El pasado 24 de diciembre, abogados del Servicio Nacional del Consumidor -dependiente del Ministerio de Economía- y Aguas Andinas -controlada por el grupo francés Suez- presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago para poner fin a dos litigios de larga data.

Se trata de dos demandas colectivas que inició el Sernac durante la administración de Michelle Bachelet debido a cortes del suministro en la Región Metropolitana originados por lluvias que hicieron imposible el tratamiento del agua potable.

Se trata de dos acuerdos en los que Aguas Andinas se compromete a pagar a sus clientes compensaciones por $9.909 millones. El monto total se compone en $5.629 millones y $726 millones por los cortes de 2016 y 2017, respectivamente. A ellos se suman $3.553 millones.

“Las partes acuerdan que Aguas Andinas compensará a 1.110.642 clientes de 30 comunas consignados para el caso del primer corte, y a 624.742 clientes de 27 comunas para el caso del segundo corte”, señala el documento al que tuvo acceso La Tercera PM.

En contrapartida, la concesionaria queda exenta de responsabilidad en las interrupciones del servicio. Se trata de un hecho no menor si se considera que con este acuerdo la empresa cierra dos complejos juicios y evita una prolongada litigación. De hecho, el acuerdo establece que las partes renuncian expresamente a todos los recursos procesales y a los plazos legales asociados en contra de la resolución que apruebe el avenimiento.

Si bien hubo consenso en que por cada día sin el suministro de agua se pagarían $3.120 a cada cliente, el acuerdo también reconoce que Aguas Andinas realizó un aviso oportuno del corte del suministro, por lo que se disminuirá en un 25% el monto a indemnizar el primer día.

“Aguas Andinas pagará una multa, a beneficio fiscal, de 300 UTM ($15,3 millones), sin que lo anterior represente reconocimiento de responsabilidad”, consignó el acuerdo. Además, se dejó constancia en que las indemnizaciones para cada corte no son excluyentes entre sí, sino que acumulativas en la medida que los clientes califiquen para más de un corte.

Dentro de los 30 días siguientes desde que el acuerdo haya sido ratificado en tribunales, los abonos se realizarán bajo la forma de descuentos en las cuentas de los clientes. Otra de las cláusulas establece que el cumplimiento del avenimiento debe ser certificado por medio de una auditora externa, la cual “no debe haber sido condenada, sancionada u objeto de investigaciones en curso por irregularidades en la revisión y estudio de estados financieros de sus clientes”. La auditoría deberá ser presentada al Sernac en un plazo de 180 días corridos desde que empiece a correr el plazo para realizar las compensaciones.

Cabe recordar que el 25 de marzo de 2020, el 4º Juzgado Civil de Santiago acogió una de las demandas en contra de la empresa sanitaria y le ordenó pagar una indemnización compensatoria de $9.360, equivalente a tres días de corte de agua potable, más 0.15 UTM ($7.654) al día que se facturen dichos consumos, a cada usuario afectado. Con el acuerdo entre el Sernac y la empresa, esta sanción se anula.

Desde que entró en vigencia la nueva Ley del Consumidor, en marzo del año 2019, el Sernac ha alcanzado acuerdos en 16 Procedimientos Voluntarios Colectivos, valorizados en un total de $32 mil millones en compensaciones directas para los consumidores.

En medio del proceso judicial, Aguas Andinas sufrió una dura derrota en el Tribunal Constitucional, lo que derivó en que cambiara de abogados. De hecho, significó la salida de Ramiro Mendoza -ex contralor general de la República- y Matías Mori -ex Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras- y el arribo de Felipe Bulnes, ex ministro de Justicia y educación del primer gobierno de Sebastián Piñera.

El caso cobra relevancia puesto que ante el TC, Mendoza expuso que si se aplicara una multa de 300 UTM por cada uno de los consumidores afectados, la cifra superaría los US$ 27 mil millones y “Aguas Andinas tendría que pasar aproximadamente 115 años destinando todas sus utilidades operacionales a pagar la multa en cuestión”.

“Pese a que nuestro requerimiento fue rechazado, valoramos profundamente las reflexiones contenidas en la sentencia, pues ratifican que la eventual aplicación de multas por parte del tribunal de grado que conoce del juicio debe observar los límites que -en relación con su cuantía y forma de cálculo- establece el ordenamiento jurídico nacional”, sostuvo Aguas Andinas en un comunicado el 5 de agosto de 2019.

Las demandas fueron iniciadas cuando el Sernac era dirigido por el abogado Ernesto Muñoz, y ambos juicios se iniciaron por demandas colectivas que buscaban compensaciones y multas en contra Aguas Andinas por la interrupción del servicio de agua potable en la Región Metropolitana. Hoy el ex director del Sernac sigue trabajando para el Estado y es director de la Unidad de Promoción y Difusión de Derechos de la Defensoría de la Niñez.

La primera de las interrupciones ocurrió durante los días 16, 17 y 18 de abril de 2016, y afectó a 29 comunas de la capital. Frente a la arremetida del Sernac, la concesionaria aseguró haber dado cumplimiento a todas las exigencias de inversiones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y alegó razones de fuerza mayor.

El segundo corte vino un año después. En los meses de febrero y abril de 2017, afectando a 30 comunas de la Región Metropolitana las afectadas. Aquí nuevamente, Aguas Andinas alegó razones de fuerza mayor. Al mismo tiempo, la concesionaria aseguró que el corte no se extendió por el tiempo en que señalaba la demanda de Sernac.