Al borde del embargo: Migraciones instruye investigación interna por multas impagas durante gestión de Álvaro Bellolio

En el Servicio Nacional de Migraciones (SerMig) respiraron aliviados luego de que la tarde de este lunes la Corte de Apelaciones de Concepción dejara sin efecto la suspensión del director nacional de la entidad, Luis Thayer. Pues aunque aún están recabando antecedentes para determinar acciones por los eventuales errores que llevaron a ese escenario, la resolución los dejó “mucho más tranquilos”, según lo comentado desde la división. Sin embargo, los ánimos siguen tensos, pues hace sólo cuatro días debieron desembolsar con apuro 26 UTM, poco más de un millón y medio de pesos, por conceptos de multas retrasadas.

De acuerdo con datos recabados hasta ahora por La Tercera PM, se trata de dineros que corresponden al pago de 23 multas cursadas en contra del servicio en el contexto de recursos judiciales del año 2021, es decir cuando el titular del SerMig era Álvaro Bellolio y la jefa de la división judicial era la abogada Paz Ortúzar. Esto, porque en ese entonces también hubo retrasos al responder oficios solicitados por distintas cortes del país que se tradujeron en dichas sanciones económicas.

La deuda fue notificada hace algunas semanas a la repartición, junto con la existencia de juicios de cobranzas que se habían iniciado por parte de la Tesorería Regional Metropolitana, lo que implicaba -comentaron- riesgo de ser embargados. Por lo que rápidamente tuvieron que pagar.

La situación se habría dado, de acuerdo con los análisis que se ordenaron con fecha 25 de abril por el actual director, porque no existe un registro centralizado de las multas cursadas contra la entidad, lo cual es identificado como una grave falencia. Por lo mismo, al ser consultado por el asunto, Thayer confirmó que determinó la apertura de una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas pertinentes, “por incumplimiento o vulneración de obligaciones o prohibiciones funcionarias”. Todo esto apuntando a la gestión de su antecesor.

Según establecieron en el organismo, “el no registro, el pago retardado y, en general, los hechos invocados en memorándums son susceptibles de ser investigados para acreditar posibles responsabilidades por acciones u omisiones”.

En todo caso, la situación podría seguir escalando, ya que, según comentaron funcionarios del servicio que prefieren mantener su nombre bajo reserva por riesgo de represalias, a través de dicha indagación podrían salir a la luz “varias denuncias de vulneraciones”. Como indicaron las mismas fuentes, durante la administración anterior algunos funcionarios habrían tenido que pagar de su propio bolsillo multas cursadas contra el SerMig, lo que también sería “delicado”.

Desde la actual administración dicen reconocer que hubo claros errores que llevaron, en su momento, a que la corte decidiera suspender por 10 días al director nacional. Tal como publicó La Tercera, el jefe del área judicial del Servicio Nacional de Migraciones, Antonio Henríquez, cuenta con un historial de errores que en la administración pasada le valió su despido, luego que se le pasaran plazos legales de presentación de escritos y fue recontratado en esta administración.

Por lo mismo, aseguraron que se están recabando todos los antecedentes a fin de determinar si se requiere o no la apertura de una investigación sumaria, aunque inicialmente se ha atribuido al hecho de que cada uno de los 13 abogados que trabajan en la división judicial tiene a su cargo alrededor de 600 recursos lo que implica una “sobrecarga laboral”.

Sin embargo, y aunque finalmente el tribunal de alzada revocó la sanción, para expertos en derecho administrativo, como ya se constató la falencia, necesariamente procedería que se inicie una investigación para despejar eventuales responsabilidades.

Como explicó Gabriel Osorio, abogado magíster en Derecho Público y académico, la carga laboral “no es excusa” para incumplir resoluciones judiciales. A lo más podrían traducirse, agregó, en eventuales “atenuantes”.

Se debe tener presente, en ese sentido, que los artículos 126 y 127 del Estatuto Administrativo mandatan que, en caso de que existan hechos que son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, se ordenará mediante resolución la instrucción de una investigación sumaria, y si dichos hechos son graves o pueden dar lugar a la sustitución, se tendrá que dar lugar a un sumario administrativo. Ello, con el objeto de verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación.

De todas maneras, y considerando que actualmente el SerMig está enfrentando más de 8.000 recursos de protección por retraso en la tramitación de 500 mil solicitudes de visa, agregaron que “se ha instruido ampliar la capacidad informática del Servicio Nacional de Migraciones con una mejora en el software encargado de procesar, registrar, dar seguimiento y alertas a los recursos judiciales en tramitación”.

Bajo el denominado plan de normalización, además, destacaron: reforzamiento de equipos analistas, creación de unidad especial de cumplimiento de fallos, plan de horas extras, aumento de dotación de abogados, cambio de criterios, simplificación de procedimientos, descentralización en regiones y celeridad en trámites.