“Donde exista desigualdad habrá insurrección”: el posteo de Luis Castillo el mismo día que el TC revisaba su indulto
Los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric siguen generando cuestionamientos. Luego de que el TC revisara los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y Demócratas en contra de siete de los decretos, se conoció que seis beneficiados contaban con informes desfavorables de Gendarmería. Ahora, La Moneda trabaja para entregar la nueva información solicitada por el organismo presidido por Nancy Yáñez.
Los trece indultos otorgados a fines de diciembre pasado por el Presidente Gabriel Boric, a 12 condenados por delitos vinculados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, siguen generando cuestionamientos. Y es que a pesar de que La Moneda justificó la determinación argumentando que cometieron delitos en un “contexto excepcional”, a poco andar comenzó a surgir información que daba cuenta de que varios de los beneficiados tenían antecedentes, no se arrepentían de los delitos cometidos y que se caracterizaban por un actuar bastante violento que les dificultaría reinsertarse en la sociedad.
El mismo día que los internos salieron en libertad, de hecho, se viralizó rápidamente en redes sociales un video donde uno de los indultados, Luis Castillo, realizó un llamado a “salir de las trincheras, no bajar los brazos, seguir luchando y mantener las convicciones intactas”. Por lo mismo, y dado que también se conocieron los prontuarios policiales de la mayoría, la oposición recurrió primero a Contraloría y luego al Tribunal Constitucional para que se revirtieran las determinaciones.
Para sectores de la oposición, sigue siendo un peligro que los indultados estén libres, porque siguen difundiendo mensajes donde incitan a la protesta. Por ejemplo, la tarde del jueves 16 de marzo, es decir ayer, el mismo día en que el el pleno del TC revisó la impugnación referente a siete de los decretos firmados por el Mandatario, el mismo Castillo posteó en su cuenta de Facebook un nuevo llamado.
“Donde esicta miseria abra rebelión donde esicta desigual abra surrecion y no hay mas” (sic), escribió junto con colgar un video donde se ve a exfrentistas y lautaristas que han sido apresados en la historia.
A eso se suma, además, un artículo publicado de Ex-Ante donde dieron a conocer parte de los expedientes de cada uno de los indultados que habían sido impugnados por senadores de Chile Vamos y Demócratas. Revelaron, de esta forma, que los seis vinculados al estallido contaban con informes desfavorables por parte de Gendarmería, lo que reavivó aún más los reproches.
“Otro capítulo más en el caso de los indultos. Hemos sabido ahora que el ente técnico y profesional que vela por los presos dentro de las cárceles, recomendó no proceder con los indultos”, dijo al respecto el diputado Jorge Alessandri, al tiempo que el republicano Cristián Araya indicó: “El gobierno ha actuado en esta materia con secretismo y falta de transparencia inaceptable”.
Pese a ello, en Palacio desdramatizan la situación, pues para ellos sigue siendo relevante que el debate esté radicado en el organismo encabezado por Nancy Yáñez.
Públicamente, por lo demás, al abordar la nueva polémica el ministro de Justicia, Luis Castillo manifestó que “el expediente íntegro de los indultos que son objeto de impugnación están en estos momentos en el Tribunal Constitucional, que pidió reserva de esa información (...) Pero lo que yo he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigan por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del tribunal”.
Y es que en ninguno de los beneficios a presos que se tramitan en tribunales, por ejemplo, el informe de Gendarmería es vinculante a la decisión que tome el Poder Judicial o, en este caso, el Presidente.
Antecedentes que complican
Los principales reproches de la oposición se dirigen en contra de siete beneficiados: Luis Castillo Opazo, Brandon Rojas Cordero, Bastián Campos Gaete, Jordano Santander Riquelme, Claudio Romero Domínguez, Felipe Santana Torres y Jorge Mateluna. Y los seis que fueron condenados por delitos vinculados al estallido son los que tenían informes desfavorables de Gendarmería y desde que salieron de la cárcel se han ido conociendo más antecedentes que complican la justificación para haberles otorgado el beneficio que ahora revisa el TC.
