Benjamín Salas, exasesor de Piñera: “Que el gobierno hable de una suspensión con Venezuela es no comprender los efectos jurídicos o maquillar la realidad”

“Es un tremendo fracaso del gobierno que no haya sido capaz de evitar y que hayan llegado al punto en donde Venezuela haya roto también las relaciones consulares”, dice de forma tajante Benjamín Salas, el exasesor de Asuntos Internacionales durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

A juicio del abogado -quien es profesor adjunto de derecho internacional de la Universidad de Columbia y trabaja como asesor en la Corte Internacional de Justicia de La Haya-, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha manejado mal la crisis con Venezuela.

En esta entrevista, que recalca es a título personal, Salas además cuestiona el anuncio de La Moneda sobre recurrir a la Corte Internacional de Justicia. “No existe esa posibilidad en el sistema bajo el cual funciona la Corte Penal Internacional (...). Solo se pueden remitir antecedentes”, asegura.

El gobierno dice que las relaciones con Venezuela están “suspendidas”; sin embargo, ese país cortó el vínculo diplomático y consular. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Las relaciones diplomáticas con Venezuela están definitivamente quebradas. Que el gobierno hable de una suspensión es no comprender los efectos jurídicos de las medidas que ha tomado Venezuela o maquillar la realidad. Según la Convención de Viena, las relaciones diplomáticas se establecen por el consentimiento mutuo de los dos Estados y, por lo tanto, si cualquier Estado remueve ese consentimiento, entonces las relaciones diplomáticas se rompen, por defecto.

En este caso no solo hubo un quiebre en las relaciones diplomáticas, sino que también de las relaciones consulares. ¿Qué se debería hacer en ese caso?

Exacto. Lo primero es que es importante distinguir lo que son las relaciones diplomáticas de las relaciones consulares. Las relaciones diplomáticas son de naturaleza política entre los dos Estados, mientras que las relaciones consulares no conllevan necesariamente un relacionamiento político entre los Estados, sino que se establecen para la protección de los ciudadanos de un Estado que se encuentran en el otro (…). Es un tremendo fracaso del gobierno que no haya sido capaz de evitar y que hayan llegado al punto en donde Venezuela haya roto también las relaciones consulares.

¿Y qué se podría haber hecho distinto el gobierno?

El gobierno debería haber asumido mucho antes la ruptura de relaciones diplomáticas y no haber seguido insistiendo en ello, haberse enfocado en qué tipo de arreglos prácticos eran necesarios con Venezuela para lograr mantener el funcionamiento de los consulados que se encuentran allá.

¿Pero no era un poco inviable evitarlo, dado el tenor que ha adoptado Venezuela con Chile?

En lo absoluto, mantener las relaciones consulares era viable, y si uno mira la historia, cuando incluso los países están en conflicto armado entre ellos, las relaciones consulares se logran mantener (…). Ahora, yo desconozco cuáles son los esfuerzos concretos que habrá desplegado el gobierno, no los han comunicado. Pero lo cierto es que cualquier esfuerzo que intentaron fracasó, porque hoy están rotas las relaciones consulares.

¿Por qué cree que el gobierno insiste en que las relaciones solo están “suspendidas” y no habla de quiebre?

Si es que fuese una estrategia, es difícil entender cuál es. Lo que pareciera ser es que están maquillando la realidad o simplemente que no comprenden cómo funcionan las reglas del derecho internacional. Que el gobierno trate de demostrar algo distinto demuestra que simplemente no entiende la realidad, y eso es riesgoso, porque la verdad es que uno no tiene claro si es que están conscientes de cuáles son las medidas adecuadas que se tienen que tomar hacia el futuro.

¿Y cuáles son los caminos que tiene el gobierno?

Hay tres cosas que puede hacer. Lo primero es que tiene que asegurarse de que Venezuela cumpla con su obligación de respetar y proteger las premisas consulares, su propiedad y archivos, que son obligaciones que tiene Venezuela bajo la Convención de Viena en relaciones diplomáticas y la Convención de Viena en relaciones consulares. Lo segundo es poder entregarle a un tercer Estado, que tenga relaciones diplomáticas y consulares en Venezuela, la representación de los intereses de Chile en Venezuela.

¿Hay algún Estado que sea el más óptimo para eso?

