Críticas a fiscales y continuidad del TC: el acalorado debate de los comandos de Kast y Boric ante el Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados organizó un debate con un representante de cada candidato presidencial para conocer cuáles son las posturas e idas del sistema judicial actual de quienes, en marzo del próximo año, estarán sentados en La Moneda. Por parte del abanderado Gabriel Boric, del pacto Apruebo Dignidad, participó el abogado económico Diego Pardow, mientras que en la otra vereda y representando a José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, acudió a la cita el constitucionalista Jorge Barrera.

Fueron ocho los temas que se trataron ayer: función jurisdiccional, defensa del Estado de derecho, reforma procesal civil, activismo judicial, regulaciones medioambientales, contencioso administrativo, control de constitucionalidad. Las preguntas estuvieron a cargo del presidente del gremio, Héctor Humeres, y la vicepresidenta, Leonor Etcheberry.

Uno de los temas que más provocaron diferencias es la continuidad del Tribunal Constitucional, tema que recientemente fue discutido en la Convención Constitucional y que genera divisiones entre quienes estar por eliminarlo, sustituirlo o reformarlo. Ante las preguntas, ambos abogados afirman que no son propuestas que están en sus programas, ya que apuntaron a que esta es una materia que debe determinarse durante el proceso constituyente.

Pese a esto último, Pardow manifestó cierta duda sobre el seguimiento de la institución. En caso de que la Convención decida mantenerlo, dice, el TC “debe tener un rol más regulado. Hay que evitar que se use para toda ocasión como lo hizo este gobierno ante los retiros de los ahorros previsionales”. En caso de eliminarlo, aseguró que los encargados de redactar la nueva Constitución deben dar un espacio al Ejecutivo para adaptarse a la medida.

En la otra esquina, Barrera defiende plenamente el rol y cómo funciona actualmente el TC. Para él lo que está en juego en el debate de la Convención es si el TC debe conocer en forma “preventiva o represiva” las normas legales.

En el área en que hubo más acuerdo fue en el avance de la reforma civil, donde ambos coincidieron en que el costo de implementación es elevado y que aumentaría la carga laboral en los juzgados de la materia. Ante la necesidad de ponerle suma urgencia al proyecto admiten que hay un desacuerdo político transversal de su implementación. “En términos de carga de trabajo el 80% de la jurisdicción civil son cobranzas, las que -a mi parecer- no tienen ningún sentido, porque se hacen por cumplir para castigarlas contablemente (…) Es una gran carga de trabaja que no tiene asociado ningún bienestar social”, dijo el representante de Boric ante el gremio.

Barrera, en tanto, manifestó que se está frente a una reforma “que le falta una justificación política. Aquí hay mucha deficiencia respecto del sistema. No así, como ocurrió con la Reforma Procesal Penal”.

En relación a la función jurisdiccional, específicamente sobre el sistema actual de nombramientos, el abogado Diego Pardow asegura que nombrar a jueces por cuoteo político “le hace mal a la independencia de órganos jurisdiccionales que no debieran replicar los equilibrios de las coaliciones políticas, sino más bien, tratar de funcionar de manera aislada”.

Para Barrera, en tanto, dijo que es sensato que se conforme un órgano distinto a cargo de nombramientos, otro a cargo del Poder Judicial y, quizás, una jurisdicción disciplinaria de un tribunal ajeno a la Corte Suprema con el propósito de mantener la independencia de los jueces.

En materia de defensa del Estado de derecho, sobre qué reformas deberían hacerse a la Instituciones que intervienen en la materia, para el representante de Kast es esencial la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, con el objetivo de hacerse cargo de esta necesidad en cuanto a asesoría, asistencia, patrocinio, representación. También propuso un cambio en la formación de los fiscales. “Esto debe ir de la mano con métodos de transparencia hacia la ciudadanía, que incorporen la emisión de información periódica, respecto de número de formalizaciones, medidas cautelares vigentes, salidas alternativas, etc.”, indicó.

En esa misma línea, Pardow dice que hay una demanda gremial que aún no se resuelve y que crear una academia de los fiscales “provocaría menos rotación de la que hoy existe”, dijo.

Frente al problema de dos derechos fundamentales, como la protección del medio ambiente frente a la propiedad privada, Diego Pardow es enfático en mencionar que las decisiones deben ser técnicas y, junto con ello, “eliminar el comité de ministros, ya que consideramos que politiza una decisión que debe ser técnica”.

Barrera mantiene el razonamiento de la opinión técnica en la toma de sentencias de los jueces, pero “se debe considerar que cada caso es distinto”.