- Luis Castillo Opazo: Cuenta con cuatro condenas: hurto simple (2005), lesiones menos graves (2006) y dos por robo, una en 2007 y la otra en 2017. En cuanto a sus antecedentes policiales, registra 16 arrestos por parte de Carabineros: tres por desórdenes en Copiapó, dos por desacato, una por robo con violencia, cuatro por hurto, una por amenazas, una por robo con intimidación, dos por consumo de alcohol en la vía pública, una por ebriedad y una por violencia intrafamiliar contra una mujer, en 2016. En julio de 2021 fue sancionado por Gendarmería por ingresar un celular a su celda y subir videos. Fue castigado con 30 días sin recibir visitas. Según el informe de Gendarmería elaborado a su respecto, publicado por Ex-Ante, tiene “riesgo de reincidencia muy alto”. Además, en informes consignados cuando, por ejemplo, pidió ser trasladado de penal, se advertía que tiene “amplio compromiso delictual”. En un informe elaborado en noviembre de 2022, donde se asegura que tenía como alias “Gato” o “Gato de los Minerales”, se indica que durante su estadía en la cárcel mantuvo situaciones conflictivas con sus pares.
- Brandon Rojas Cordero: Se le sindica como uno de los miembros de la “primera línea” en Iquique y como protagonista de una serie de desórdenes en el centro de la ciudad durante el estallido social. Fue condenado a 5 años y 1 día por los delitos de lanzamiento de artefacto explosivo de tipo bomba molotov y porte de artefacto explosivo. Era llamado “El Pirómano”, por sus compañeros de fechorías. Registra una condena por desórdenes públicos y tres detenciones por este mismo ilícito. De acuerdo con lo publicado por Ex-Ante, Gendarmería sostiene que “Evidencia una conciencia inadecuada por el delito y daño por el cual cumple condena, dificultades para discriminar entre lo correcto y lo incorrecto, argumentando que su intención y motivaciones respecto al delito de índole agresiva, por lo tanto no reconoce el detrimento social”. Agregaron, asimismo, que “no presenta posibilidades reales de favorecer su proceso de reinserción social”.
- Bastián Campos Gaete: Fue condenado por porte de artefacto explosivo y robo en lugar no habitado, ambos delitos por los cuales recibió el beneficio de indulto. Sin embargo, previo a eso, había sido sentenciado por los delitos de microtráfico de drogas y hurto simple. En cuanto a sus “pasadas” policiales, en 2018, fue detenido por Carabineros por delitos contemplados en la Ley 20.000 (drogas) y receptación. El informe social y psicológico que le realizó Gendarmería llevó a esta institución a no recomendarlo para ser indultado.
- Jordano Santander Riquelme: Es uno de los dos indultados que fueron condenados por homicidio frustrado contra funcionarios policiales de la PDI. En su caso, registra una sentencia previa por el delito de robo en lugar no habitado, en 2005 y un arresto por Carabineros por permanecer en estado de ebriedad en la vía pública en 2006. Dado los análisis que se le realizaron, la entidad penitenciaria indicó que “presenta un alto riesgo de reincidencia”.
- Claudio Romero Domínguez: fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo por cinco delitos de porte y lanzamiento de bombas molotov y 61 días de presidio por asociación ilícita, por hechos ocurridos desde octubre de 2019. “No presenta posibilidades reales de favorecer su proceso de reinserción social”, se indicó en su expediente revelado por Ex-Ante.
- Felipe Santana Torres: fue condenado a siete años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en 2019. Esto, en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, Región de Los Lagos. “No tiene conciencia del delito cometido y no cuenta con referencia estable que (le) permitan proyectarse en el medio libre”, se manifestó en sus informes.
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