Bancadas y partidos elaboran sus propias listas de deseos para reformas políticas y electorales

Al margen del ruido que provocó la presentación de una reforma política “acotada” de parte de un grupo transversal de senadores, en los partidos y en las bancadas del Congreso hay conciencia de que la ventana para tramitar posibles ajustes al sistema partidario, parlamentario y electoral es breve.

De hecho, la decisión de este grupo de senadores, coordinados por el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti (PS), de presentar esta iniciativa esta semana -en la víspera de las fiestas de fin de año y tras el cierre del reciente proceso electoral municipal y regional- obedecía a esa premura para tratar de lograr un acuerdo a más tardar en marzo del próximo año, antes de que se desencadene una nueva carrera eleccionaria.

Esta reforma constitucional en cuestión propone básicamente dos temas nuevos: la disolución de partidos que logren menos del 5% de los votos o tengan menos de ocho parlamentarios y la pérdida del escaño del legislador que renuncie a su partido o se cambie de comité legislativo. Además, se consagran otros puntos ya establecidos en la ley: el mandato al Servicio Electoral para actualizar el número de diputados en cada distrito cada 10 años y la prohibición de hacer pactos entre independientes (fórmula que solo se ha aplicado en el primer proceso constituyente).

Si bien estas propuestas molestaron especialmente a los diputados, lejos de inhibirse el ánimo reformista, coincidentemente con el espíritu navideño, legisladores y partidos abrieron una lista de deseos de lo que debiera contener un cambio al sistema político, partidario, parlamentario y electoral.

El problema es que estas exigencias solo añaden más dudas de si será posible congeniar todos los intereses en juego en tan poco tiempo.

Por ejemplo, las bancadas de senadores y diputados del Partido Demócratas pusieron como condición para apoyar una reforma constitucional, acelerar en forma paralela la tramitación del proyecto que refuerza el voto obligatorio.

Si bien esta norma ya figura en la Constitución, por ahora no tiene multa asociada, ya que la reciente sanción que se implementó para los comicios regionales y municipales solo era de carácter transitorio y no rige para el futuro.

Hoy el Ejecutivo ya tiene un proyecto ingresado, pero está estancado en la Comisión de Gobierno del Senado. En subsidio, el senador Matías Walker (vicepresidente de Demócratas) propone avanzar en una iniciativa de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que está en la Cámara para destrabar la tramitación.

A pesar de que la reforma política fue diseñada por senadores del PS, los más molestos eran los diputados socialistas, que tienen otras prioridades legislativas en la materia.

El jefe de diputados del PS, Daniel Melo, por ejemplo, a nombre de su comité, ha exigido que se avance con un cambio al sistema de inscripción electoral para restringir el sufragio de extranjeros.

Para que un extranjero vote hoy en Chile, le basta tener cinco años de residencia formal para sufragar en comicios municipales, regionales, parlamentarios y presidenciales, como también en plebiscitos. No se le exige estar nacionalizado y su incorporación al padrón es automática, de acuerdo a listados que proporciona el Servicio de Migración y Extranjería. Y, según la normativa chilena, esos ciudadanos extranjeros también están obligados a votar.

En el oficialismo y en la izquierda, en particular, hay temor de que la gran cantidad de venezolanos residentes, que han arrancado del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, actúen con un voto de castigo al sector, por ello, desde la discusión de la última reforma electoral han pedido que al menos el sufragio para los inmigrantes no nacionalizados, no sea obligatorio.

A contrapelo de lo que propugnan sus diputados, los senadores socialistas tienen otro objetivo detrás de esta reforma.

Si bien el proyecto no lo explicita, la idea de los representantes del PS en la Cámara Alta es avanzar hacia un modelo de órdenes de partido. Un paso en ese sentido, lo contempla la cesación del cargo parlamentario en caso de renuncia, sin embargo, algunos legisladores como De Urresti creen que esa misma sanción debiese aplicarse a quien es expulsado de la colectividad.

Ese punto tensiona la interna del PS, cuya historia e idiosincrasia está marcada por la lógica de “lotes” o facciones, lo que suele exaltar las disidencias.

La idea de consagrar las órdenes de partida también agrada a las directivas de RN y la UDI, que en el pasado han sufrido por episodios de discolaje de sus parlamentarios.

En la UDI, incluso, el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez propuso, además, que los independientes que van al alero de un partido, pasen a ser militantes automáticamente por el solo hecho de resultar electos.

Aunque la reforma coordinada por De Urresti fue firmada por los senadores opositores, Rodrigo Galilea (presidente de RN), Luz Ebensperger (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además de los oficialistas Ricardo Lagos Weber (PPD), Gastón Saavedra (PS), en la derecha quedó dando vueltas la idea de reducir el número de diputados.

Actualmente son 155 los miembros de la Cámara Baja, lo que a juicio de los análisis de expertos, también ha sido un factor que ha acentuado la fragmentación del Congreso y el crecimiento de los independientes.

Si bien hay legisladores del oficialismo que estarían dispuestos a reducir escaños, el realismo político ha llevado a varios a renunciar a esa idea, ya que una menor cantidad de diputados golpearía por igual a todo el espectro político y afectaría a un grupo importante de parlamentarios en ejercicio.

El problema es que hay bancadas como los republicanos que han puesto ese tema como condición para apoyar esta reforma. “Aquí falta algo que es fundamental, que es reducir la cantidad de diputados en la Cámara, tenemos que volver a los 120 diputados”, dijo el jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez.

Dado el impacto que tendría esta reforma en partidos chicos, incluso en tiendas tradicionales como la DC y los radicales, que han caído en su representación parlamentaria, una fórmula que corre con fuerza es legislar en torno a las federaciones de partidos.

Esta figura ha sido defendida especialmente por el diputado Jaime Mulet (ex DC, ex PRI y actualmente militante FREVS), quien presentó un proyecto que permite a ciertas colectividades con afinidad ideológica y de intereses puedan fusionarse a través de federaciones para poder seguir subsistiendo legalmente.

Mulet dice que es partidario de combatir la fragmentación, pero poniendo los incentivos en el sentido correcto, permitiendo la diversidad y el crecimiento de partidos emergentes. “Hay que airear el sistema. Hay que evitar la fragmentación, pero manteniendo las reglas de la democracia”, dijo.

La idea de terminar con la fragmentación también es compartida en la DC y el Frente Amplio. Sin embargo, en estos dos partidos, creen que la fórmula no pasa por fijar un umbral de un 5% de los votos.

La DC, por ejemplo, en una propuesta elaborada por sus expertos, sostiene que “el problema de fondo, lo que explica la excesiva fragmentación partidaria, son los pactos electorales (y las excesivas facilidades para formar partidos)”.

“Si se eliminan dichos pactos, se obtendrá como resultado un número acotado y razonable de partidos con representación parlamentaria, al igual que en los años 60 y 70″, dice la propuesta falangista.

Con ello, cada partido, con sus militantes e independientes asociados, competirían solos en las elecciones. Y no se verían favorecidos con el “chorreo” o el aporte de votos que obtendrían grupos aliados.

Esa idea también tiene simpatías en el Frente Amplio, que, anticipándose a este debate, surgió de la fusión de ses tres colectividades base: Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes.

El diputado Gonzalo Winter (FA), en una entrevista en CNN, coincidió en que las tiendas “chicas” son un problema para la gobernabilidad y explicó que, al correr en solitario, sin pactos ni asociaciones, cada “partido se ve obligado a ser grande”, porque cada uno tendrían una lista y solo los “grandes” llegarían al Congreso.