Duró menos de 24 horas: Corte de Santiago anula llamado a reportar jueces que no respeten prescindencia ante plebiscito

Amplia polémica generó un pronunciamiento emitido la tarde de ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la prescindencia que deben mantener los jueces frente al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

El documento -que fue enviado ayer martes poco después de las 15 horas- no habría tenido mayor repercusión si no hubiera ido más allá de lo recordado por la Corte Suprema el 2 de agosto pasado, cuando informó sobre las restricciones a las que están sujetos magistrados ante este tipo de elecciones. Sin embargo, el que éste además solicitara a jueces “informar si han tomado conocimiento de jueces o relatores que hubieren incurrido en alguna de las conductas prohibidas” causó la molestia de los magistrados.

“Atendida la proximidad de la celebración del “llamado plebiscito de salida”, que tiene por objeto “aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución” solicítese a los jueces presidentes de los tribunales reformados, juez titular o tramitador de juicio ordinarios de los respectivos tribunales civiles de Santiago y relatora de Pleno respecto de los relatores de esta Corte de Apelaciones o quien los subrogue, informar dentro de. 24 horas, si han tomado conocimiento de jueces o relatores -según el caso- que sirven en el tribunal o esta Corte, hubieren incurrido en alguna de las conductas prohibidas por el Código Orgánico de Tribunales de las que da cuenta la resolución antes citada de la Excma. Corte Suprema, y si los antecedentes en su caso fueron remitidos al Ministro Visitador que corresponde y/o a esta Corte de Apelaciones”, mandataba el documento.

Dado el tenor de las quejas que enfrentaron, en menos de 24 horas el tribunal de alzada capitalino retrocedió y dejó sin efecto la medida, que se conoció luego de que el 7 de agosto el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, posteara en sus redes una foto en la que aparecía haciendo campaña por el Apruebo. Otros jueces, como el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, también han hecho pública su opción por el Rechazo en sus redes sociales.

La molestia fue planteada durante la mañana, formalmente, por la presidenta regional de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, Isabel Margarita Zúñiga mediante un escrito donde planteó la supuesta “improcedencia” de la medida, y que envió al tribunal de alzada.

“La Corte Suprema, por mayoría de sus integrantes, pide prescindencia en la labor de la judicatura en el plebiscito de salida y el uso adecuado de redes sociales, pero en parte alguna, ordena que sean los jueces presidentes a quienes les corresponda informar y delatar a su colegas, en el evento que se estime que actúan al margen de la prescindencia”, sostuvo por medio de su escrito al que pudo acceder La Tercera PM.

De forma enfática, además, agregó que “la solicitud es impresentable en un sistema democrático de derecho y que escapa de las atribuciones que la ley ha definido a los jueces y juezas presidentas en el Código Orgánico de Tribunales, y aparece atentatoria contra los principios gremiales y asociativos, considerando especialmente la comprensión que los órganos que esta asociación han dado a la normativa disciplinaria, por lo que tal perentoria orden, pido imperiosamente sea dejada sin efecto”.

Por medio de Twitter, igualmente, desde el gremio indicaron que: “Consideramos que dicha resolución (la del martes 9) se alejaba de las recomendaciones sobre uso de redes sociales por parte de quienes integran el Poder Judicial y, peor aún, instruye a informar a la Corte de la conducta de otros jueces excediendo las obligaciones que la propia ley y actas de la Corte Suprema disponen”.

Incluso la Corte Suprema, consultada por este medio, desconoció el llamado del tribunal de alzada y se distanció de este.

Así lo explicó la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a La Tercera PM. “La comunicación que hizo la Corte Suprema fue una comunicación recordando normativa y principios aplicables a este proceso, ni limitando ni restringiendo la libertad de expresión de ningún miembro del Poder Judicial, sino recordando la no incumbencia. En segundo lugar, en ese comunicado la Suprema fue muy cuidadosa de no generar ningún tipo de crítica ni reprensión a nadie, sino que recordar a todos las normas que nos rigen, por eso no se trató ningún caso. Como tercer punto, los encargados de estas materias son las Cortes de Apelaciones, pero el llamar a los jueces a denunciar a otros jueces jamás ha estado dentro de la instrucción de la Corte Suprema. Esto no deriva de la comunicación que hicimos ni ha sido la intención de la misma”.

“A nosotros no nos compete pronunciarnos por temas que son de ellos mismos, si había una presentación de la asociación tenían que resolver ellos mismos, no nosotros. A nosotros no nos pidieron pronunciamiento. Nosotros recordamos normas legales que nada tienen que ver con la libertad de expresión de los jueces, porque esto no se trata de acallar opiniones, sino de que no hagan propaganda política, así dijimos en el instructivo. La Corte Suprema no ha llamado jamás a que los jueces se denuncien respecto de otros”, agregó la magistrada.

Respecto de si la Corte excedió sus atribuciones al dictar la solicitud, Vivanco insistió en que no se pueden pronunciar sobre ello. “Si hay algún requerimiento posterior a la Suprema, lo veremos en su mérito, pero esto no es hijo del pronunciamiento que hicimos”, recalcó.

Ante la presión interna, y sin querer dar declaraciones a este medio, poco antes de las 13 horas la Corte de Apelaciones comunicó que echaba pie atrás en su llamado.

“Por compartir los argumentos expuestos por la señora jueza titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, doña Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, actual Presidenta Regional de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, se acoge la reconsideración planteada en contra de la resolución de esta Presidencia de 9 de agosto del año en curso, la que se deja sin efecto”, comunicó a eso de las 12.47 horas el presidente de la Corte, Mario Rojas.

Al ser consultado por la discusión, el abogado Luis Cordero, experto en derecho administrativo, expuso que se debe considerar que el rol de la Suprema es definir en términos generales los criterios, correspondiéndoles a las respectivas cortes de apelaciones aplicar administrativamente las disposiciones en relación con los jueces de instancia.

En ese sentido, comenta que, en este caso en concreto, entiende que la comunicación es más bien un recordatorio de que “el juez no debe tener más participación en un proceso electoral que la de emitir su voto. Esa regla está inspirada en tratar de resguardar la independencia judicial. Otra cosa distinta es que consideremos esa norma desproporcionada atendida los estándares de Libertad de expresión, pero esa regla está vigente desde 1943″.

Eso sí, también hizo presente que, a su juicio, todas las comunicaciones se deberían limitar a “ser informativas, no exceder a otros ámbitos. Es el fin que cumple también el instructivo de Contraloría”. Por lo mismo, hace presente que “los incentivos a reportar en tales casos pueden ser perversos incluso para los propios fines perseguidos con recordar la vigencia de la norma”.