdivia.

Pero entre los antecedentes penales de Robinson Jaramillo, previos a octubre de 2019 y que según Contraloría no estuvieron a la vista a la hora de otorgarle el beneficio, están una condena de tres años y un día como autor del delito de abuso sexual, en grado consumado, “en perjuicio de una menor de tan sólo seis años de edad cometido el 9 de abril de 2009 a las 17:30 horas al interior del domicilio del sentenciado, ubicado en Valdivia”.

De acuerdo a los registros del caso, la pena de Jaramillo fue sustituida por el beneficio de la libertad vigilada por los mismos tres años y un día. Además se dejó registrada su huella genética y durante diez años, tras el cumplimiento de su condena, debía estar obligado a actualizar su domicilio ante Carabineros cada tres meses, “no pudiendo cambiarlo sin dar aviso previo, ello con al menos tres días de anticipación”.

Además de este caso, Jaramillo registra una condena de 61 día de presidio por “lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar” en contra de su cónyuge por hechos ocurridos en el año 2008 en Valdivia. Por ello, se le ordenó abandonar el hogar familiar y someterse a un tratamiento para su reinserción social.

El segundo caso corresponde al de José Alejandro Lagos Lagos (29), quien mediante el decreto N°2898 del 29 de septiembre de 2022, durante el mandato de Gabriel Boric, recibió la calificación de daño “leve” producto del estallido social, lo que le permitió acceder a una pensión de gracia de $ 283.619 mensuales. En este caso, el día de ayer el gobierno anunció que el Mandatario firmó el decreto para revocar el beneficio.

De acuerdo a los registros del Poder Judicial, el 1 de julio de 2022 Lagos fue condenado como autor del delito de producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años. Según el relato, los hechos ocurrieron “el 19 de febrero de 2018 en circunstancias que la víctima, a esa fecha menor de edad, Claudia (en ese momento de 17 años), se encontraba en el domicilio ubicado en (dato reservado), duchándose en el baño”.

La investigación estableció que en ese momento, “el imputado José Alejandro Lagos Lagos, procedió con un teléfono a tomar fotografías de la menor de su cuerpo desnudo, en especial en su zona mamaria y genital, todo esto con fines primordialmente sexuales”. Por ello, Lagos fue condenado a la pena de tres años y un día de presidio, pero se le concedió el beneficio de sustitución de la pena por libertad vigilada intensiva bajo el control del Centro de Reinserción Social de Chillán.

Pero no es el único antecedente penal de José Lagos. Además, registra una condena por el delito de consumo o porte de droga en lugar público ocurrido en agosto de 2013 en la plaza San Francisco de Chillán, por lo que debió pagar una multa de 1 UTM. En el otro caso, se le condenó a pagar otra multa de 0,75 UTM como autor del delito de hurto, tras robar, en marzo de 2013, un lente seguridad en una tienda de materiales para la construcción de Chillán.