A dos meses de la COP25, ¿Piñera firmará el Acuerdo de Escazú?

Se va a cumplir un año desde que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera decidió no firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y Caribe (Acuerdo de Escazú).

El 4 de octubre del año pasado, la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de un comunicado, dieron las dos razones para no firmar y "efectuar un análisis más profundo" del tema. El segundo párrafo del Artículo 11 y el Artículo 19 del Acuerdo son los que generaron más reticencias debido a que involucran temas de "soberanía" que, según estiman en el gobierno, podrían terminar con eventuales demandas contra Chile en La Haya.

Ahora, el escenario es otro. Quedan poco más de dos meses para que Chile sea sede de la COP25, los temas medioambientales ya ocupan la mayor parte de la discusión pública y en el gobierno reconocen una presión externa para que se firme, por eso la pregunta es: ¿Habrá una rúbrica chilena en el Acuerdo antes de diciembre?

Consultados por el tema, desde la Cancillería se limitan a decir que todavía se está realizando ese "análisis profundo" que se anunció en octubre del 2018. Más aún, luego de las declaraciones de ayer del Presidente Piñera dadas en la cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York, donde se abrió a firmar el Acuerdo pero "con reservas".

Sin embargo, esa última parte de las declaraciones del Mandatario no cayeron bien en algunos funcionarios de Cancillería ya que el Acuerdo, como está expreso en el Artículo 23, no contempla la posibilidad de realizar "reservas".

"Puede ser que el Presidente no conozca técnicamente el alcance de las expresiones que utilizó. Porque la reserva en el Derecho Internacional tiene una definición muy precisa y es algo que está regulado por la Convención de Viena. No hay posibilidad que Chile diga que quiere ser parte del Acuerdo pero que no se aplique una serie de artículos. Esa posibilidad no existe", señala Paulina Astroza, abogada y experta en Relaciones Internacionales.

Por lo mismo, en Palacio señalan que el Mandatario se refería a que Chile podría realizar una "declaración interpretativa" del Acuerdo. Esa, según señalan, sería la única forma que podría permitir que Chile finalmente lo suscriba.

En el gobierno explican que esa declaración interpretativa, que ya se contemplaba hace un año, apuntaría en el sentido de que se precise "el alcance y sentido de algunas disposiciones" que no afecten la soberanía chilena. Fuentes de la Cancillería agregan que ya se le entregó una "primera versión" de ese documento al Presidente con opciones de interpretación, "como también de acoger o no los instrumentos de solución de controversias". Sin embargo, aún no se le entrega una versión final a Piñera. 

En tanto, consultados por el tema, en La Moneda hicieron ver que los dichos de ayer del Mandatario han sido los "mismos de siempre" y que el tema se viene trabajando hace un año. Además, se agregó que solo un país, Guyana, ha ratificado el acuerdo. Sin embargo, el jueves podrían haber novedades, pero no para Chile. En una ceremonia que se realizará en Nueva York, específicamente en el Treaty Event Area en el edificio de la Asamblea General de la ONU, se estima que otros países de América Latina se sumen a firmar y algunos a ratificar el Acuerdo de Escazú.

Desde el gobierno estiman que no habría novedades para firmar el acuerdo durante este mes y no se quiso adelantar si se suscribirá antes de la COP25. Con todo, agregan, esta será una decisión del Presidente de la República.

La declaración interpretativa que podría realizar el gobierno de Piñera sobre el Acuerdo de Escazú no es lo mismo que una "reserva". Lo primero sí puede ser realizado por Chile para firmar el acuerdo pero también tiene implicancias.

"La declaración interpretativa significa que tu aceptas el acuerdo íntegramente pero que dejas explícitamente por escrito, qué interpretas y qué alcance le das a determinadas normas, cómo Chile entiende ciertos conceptos. No es que se deje sin efecto algunas normas para Chile", aclara Astroza. Sin embargo, advierte: "Una declaración interpretativa no deja fuera la posibilidad de que a futuro, otro Estado le pudiera cuestionar esa interpretación". 

Constanza Nalegach, académica y consultora internacional en sustentabilidad, agrega otra complicación: "Se podrían hacer observaciones pero esas tendrían que ser analizadas para que no sean reservas encubiertas. Y estimo que lo que pueda hacer Cancillería es estudiarlo para solucionar sus aprensiones. No hay ningún país que haya dicho tener la necesidad de una nota interpretativa o aclaratoria", señala.

En julio de este año, en una reunión en La Moneda, Piñera junto a excancilleres abordó la firma del Acuerdo de Escazú y afirmó que seguiría analizando el tema con los exministros. Sin embargo, según relata el ex canciller Heraldo Muñoz, no ha habido novedades sobre esas reuniones.

"No he conocido ninguna aproximación para discutir, según lo prometido, las diferencias que expresamos los ex cancilleres en la reunión con el Presidente respecto al Acuerdo de Escazú. Espero lo firme, ¿para qué seguir con un flanco abierto cuando Chile es el anfitrión de la COP 25?", comentó Muñoz a La Tercera PM.

En una línea similar, el senador PS José Miguel Insulza se manifestó vía Twitter: "Piñera se acerca a Escazú pero sigue alegando cuestiones de soberanía. Las sesiones de soberanía existen en el sistema multilateral y, muy especialmente, en los acuerdos comerciales que el Presidente no ha tenido ningún problema en suscribir. Debería aplicar el mismo criterio para Escazú", escribió.

En tanto, la presidenta de RD, Catalina Pérez, y miembro del comité asesor para la COP25 agregó: "El gobierno está lejos de alcanzar la altura moral para dirigir los esfuerzos climáticos y en ese contexto la firma del Acuerdo de Escazú, sin reservas injustificadas, es un mínimo ineludible. Me alegro que el Presidente haya cedido y entendido la importancia de este acuerdo, esencial para alcanzar criterios necesarios de justicia, democracia ambiental y protección de activistas y comunidades que han sido históricamente sacrificadas".