“Las conversaciones con el Presidente son privadas”: la polémica tesis de Crispi para evadir preguntas de la comisión investigadora por caso Monsalve

“¿Conforme con la respuesta?”, le preguntó el presidente de la comisión investigadora por el llamado caso Monsalve, Miguel Mellado (RN), a la diputada Alejandra Placencia (PC), luego de que ella hiciera dos consultas al sociólogo Miguel Crispi (Frente Amplio), jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.

“No. No, presidente”, contestó con cierta molestia la legisladora comunista, sorprendiendo a todos los presentes, tras una seguidilla de evasivas del asesor presidencial.

Hasta ese momento Crispi se había negado sistemáticamente a dar más información respecto del papel que jugó en el manejo de la crisis que provocó la denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve. En su intervención, el asesor presidencial se limitó a repetir antecedentes ya conocidos o que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ya había aportado la semana pasada a esta comisión investigadora.

Entre los antecedentes reiterados, Crispi mencionó que se enteró el 15 de octubre de la denuncia contra Monsalve y que ese mismo día comenzaron a buscar nombres para reemplazar al entonces subsecretario en vista de que su continuidad en el cargo era insostenible dada la gravedad de la denuncia.

“Mis conversaciones con el Presidente son privadas... No puedo como asesor del Presidente de la República compartir conversaciones que son por su naturaleza privadas. En mi rol tengo muy restringida la posibilidad de poder compartir conversaciones que son de carácter privado”, repitió constantemente Crispi, quien compareció este lunes ante la instancia investigadora junto al jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán (Frente Amplio).

El problema es que el hermetismo del jefe de asesores no solo exasperó a la oposición, también incomodó al menos a dos integrantes de oficialismo en esta comisión: las diputadas Placencia (PC) y Camila Musante (independiente PPD), quien -algo extrañada- lamentó que Crispi ni siquiera hiciera una relación previa de hechos, como sí lo hizo Durán.

Incluso, Placencia fue más crítica. “Entendiendo que aquí estamos en una comisión en la que se actúa de buena fe, me llama la atención que en mis preguntas y las de otros diputados y diputadas el señor Crispi hable de lo que han dicho y hecho otras personas y no respecto de sus propias acciones. Cosa que me parece inadecuada. Estoy preguntando por la coordinación de asesores y asesoras de Presidencia, en particular el señor Crispi y el señor Durán, durante las primeras horas. Y debo entender por su respuesta que no le comunicaron a nadie más. Por lo tanto, esa coordinación la hicieron entre ellos. Y la otra pregunta respecto de las recomendaciones que hicieron, no las responde”, dijo la parlamentaria comunista.

Ante la severidad de la queja, Crispi accedió a precisar que el hecho que involucraba a Monsalve no fue comentado a ningún otro integrante del equipo asesor presidencial aquel día.

Pese a ello, la molestia no se aquietó entre la oposición, en vista de que la tesis del jefe de asesores para no responder era discutible del punto de vista jurídico.

La tensión por la negativa de Crispi a responder llegó al punto en que el jefe de asesores terminó respondiendo con la misma frase una ronda de ocho preguntas de Mellado: “Misma respuesta”, repitió varias veces.

Incluso, en lo que aparentemente era un velado recordatorio al diputado de RN (quien debió enfrentar una querella del gobierno por filtrar una reunión con el Mandatario), Crispi le dijo: “Como Ud. bien sabe, las conversaciones con el Presidente son privadas”.

Según la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, las comisiones investigadoras de la Cámara tienen una potestad especial.

En primer lugar, los funcionarios de gobierno están obligados a comparecer. Ese deber también se aplica a los asesores contratados a honorarios, de acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría, definida a raíz de una anterior polémica del mismo Crispi con la antigua comisión investigadora por el caso Convenios y el lío de platas con fundaciones en 2023. Entonces, el sociólogo se negó a comparecer hasta que el pronunciamiento del entonces contralor Jorge Bermúdez lo obligó a cambiar de opinión.

Sin embargo, la misma norma señala que esos funcionarios y asesores también tienen la obligación de responder. “Las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior, estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión. Asimismo, dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la comisión”, dice el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso.

Si bien Crispi ante esta comisión pudo haberse amparado en otras disposiciones que resguardan el secreto o la reserva de las conversaciones, esa restricción de información debía fundarse y ampararse en otra norma especial, dado el rango constitucional de la Ley del Congreso. Ello no ocurrió durante la tensa sesión.

Incluso, en esas circunstancias, la ley faculta a los diputados citar a una sesión secreta para poder obtener igualmente esos antecedentes reservados y secretos.

A partir de estas dudas jurídicas por la negativa de Crispi, la diputada Flor Weisse (UDI) pidió el acuerdo de la comisión para oficiar a la Contraloría para que precise si el alcance del concepto “conversaciones privadas” impide revelar antecedentes a una investigación de la Cámara.

A su turno, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) citó el artículo 314 del Reglamento de la Cámara que reproduce las obligaciones a las que están sometidos los funcionarios de gobierno, para acusar el incumplimiento de la norma. Incluso, puso como ejemplo que Crispi ni siquiera quiso revelar cuánto duró la reunión entre él y el Presidente cuando fue informado de la denuncia contra Monsalve el 15 de octubre.

Tanto Crispi como Durán pasaron por una preparación previa para responder las preguntas de la comisión investigadora. Y evitar referirse a las conversaciones con Boric fue parte de lo acordado.

Esta estrategia ya había sido seguida por Crispi cuando le tocó enfrentar la comisión investigadora por el caso Convenios, instancia en la que también esquivó las preguntas sobre sus conversaciones con el Mandatario.

En su habitual vocería de los lunes, la ministra Camila Vallejo comentó que el resguardo de conversaciones con el Mandatario ya había sido una “premisa que se planteó en otra exposición, hace un par de años, a propósito de otra comisión investigadora”.

No obstante, al enfrentar a los diputados, Durán asumió una postura distinta. De partida, a diferencia de Crispi, comenzó su exposición con una breve relación de cómo se enteró de la denuncia.

Y si bien no reveló conversaciones con Boric, sí comentó qué acciones tomó y qué recomendaciones hizo, por ejemplo la instrucción de un sumario, ya que la denunciante era funcionaria de Interior. Crispi, por su parte, se negó a dar cuenta qué medidas y sugerencias hizo a las autoridades para abordar el caso.

Incluso, haciéndose cargo de la molestia de los diputados y en particular de Joanna Pérez, el jefe de gabinete presidencial reveló que la conversación con el Mandatario duró 30 minutos y señaló algunas de las acciones que adoptó en lo personal y sus coordinaciones con Pía Mundaca, jefa de gabinete de Tohá.

Ante la consulta de la diputada Sofía Cid (ind. republicana), sobre quién le recomendó al Jefe de Estado el viaje de Monsalve a Concepción, Durán señaló que “es una información que me entrega el Presidente de la República”.

Además, ante las preguntas de otras diputadas de por qué no le informó de la denuncia a otras ministras como Camila Vallejo o la misma titular de la Mujer, Antonia Orellana, el jefe de gabinete dijo que no estaba en sus atribuciones, aun cuando sea el secretario ejecutivo del comité político. “El Presidente no me instruyó comunicarlo a otros ministros”, dijo.