Declaración de la “paciente cero delta” de San Javier: “La Seremi dijo que mi situación se manejaría con discreción, no cumplió y me expuso a represalias”

Llegó a Chile para despedir a su padre fallecido y terminó imputada y con arraigo nacional por poner en riesgo la salud pública. Así lo decretó el 15 de julio pasado la Corte de Apelaciones de Talca. Y.E.P.O. (43) fue formalizada por la fiscalía el 8 de julio por infringir el Artículo 318 del Código Penal, tras asistir al funeral de su padre sin la autorización del Ministerio de Salud el 5 de junio pasado, luego de haber llegado desde Miami, Estados Unidos, el día anterior. Su caso se convirtió en el primer diagnóstico de paciente con la variante delta de Covid-19 en Chile, el que fue detectado por el Instituto de Salud Pública (ISP) el 23 de junio. Sin embargo, el 12 de junio fue cuando se supo que tenía coronavirus.

En su declaración que entregó a la PDI, a la que accedió La Tercera PM, la mujer explica por qué salió de la residencia sanitaria luego de aterrizar en nuestro país y cuál fue el trayecto que hizo desde entonces. Además, critica el manejo de las autoridades en su caso y acusa que ha sido expuesta a represalias.

“Una vez aterrizado el avión, me dirigí a la fila para ser controlada por la Seremi. La fila era muy larga y avanzaba lentamente, por lo que esperé aproximadamente tres horas. Una vez que me tocó pasar al control, me pidieron mi pasaporte sanitario y me preguntaron la razón por la cual quería ingresar a Chile; llorando les respondí, ya que me encontraba emocionalmente muy afectada, que la razón era el fallecimiento de mi padre y me estaban esperando a mí para su funeral”, dijo Y.E.P.O. a los policías.

La técnico en enfermería vive en Estados Unidos y vino a Chile con el objetivo de despedir a su padre que estaba siendo velado en San Javier desde el 3 de junio pasado.

De acuerdo a su declaración, el funcionario del aeropuerto fue empático con su situación e intentó tranquilizarla. Luego, dijo, realizaron un largo proceso para obtener su pasaporte sanitario y le entregó unos correos a los que debía dirigirse para explicar lo del funeral de su padre al que quería asistir. Indicó que posteriormente le realizaron el PCR y después pasó por el control migratorio de la PDI. Tras varias horas, dijo que la trasladaron a una residencia sanitaria.

Declaró que ya en su pieza, consiguió una autorización para salir de la residencia, “escribiéndole correos que me proporcionó el funcionario del aeropuerto, ellos respondieron que me autorizaban una vez que yo les enviara mi PCR negativo y la razón por la cual quería trasladarme. Cabe recalcar que en los correos expuse toda mi situación en relación al funeral de mi padre. Ellos dijeron que yo podía ser autorizada a continuar mi viaje con un PCR negativo”.

Sin embargo, de acuerdo la formalización de la fiscalía en su contra, se “autorizó extraordinariamente que la imputada pueda viajar hasta San Javier, pero única y exclusivamente hasta el domicilio, donde debía mantener la cuarentena de 10 días”.

La mujer declaró que “una vez que obtuve mi resultado les volví a enviar (un correo) adjuntando mi PCR negativo, por lo que me responden que podía salir de la residencia”. De esta forma, indicó que la fue a buscar al lugar su cuñado el 5 de junio, juntos pasaron por una bomba de bencina, luego llegaron al funeral de su padre y que cuando este terminó se fueron a su domicilio. Durante ese periodo, sostuvo que las medidas consistían en responder un autorreporte diario: “Entre los días 5 y 12 de junio solo permanecí en mi domicilio, no concurrí a ningún otro lugar”.

Así, el 12 de junio le hicieron un test de antígeno y el resultado fue positivo. A raíz de eso señaló que recibió muchas llamadas de personas que decían ser de la Seremi y le pidieron información personal: “Me llamó otra persona para indicarme que debía irme a una residencia sanitaria, me indican también que concurriría un fiscalizador a mi domicilio. Una vez que llegó el fiscalizador, me explicó que debía irme, señalando que si no me desalojarían con militares y carabineros (…). Volví a recibir llamados de personas que decían ser de la Seremi pidiendo nuevamente mis datos e indicándome que vendría un fiscalizador, respondiéndoles que yo ya había dado mis datos y que ya había venido uno, dejando al descubierto la falta de información y comunicación por parte de las autoridades sanitarias, a tal punto que en algún momento funcionarios de la Seremi no sabían con quién hablaban, confundiendo por completo mi nombre y caso con el de otras pacientes”.

Por esto, la mujer declaró que “quiero recalcar el mal manejo de las autoridades, del seremi del Maule y del alcalde en mi caso. Primero, porque la Seremi del Maule me indicó que mi situación se manejaría con total discreción, cosa que no cumplió, exponiéndome a mí y a mi familia a represalias contra nuestra integridad física y material. También el mal manejo de información exclusiva de la Seremi que utilizó el alcalde de San Javier, lo que provocó pánico en la comuna, y recalcar las difamaciones que este mismo hizo hacia mi persona y familia. Hasta el 23 de julio por la tarde yo desconocía totalmente que era variante delta, ya que me lo informaron ese día por la noche”.

En paralelo a este caso, se presentó una querella contra el ministro de Salud, Enrique Paris; la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, por su manejo en este caso. El documento apunta a todas las autoridades del Minsal posiblemente involucradas por las presuntas violación a la normativa sanitaria, omisión de denuncia y eventual falsificación de documento público. Las autoridades ya presentaron a sus abogados en el caso: Labra será representada por Jorge Bofill y César Ramos y Daza, por el abogado Eduardo Riquelme.