El TC sale en defensa del TC: Las gestiones y alegatos ante el proceso constituyente

"No me imagino que nadie pueda tomar palco si es que se aprueba el plebiscito de abril", comenta Marcelo Venegas, exministro y expresidente del Tribunal Constitucional (2009-2011) ante la consulta de si éste debe participar o no del debate acerca de qué futuro le depara el proceso constituyente. Quedarse cruzado de brazos parece no ser opción si allá tienen claro que en los próximos meses se encenderá más el debate ante su rol, partiendo por si debe existir, qué atribuciones debe y no tener, cómo escoger a sus integrantes y cómo fiscalizarlos. Es lo que los ministros del TC comenzarán a abordar y resolver en el primer pleno a la vuelta del receso de febrero, fijado para el martes 3 de marzo.

En el tercer punto de la tabla de ese día se lee "Asuntos administrativos". La idea, cuentan en el edificio de Huérfanos 1234, en que ahí se empiece a conversar formalmente sobre el itinerario que seguirá el TC conforme avance la discusión. La estimación de algunos de sus integrantes es que hacia agosto o septiembre las campañas de los delegados constituyentes que se elegirán en octubre hagan inevitable que se discuta con más ahínco el futuro del tribunal. Hasta ahora, el asunto se ha abordado por dos vías. Uno, la presidenta María Luisa Brahm rompió su sacra regla de silencio al dar dos entrevistas en que opinó sobre la cuestión constitucional y el papel de la institución. Dos, el asunto solo se ha tratado informalmente y falta aterrizarlo. Ella sí conversó sobre el escenario y alternativas con varios de sus antecesores el pasado jueves 23 de enero. Vamos por parte.

Ese día el TC conmemoraba los 50 años de su creación. En la sala contigua al despacho de Brahm se dispuso una copia de las cuatro carillas que destinó el Diario Oficial a la publicación de la ley de reforma constitucional 17.284 (enero de 1970, administración Frei Montalva). Uno de ellos fue Venegas. También asistieron Manuel Jiménez Bulnes, Juan Colombo, Raúl Bertelsen Repetto, Marisol Peña, e incluso Carlos Carmona, de cuya vida pública poco y nada se ha sabido desde ese sumario administrativo que le aplicó la Universidad de Chile por una denuncia de accoso sexual. Los invitados pasaron luego al salón de pleno, y allí conversaron sobre el proceso constituyente y qué puede depararle éste al TC. Uno de los puntos habría recaído sobre la necesidad de que el organismo no se quede de brazos cruzados en adelante.

Consecuencia o no de ese encuentro, Brahm comenzó a opinar días después. Sus entrevistas las dio el 5 y el 10 de febrero. Dijo cosas como que "hay un problema de sobreexpectativas en que es la Constitución Política el instrumento que va a resolver los problemas de las personas. Eso no es así" y que "se pueden generar sobreexpectativas de que la Constitución vaya más allá de lo que es capaz de hacer. Los textos constitucionales no son para resolver problemas específicos y concretos de las personas".

Pero también reconoció que "fue una Constitución impuesta, y así de impuesta yo no la quiero. Quiero una Constitución en la que participe la ciudadanía en su confección".  Y que "en general las modernas democracias del mundo desde hace 100 años están incorporando estos tribunales -van 156- y nunca se ha eliminado ninguno. Se van creando, no se van eliminando".

A falta de un acuerdo expreso entre los ministros, lo que viene ahora -indican en el TC- es que éstos participen "de una posición común respecto al proceso, ya sea unánime o de mayoría, como cuerpo colegiado". De momento es un tema que solo han conversado fuera de sala varias veces.  En parte eso debería comenzar a abordarse en el primer pleno de marzo. Brahm tiene la intención de seguir socializando interna y externamente la posición del organismo a través de charla, seminarios e incluso destinando parte del presupuesto 2020, el cual ya se presentó en el último pleno de enero.

No va a llegar al punto de crear un "Constitucionalito", aclaran con humor ante la duda de si buscarán protagonismo en redes sociales al nivel de la mascota y corpóreo de la Contraloría. Pero dan por hecho que los diez ministros del TC -falta reemplazar al saliente Domingo Hernández, que cesó el mismo día de la visita de los expresidentes- deberían adoptara posturas sobre a lo menos el rol del organismo; la forma de designación y duración de sus integrante; la pertinencia o no de que siga existiendo un voto dirimente; los requisitos para integrarlo, y especialmente sus facultades.

Uno de los nervios de este asunto podría ser su facultad de control preventivo constitucional, la misma que les ha acarreado críticas por ser "una tercera cámara". Eso ya lo ha rebatido el antecesor (y rival) de Brahm, Iván Aróstica. Pero a algunos en el TC les parece que podría ser un poder que bien valga la pena entregar. Entre las razones figuran que en otros países no todos los tribunales constitucionales lo tienen. El mismo TC ha publicado en su website que solo el 0,5% de las causas que tramita tienen que ver con esto.

Pero también algunas autoridades del tribunal reconocen que esta atribución les ha acarreado críticas ciudadanas, además de los resquemores del Congreso. Estos cuestionamientos se han exacerbado durante la crisis: en el TC cuentan que durante los días más intensos de las protestas, tuvieron que retirar algunas placas en el exterior que identificaban el edificio y hasta tuvieron que tomar medidas para reacccionar y buscar refugio en el hipotético caso de que la sede fuera tomada por manifestantes. Sin olvidar, claro la agresión que el mismo Aróstica sufrió un año antes de ese viernes 18 de octubre de 2019.

Otro punto pendiente es dar una señal de transparencia al abrirse a la fiscalización de los ministros, quienes hoy no pueden se acusados por el Congreso ni sancionados de ninguna otra forma. Venegas comenta que eso "podría ser, ero con un quórum alto del Congreso. Si no, el Congreso podría cambiar al Tribunal cuando le sea adverso en los fallos. Un quórum como el que se necesita para acusar al Presidente de la República, de dos tercios en el Senado y de mayoría absoluta en la Cámara".

El exministro agrega que "en las democracias constitucionales tiene que haber algún organismo independiente que resuelva las diferencias de interpretación de la Constitución que se producen entre el titular del Poder Ejecutivo -el Presidente de la República- y el Parlamento. Porque si no, ¿quién las resuelve?"

-¿Le parece razonable que se discutan los cambios al TC, en medio de la campaña electoral de delegados constituyentes, incluyendo que se disuelva el tribunal, o bien que se modifiquen sus atribuciones, que se nombren sus integrantes?

-Bueno, eso es inevitable. Se va a discutir.

-¿Qué aspectos son y no dignos de discusión?

-Mire, todo es posible. Puede cambiar el sistema también. Lo que importa es que exista un órgano distinto al Congreso y al Presidente, independiente, que resuelva los conflictos.

-Una de las facultades más criticadas es la de ejercer control de preventivo de constitucionalidad. ¿Es razonable que el TC deje de tenerla?

-Mire, ese es un tema que no existe en todas partes, así que no es la cuestión importante, para mi gusto. Lo importante es que el organismo que se resuelva esos conflictos de interpretación de la Constitución entre el Presidente y el Congreso.

-¿Es o no una atribución vital para el TC?

-Hay tribunales que no la tienen.

-¿Si el TC la perdiera, es algo muy esencial?

-No, no creo.

En el TC advierten que todo esto está por discutirse. Y que el objetivo esencial es que el órgano constituyente que sea, "al menos nos permita expresar nuestra posición y que nos escuche".