Auditoría a la gestión de Nora Cuevas (UDI): Contraloría detecta irregularidades en subvenciones escolares y descontrol de instituciones fiscalizadoras

Casi 200 páginas son las que tiene el informe emitido por la Contraloría sobre las finanzas de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. En el texto se advierten una serie de falencias en el proceso de rectificación de subvenciones escolares de la comuna por gastos desde el 2015 en adelante. Así como también de los controles que debieron realizar diversas instituciones ligadas a la educación.

Si bien en el informe del órgano contralor se entregó recientemente, cuestiona rectificaciones realizadas por San Bernardo el 2021 por los gastos realizados desde el 2015 y durante la administración de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI), quien dirigió la comuna entre 2008 y 2020. Y que fue sucedida, tras ser designada como diputada, por el concejal Leonel Cádiz (PS).

Los alcances realizados por Contraloría corresponden a los mismos hechos por los cuales el actual alcalde de San Bernardo, Christopher White, se querelló en contra de la otrora máxima autoridad comunal, por el mal uso de los recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Causa que además investiga el Ministerio Público por la ocurrencia de presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de recursos públicos y desfalco.

El informe de la institución dirigida por Jorge Bermúdez revisó las ocho rectificaciones a las declaraciones de gastos que se han realizado desde el 2016 hasta 2021 la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo. El documento sostiene que si bien los gastos pendientes por justificar han disminuido desde el 2021, aún queda por corregir el gasto de más de $ 8 mil millones.

En ese sentido, una de las primeras irregularidades detectadas por el informe de Contraloría es que durante el 2021 se intentó rectificar el pago de remuneraciones desde el 2015 al 2017 por un monto de más de $ 2.555 millones. Sin embargo, dichos recursos ya habían sido rendidos esos mismos años. También se reconoció que 266 gastos de los FAEP, entre el 2019 y 2021 fueron declaraciones duplicadas, ya que sus pagos habían sido rendidos con el mismo RUT del proveedor y con la misma boleta o factura.

Junto con eso, Contraloría también cuestionó que algunos montos el 2019 fueron declarados por un precio superior al que realmente fue pagado, advirtiendo además que entre el 2016 y 2022 la corporación rindió unos gastos por $ 1.300 millones que nunca fueron justificados y que eran catalogados como “Fondos por rendir”.

Además de eso, se advirtieron una serie de irregularidades como la falta de cierres contables, depósitos y abonos bancarios no registrados, cheques y giros no cobrados, transferencias irregulares, así como también la falta de acreditaciones de pagos rectificados. A lo que se suma que se realizaron compras, hasta 2021, de elementos que no se ajustaban a los requisitos que establecen los fondos del Plan de Mejoramiento Educativo, como teléfonos, televisores, entre otros.

Todo lo anterior generó que el órgano contralor por su parte remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que revise el caso y se querelle si así lo estima.

“Esta Contraloría General instruirá un procedimiento disciplinario en la corporación municipal, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”, se lee en el documento.

Pero no sólo la corporación de San Bernardo fue cuestionada por la Contraloría. Y es que según el mismo informe, el órgano contralor también apunta a la Subsecretaría de Educación, de la cual “no consta que haya efectuado un monitoreo a los procesos rectificatorios que ha realizado la Corporación de San Bernardo”.

También apuntó a la “falta de fiscalización de la Superintendencia de Educación (SIE) en los gastos rectificados”, a quien además imputa las falencias de su plataforma web que permitieron que se pudieran duplicar las rendiciones.

Por último, se cuestiona el rol de la Dirección de Educación Pública -DEP-, ya que esta no ha realizado las validaciones de gastos revisados por las seremis correspondientes, además de no mantener las rendiciones que realizó la corporación a la superintendencia. Así como tampoco ha existido coordinación con el resto de las instituciones.

Consultados al respecto, desde la SIE señalaron a La Tercera que la Corporación de San Bernardo ha sido fiscalizada desde 2012 rechazando más de $ 7 mil millones. En esa línea, agregaron que “la Superintendencia revisó las rendiciones de cuentas, logrando identificar aquellas que se encuentran duplicadas, las que serán fiscalizadas dentro de este año y descontadas según corresponda”.

Además de eso, sostuvieron que se están optimizando los procesos y que se contrató una auditoría externa para los procesos de rendición de cuentas, “con el objetivo de detectar posibles deficiencias”. Finalmente, la SIE concluyó que respecto a la coordinación que señaló la Contraloría “se conformó, en conjunto con la subsecretaría y la DEP, un comité de Supervigilancia de Procesos, cuyo objetivo principal es coordinar el seguimiento y gestión de recursos entregados a los sostenedores que reciben aportes del Estado”.

Nora Cuevas señaló a La Tercera, que los cambios a la Ley SEP generaron la objeción en determinadas rendiciones de cuentas, las cuales, según indica, fueron subsanadas paulatinamente. Ante las rendiciones correspondientes, agrega que “los respectivos documentos se encuentran a disposición de la actual administración y en la corporación. Es así que frente a las objeciones planteadas, los procesos ya han sido rectificados en una gran parte respecto de los fondos cuestionados”.

Pese a eso, señala que “cabe hacer presente que el informe de auditoría de la Contraloría dio cuenta de defectos formales, los cuales solicita subsanar”.

Cuevas agrega que “como presidenta de la corporación tuve que enfrentar difíciles momentos debido a la baja en el número de matrículas en los colegios de la comuna, así como por las deudas dejadas con anterioridad a mi gestión. Sin embargo, en las diversas oportunidades en las que me tocó intervenir en mi calidad de diputada, manifesté las diversas problemáticas que aquejan a la administración educacional municipal, transmitiendo las necesidades de los vecinos y alumnos de la comuna de San Bernardo”.

“Desde ya declaro mi colaboración con la investigación, así como sostengo mi inocencia de los hechos imputados y reafirmo mi compromiso con San Bernardo y su mejor progreso”, concluyó.

Desde la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo aseguraron que lo cuestionado por Contraloría se debe “a la negligente y mala administración financiera que existía en la gestión anterior, de los exalcaldes de la comuna, se generó una profunda crisis económica en la corporación”.

A lo que agregaron: “Los tres informes de la Contraloría, que auditaron las finanzas desde el 2016 al 2022, son lapidarios al establecer que miles de millones de pesos de subvenciones escolares no se encuentran acreditados, es decir, no se sabe en qué fueron gastados o dónde terminaron, dineros cuyo destino era mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables de la comuna”.

Además, denunciaron que lo señalado por Contraloría se agudiza ya que desde el 2015 no existen memorias o balances anuales de la corporación. Todo lo sucedido, sostiene el comunicado, ha significado “recibir una institución quebrada, pero además con cifras adulteradas y falsas, sumado a un gigantesco desorden financiero, un gran déficit presupuestario y una deuda de arrastre de la cual aún no se determina su real magnitud”.

Ante lo que concluyeron que con todo lo señalado por el órgano contralor durante el último informe, “se están evaluando nuevas acciones legales para perseguir responsabilidades, tanto a nivel administrativo como penal, buscar a los responsables de esta colosal defraudación y hacer justicia porque con la plata de los niños no se juega”.