De testigo a imputado: los antecedentes que complican al exalcalde de Macul en arista del caso Farmacias de Jadue

“Yo creo que Achifarp cumplió finalmente con sus objetivos, pero creo que hubo dos fallas grandes: una, que los alcaldes no solicitamos información sobre el manejo de la asociación, y el no pago de cuotas por parte de algunos municipios”.

Con esas palabras, el pasado 30 de junio de 2023, Gonzalo Montoya Riquelme, hoy exalcalde de Macul, enfrentó a los funcionarios de Carabineros que le tomaron declaración en calidad de testigo. Esto, en medio de la indagación que sigue adelante la fiscal Giovanna Herrera por el caso Farmacias Populares, donde el principal imputado es el también exalcalde Daniel Jadue.

En esa época el independiente compartía su testimonio como uno más de los jefes comunales que habían impulsado la incorporación de sus respectivos municipios a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), aunque su situación cambió.

Y es que a eso del mediodía de ayer jueves quedó al descubierto una arista derivada de esa “causa madre”, que hasta ahí se manejaba bajo total reserva y que encabeza la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina, donde justamente Montoya y su otrora administrador municipal, Andrés Urzúa Corvalán, aparecen como piezas clave.

Con orden judicial en mano, la persecutora, junto a efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI, llegó hasta las dependencias del municipio con el objetivo de incautar una serie de elementos tecnológicos, entre ellos los celulares laborales y personales de ambos funcionarios, computadores y también, vía ingreso a los servidores, acceder a los correos electrónicos de ambos funcionarios.

Había presentado, como da cuenta la autorización otorgada por el tribunal para la entrada y registro, antecedentes “que dan cuenta de una investigación detallada acerca de la comisión de ilícitos de fraude al Fisco y lavado de activos, a través de los cuales ha logrado determinar la vinculación de los imputados relacionados con una causa iniciada ante el 3er. Juzgado de Garantía y a través de los movimientos de dineros en cuentas también relacionados con estos”.

“Se pudieron pesquisar inconsistencias que podrían sostener una participación de dichos sujetos en los ilícitos mencionados, quienes a la sazón son funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Macul, donde mantienen su asiento”, se lee en el mismo documento.

Si bien los antecedentes de esta arista se mantienen bajo reserva, en la carpeta investigativa de Achifarp hay ciertos elementos que dan luces de las pesquisas que fueron complicando la situación de Montoya.

Entre ellos, por ejemplo, han informes que dan cuenta de que entre los meses de julio y octubre de 2022 recibió transferencias de dinero desde la cuenta de José Matías Muñoz Becerra, ex secretario ejecutivo de Achifarp, por un monto total de $6.000.000.

Junto con esto, se hace presente que cuando él estaba a la cabeza en la comuna de Macul, en junio de 2020 recibió de parte de Daniel Moraga, también ex secretario ejecutivo de Achifarp, la invitación para participar de la compra del polémico medicamento Interferón, por el cual el municipio aportó $10 millones.

Así, bajo su gestión, de acuerdo con los datos contenidos en los antecedentes recopilados, Macul aportó montos no solo por concepto de las cuotas que implicaba estar en Achifarp. En 2020, Macul aportó $10 millones; en 2021, $12.624.400, y en 2022, $11.653.400.

De acuerdo con una auditoría realizada por la Contraloría, estando a cargo de Montoya, Macul no realizó las gestiones necesarias para recuperar gastos que no fueron rendidos adecuadamente por la Achifarp en la ejecución de un convenio para la adquisición de otro medicamento vinculado al Covid-19: el Avifavir.

Adicionalmente, Montoya fue parte de los alcaldes que tras la quiebra de Achifarp se plegó a Daniel Jadue para la creación de la Fundación de Salud Primaria, la cual también es objeto de pericias por parte del Ministerio Público, pues hasta ahí llegaron una serie de insumos que habían sido comprados con fondos de la mencionada asociación. De acuerdo con el acta de constitución de la misma, el independiente se desempeñaba como tesorero de la entidad.

Conforme con la declaración prestada por Ricardo Santis, funcionario de Achifarp, a fines de noviembre, “las máquinas de la fábrica auditiva quedaron en el mismo lugar (en el primer piso de la Municipalidad de Recoleta), y posteriormente sé que se las llevaron a la Fusalp, ubicada en Avenida Perú Nro. 1474, comuna de Recoleta, donde ayudé a mover las máquinas para allá; me manifestaron que había un leasing de compra de las máquinas auditivas”. Agregó, en el mismo sentido, que “en Fusalp se vendieron alrededor de 20 a 30 moldes más o menos, yo era el único que estaba ahí y utilizábamos las máquinas de Achifarp, lo sé ya que yo trasladé una impresora, herramientas, entre otras, a Fusalp”.

Cabe hacer presente, igualmente, que el pasado 24 de enero Montoya fijó domicilio y declaró estar disponible para eventuales citaciones.

Voluntariamente, además, indicó: “Autorizo expresamente el levantamiento del secreto bancario al Ministerio Público, en mi calidad de representante legal de la Fundación de Salud Primaria, a entregar información y las cartolas bancarias, del periodo julio del año 2022 a la fecha, información sobre todos los movimientos, cartolas bancarias, captaciones, depósitos transferencias electrónicas recibidas y enviadas, con indicación de los remitentes y cualquier otro antecedente”.