Contratación de funcionaria de Democracia Viva y millonario arriendo a ProCultura: las 14 advertencias del Minvu que entraron en el radar de la Fiscalía

Aunque los casos por líos de platas que involucran millonarios contratos entre entidades públicas y fundaciones están ramificados por distintas regiones, y cada una es investigada de manera separada, es en Antofagasta donde estalló el caso. Se puede decir que es en esa ciudad donde se aloja el caso madre, que comenzó con la indagatoria a la entrega de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de la región a Democracia Viva, la ONG representada por Daniel Andrade, expareja de la diputada RD Catalina Pérez.

Es a partir de esos convenios que comienza la investigación, la cual ya cuenta con declaraciones, informes policiales y análisis de documentos por parte de la Fiscalía recopilados desde el Ministerio de Vivienda y de la propia Seremi de Antofagasta; uno de ellos el informe de auditoria al “funcionamiento Programa Asentamientos Precarios”.

Se trata de un documento de 48 páginas elaborado por la auditoría interna de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en que el 14 de abril, es decir dos meses antes de que estallara el caso el 16 de junio, se advertía una serie de irregularidades que daban cuenta del poco control a los recursos públicos destinados al programa que buscaba ayudar a los campamentos más vulnerables de la región.

En el informe se lee que “se observaron importantes debilidades operativas y de control interno, como son; existencia de gastos de arriendo de oficinas presentados en la rendiciones de cuentas por parte algunas instituciones sin fines de lucro que no se encuentran regulados ni autorizadas por la normativa vigente ni los instructivos y lineamientos desde el programa de nivel central; personal contratado por Instituciones sin fines de lucro que desarrollan labores de línea en la Seremi Regional (...). Se sugiere, conforme a las significativas observaciones detectadas, la realización de un proceso sumarial para determinar eventuales responsabilidades administrativas del proceso examinado”.

Son 14 los “hallazgos” de la oficina regional del Minvu, lo que revela que ya entonces -y previamente en otra auditoria de enero- había serias debilidades en la implementación del programa de Asentamientos Precarios, pero también en el manejo de los contados, soslayando los reglamentos de Contraloría.

Una de estas advertencias dice relación con el millonario pago con fondos públicos para que las fundaciones ProCultura y Espacio Lúdico arrendaran oficina en Antofagasta.

“Se detectan gastos de arriendo de oficinas presentados por algunas instituciones sin fines de lucro, contenidos en las rendiciones remitidas y que se encuentran en proceso de verificación por las unidades revisoras; tales costos no se encuentran reglamentados ni autorizados en la normativa atingente, Ley de Presupuestos, ni en los lineamientos e instructivos derivados del programa Asentamientos Precarios desde nivel central”, se señala en la auditoria.

En el caso de ProCultura se detectó la transferencia de $54,2 millones en diciembre de 2022 para el arriendo de una oficina. La transacción era para el arriendo anual de la propiedad, y en el caso de Espacio Lúdico fue de $850 mil mensual. La primera rendición de estas platas fue en febrero del 2023.

Susana Borzutzky, del estudio Barruel y Borzutzky, abogada de ProCultura, señaló que el millonario pago “correspondía al arriendo de una oficina como espacio de trabajo y actividades para los cuatro convenios por 16 meses. Eso es cerca de $850 mil de arriendo por convenio. Este gasto se encuentra autorizado en el manual de rendiciones y que fue presentado al momento de presentar la propuesta técnica, previo a la firma de los convenios. De todas maneras, el gasto no se ha cargado. Por tanto, sin perjuicio de no existir ninguna irregularidad, no ha habido gasto fiscal”.

El pago de estos arriendos, alertó la auditoria, podría generar un efecto: “Detrimento fiscal”, lo mismo que otro hallazgo de relevancia: “Existen profesionales que desarrollan labores en la Seremi, por parte de las Instituciones sin fines de lucro, que no cuentan con un contrato de trabajo”.

Este punto es de total relevancia para el Ministerio Público y también para la Contraloría, dado que esto permitía que funcionarios de las fundaciones accedieran a los canales internos de la oficina gubernamental.

Según este informe de auditoria eran ocho las personas contratadas por fundaciones, pero que cumplían labores en la Seremi de Vivienda, una de ellas Cynthia Cisternas Mondaca. Ingresó el 12 de octubre del 2022 a trabajar a la oficina regional del Minvu, pero su sueldo de $1.350.000 era pagado por Democracia Viva.

En el propio documento, además, se da cuenta de los rol que tenía en el Servicio: ”Contabilización en SIGFE II de las rendiciones aprobadas” y “Operación OFPA de oficios a las fundaciones”.

De acuerdo a lo detallado en la auditoria, estos casos generan “incumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones sin fines de lucro, reparos de la Contraloría General de la República, reparos por la Dirección del Trabajo y deterioro de la imagen del servicio”. De esas advertencias, al día de hoy, al menos dos ya se cumplieron.

Para los diputados republicanos querellantes en la causa, Juan Irarrázaval y Cristián Araya, esta alerta temprana de la auditoria merece ser indagada por la Fiscalía.

“Hablan de inconsistencias en los montos transferidos, convenidos y rendidos, sueldos injustificados, las dobles labores de operadores tanto en las fundaciones como en el Minvu, personal no calificado, arriendos fuera de norma, detrimento fiscal y piden restituir dineros y terminar convenios. Nada de esto se hizo, y el resultado es por todos conocido”, dice Irarrázaval. En esa misma línea, Araya plantea que “espero que los responsables paguen administrativa, política y penalmente por la responsabilidad en este evidente caso de corrupción”.

A casi tres meses de estallado el caso, la investigación del Ministerio Público sigue su curso, donde las diligencias seguirán apuntando a esclarecer si hubo intentos deliberados por perjudicar el erario fiscal y, eventualmente, si se usaron influencias para asignar millonarios recursos que debían llegar a los campamentos de más bajos recursos.