Brasil podría ser un ejemplo, Costa Rica quizás también podría ser otro caso, pero obviamente hay que pensar en Estados que todavía mantengan plena representación en Venezuela y que, por lo tanto, puedan servir como interlocutores. Y el tercer punto es que Chile, ahora que las relaciones diplomáticas y consulares están quebradas, tiene que pensar de qué forma puede mantener contactos con el Estado de Venezuela. Por ejemplo, se pueden establecer ciertas misiones especiales donde se puedan establecer una agenda.

¿Cree que el gobierno planteó mal su política exterior con Venezuela? Nombrando un embajador, por ejemplo.

Este gobierno definitivamente ha estado del lado correcto en cuanto la defensa de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en América Latina, eso está fuera de toda duda. El gobierno ha tenido errores graves en cómo ha ejecutado su política con Venezuela, no tiene tanto que ver con los principios que guían la política de Venezuela, sino que hay problemas graves en su ejecución, y creo que se ha dado por falta de experiencia.

El canciller Van Klaveren sí cuenta con experiencia, ¿a qué atribuye los errores que usted menciona?

Tengo el mayor de los respetos y admiración por el canciller Van Klaveren y, por lo tanto, a mí me ha sorprendido mucho la forma en que el gobierno ha abordado la situación relativa al quiebre de las relaciones diplomáticas y consulares.

Estas tensiones con Venezuela también se cruzan con el crimen de Ronald Ojeda, donde la Fiscalía presentó pruebas de que está involucrado Diosdado Cabello. El gobierno dijo que si se comprueba el vínculo de Venezuela con este crimen, irán a la Corte Penal Internacional. ¿Qué tan efectivo es ese camino?

Es bastante curioso lo que el gobierno está proponiendo y también demuestra ignorancia con respecto al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El Estado de Chile no puede, como dijo la ministra del Interior, recurrir a la Corte Penal Internacional, no existe esa posibilidad en el sistema bajo el cual funciona la Corte Penal Internacional. Lo que permite el Estatuto de Roma, que es el tratado que crea la Corte Penal Internacional, es que los Estados puedan remitir antecedentes a través de la cual le pueden solicitar a la Fiscalía de la Corte que inicie una investigación, o bien poder aportar nuevos antecedentes para la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía ya comenzó una investigación por crímenes de lesa humanidad. De hecho, el origen de esta investigación está en una revisión de antecedentes que hizo el Estado de Chile bajo el segundo gobierno del Presidente Piñera en el año 2018. La investigación ya está en curso y, por lo tanto, lo único que puede hacer el gobierno es remitir antecedentes para poder colaborar con la investigación, pero eso no significa en ningún caso que el Estado de Chile vaya a recurrir a la corte, ese instrumento no existe y, por lo tanto, el gobierno lo está inventando.

Y si no es esa alternativa, ¿qué otra opción tiene el gobierno?

Acá falta que el gobierno identifique cuáles son los posibles ilícitos internacionales que se cometieron en caso de que el gobierno de Venezuela esté involucrado. Por lo tanto, debe identificar cuáles son los ilícitos internacionales para poder hacer valer responsabilidades. Por ejemplo, podría haber una violación al principio de una intervención, porque en este caso el derecho internacional prohíbe que un Estado pueda apoyar a un grupo armado, como es el Tren de Aragua (…). También podría haber una violación al acuerdo de extradición entre Chile y Venezuela y puede haber financiamiento de terrorismo, y ambos países son parte del tratado que lo prohíbe (…). Todos estos ilícitos internacionales, en caso que el gobierno los identificara, podrían dar lugar a distintas formas de hacer valer la responsabilidad.

¿Y de qué forma se podrían hacer valer las responsabilidades?

Siempre la primera forma es tratar a través de la vía política, buscar los medios diplomáticos de solución pacífica de las controversias, y en caso de que no se pueda llegar a acuerdos políticos, hay que ver si efectivamente hay alguno de los mecanismos judiciales que estén disponibles.

Venezuela se transformó en un flanco para esta administración, pero también lo fue para cuando usted asesoraba al expresidente Piñera. Ustedes tampoco manejaron bien la relación con ese país...

Los escenarios son diferentes, y por supuesto que durante la administración pasada también se pueden haber cometido errores en la forma en que se abordaron las relaciones con Venezuela.