Barros vs. Ferrada: la pugna de alto calibre que enfrenta a reputados estudios jurídicos

“El 22 de febrero de 2018 evacué un informe en derecho, de interés para la sociedad demandada. Lo hice a solicitud de la misma sociedad y previa la expresa aceptación de mi propuesta de trabajo, que evidentemente incluía la propuesta de honorarios, por la cantidad de 880 Unidades de Fomento ($ 23,4 millones)”.

Así comienza la demanda de cumplimiento de contrato que presentó en el 5º Juzgado Civil de Santiago el abogado Juan Carlos Ferrada, representado, a su vez, por el también abogado Álvaro Pavez Jorquera, en contra de Barros & Errázuriz Abogados Limitada. En el escrito, el demandante explicó que “hasta el día de hoy, y mediando inicialmente prórrogas o esperas por parte de la demandada, esta no ha dado cumplimiento a su obligación del pago de mis honorarios”.

Ferrada sostuvo que si bien entregó el informe en calidad de “borrador”, “no fue porque estuviere inconcluso o incompleto, sino en consideración a la posibilidad de los alcances que pudieran plantear los colegas requirentes del informe, atendida la escasa información que me fue proporcionada al realizárseme el encargo”.

El conflicto comenzó cuando en noviembre de 2017 el estudio Barros y Errázuriz (ByE) -según la demanda- le encomendó a Ferrada la elaboración de un informe en derecho, cuyo borrador entregó en febrero de 2018. En la acción, el abogado acotó que se reserva el derecho a discutir sobre una indemnización de perjuicios y el monto para la etapa de cumplimiento de la sentencia.

En su presentación, explicó que “después de varias prórrogas para atender mis solicitudes en orden al cumplimiento del contrato, se me planteó hace poco tiempo que el informe había perdido oportunidad, ya que demoró varios meses y no se terminó en su texto definitivo, y que, en suma, el asunto que motivó el requerimiento ya había sido decidido antes de la entrega de mi trabajo”.

“Este es un problema de plata, pero en el fondo es un conflicto ético. Me parece muy poco ético que entre colegas y abogados que se contrate un servicio y no se pague. A mí esto me ha pasado más de una vez, pero es distinto cuando se le hace a un colega. Lo puedes entender sobre una persona que no trabaja en esta área, porque tal vez tiene interpretaciones distintas, pero cuando eres un colega y una gran oficina de abogados sabes lo que estás haciendo y eso es lo que más me molestó”, sostuvo el demandante, socio de Ferrada y Asociados a La Tercera. Además, señaló que evalúa llevar el caso al Colegio de Abogados.

Ferrada es especialista en Derecho Administrativo y es profesor de la Universidad de Valparaíso desde hace 12 años. Su oficina se dedica principalmente a la elaboración de informes en derecho y asesorías.

El informe en cuestión que entregó a Barros y Errázuriz abordaba un conflicto por el uso de derechos de agua en una central hidroeléctrica de Colbún, controlada por el grupo Matte. Los lazos de ByE con la generadora son amplios y de larga data. De hecho, es socia de Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A. en Eléctrica Industrial S.A. desde 1998, según consta en el registro del Diario Oficial.

En diciembre de 2015 formó parte de los abogados que el gobierno de Michelle Bachelet sondeó con parlamentarios para ser nombrado como contralor general de la República. Esto, luego de que el 10 de abril de ese año Ramiro Mendoza dejara el cargo. Finalmente, el gobierno optó por proponer a Jorge Bermúdez. Ferrada es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III, de Madrid.

El abogado es sindicado como cercano al PS y no solo compartió estudios de Derecho con el senador Alfonso de Urresti, sino que posteriormente fue su socio en un estudio de abogados hasta el año 2005, cuando obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados representando a su partido en la Región de Los Lagos.

Frente a la demanda, Barros y Errázuriz optó por no contestarla derechamente y presentó un escrito de excepción dilatoria, que básicamente aborda la forma del requerimiento, pero no el fondo. Sin embargo, el pasado miércoles 17 de marzo, la magistrada del tribunal Giselle Sorhaburu desestimó los cuestionamientos del bufete y le ordenó contestar la demanda.

En su escrito, el estudio representado por el abogado Cristián Pérez sostuvo que la demanda es “vaga”, ya que acusa perjuicios respecto de los cuales ni siquiera se señala su origen, no permitiendo el derecho a defensa del bufete. Además, es “ininteligible” al interponerse subsidiariamente una acción idéntica que la opuesta en lo principal. En efecto, la demanda de Ferrada exige el cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios y en caso de que sea rechazada exige igualmente tener por presentada la misma acción.

Por medio de una declaración, ByE contestó a La Tercera lo siguiente: “A diferencia de lo señalado en la demanda, fue el demandante señor Ferrada Bórquez quien incumplió gravemente sus compromisos contractuales. Los argumentos jurídicos que desvirtúan la demanda serán expuestos en detalle en el proceso civil, que es en donde corresponde litigar estos asuntos”.

En su estrategia por cuestionar la forma, ByE aseguró que el proceso iniciado no corresponde a un juicio ordinario de mayor cuantía, sino que debe ser clasificado como un procedimiento sumario. No obstante, el tribunal desestimó también este cuestionamiento, con costas.