“El clima laboral se ha afectado”: el informe de la ministra que analizó el funcionamiento del Conservador de Santiago

A finales del año pasado la ministra visitadora del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), Graciela Gómez, llegó hasta las oficinas del organismo ubicado en Morandé 440 para realizar su inspección regular a la institución, como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta vez, y a diferencia de otras ocasiones, la inspección se dio en medio de un conflicto laboral y judicial al interior del organismo, el cual -según da cuenta el informe emitido posteriormente- ha generado “temor” en algunos de los trabajadores.

El conflicto al interior del Conservador, encabezado por tres titulares, surgió tras el arribo de Carlos Miranda, quien fue nombrado conservador de Hipotecas durante el 2023. Tiempo después de su llegada, el exnotario de Concepción junto al titular del Registro de Aguas, Kamel Saquel, presentaron una acción judicial en tribunales laborales para impugnar el contrato colectivo que había alcanzado el organismo con los sindicatos de trabajadores del CBRS N° 1 y el N° 2 el 2021.

Uno de los principales puntos a los que apuntó Miranda en su impugnación al contrato colectivo, que aún no se ha resuelto en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, es el “sistema de reparto” con el cual se pagan las remuneraciones, el cual establece que los sueldos se fijan y reparten a partir del 75% de los ingresos del organismo. Además de que los trabajadores pueden impugnar contrataciones y gastos al interior de la institución.

La disputa judicial no solo ha generado un conflicto entre los trabajadores y Miranda, sino que también entre los propios titulares. Y es que el histórico conservador de Propiedad, Luis Maldonado -quien encabeza esa repartición desde 1997-, está de lado de los sindicatos e incluso ha presentado escritos en contra de Miranda durante el proceso laboral que revisa la justicia.

En ese contexto, y como parte habitual de las visitas que realiza, la ministra Graciela Gómez llegó a finales de diciembre del año pasado para revisar el estado de funcionamiento del CRBS en su calidad de ministra visitadora, tras lo cual elaboró un informe que se hizo público recientemente. Para este año, la encargada de visitar el Conservador será la ministra de la Corte de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book.

Si bien se trató de una visita regular, la ministra Gómez también contaba en sus manos con un escrito presentado por la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Conservador N° 2, Maggi Bustos, quien en un requerimiento a la magistrada dio cuenta del ambiente laboral que la situación judicial estaba generando. “Las actuaciones de don Carlos Miranda Jiménez no solo se han referido a la demanda ya interpuesta, sino que se han manifestado previamente y han creado un ambiente laboral que genera alta inseguridad y temor en los trabajadoras y trabajadores que represento”, sostiene Bustos en su escrito.

Tras su visita, la ministra Gómez elaboró un informe, en el cual da cuenta de la situación que pudo conocer en su visita de dos días al Conservador de Bienes Raíces de Santiago. En primer lugar, la ministra de la Corte de Santiago afirma que los funcionarios tienen una alta valoración de su trabajo, sin embargo, pudo entrevistarse con 19 funcionarios, de los cuales 16 dicen tener una sensación de “incertidumbre”.

Esa sensación de incertidumbre, de la cual da cuenta el informe, se da por “las perspectivas de cambio de diseño de la forma de la organización”, así como también por la judicialización del conflicto con el Conservador. Esos 16 trabajadores sostienen que “el clima laboral se ha visto afectado por este último problema, atribuyendo su génesis a una precipitación de quien accionó, atendida la proximidad del proceso de negociación colectiva”.

Además de eso, afirma el texto que se da “cuenta de una alteración en el ánimo de quienes identifican como trabajadores del registro que dirige el señor Miranda, por los cambios que se advierten en las formas de trabajo, manifestando temor de que ellos afecten los logros alcanzados en materia de buen servicio y, por cierto, las prerrogativas alcanzadas en los sucesivos procesos de negociación colectiva”.

Pese a aquello, hubo tres funcionarios que ante la ministra Gómez señalaron que, por el contrario, “el clima laboral no se ha visto afectado en su interior, que las medidas adoptadas responden a las prerrogativas inherentes a la dirección superior del registro y que el conflicto suscitado no ha tenido el impacto referido precedentemente, refiriendo antecedentes sobre un estado de cosas previo a la asunción del nuevo titular que ameritaba una intervención destinada a un mejor orden y superación de prácticas funcionarias que califican como no deseables”.

Consultado al respecto, desde la Dirección de Comunicaciones de la Corte de Santiago sostuvieron que este informe “va anexo a la visita” y que la visita “contiene las menciones regulares de ese tipo de inspecciones”.

En la visita de la ministra Gómez, quien este año ya no es la visitadora del CBRS, también se da cuenta del funcionamiento del organismo. En ese sentido, consigna que existe un alto número de trabajadores que llevan 30 años en sus labores. Además, el conservador Maldonado compareció ante la ministra, exponiendo que existe una evaluación de desempeño para los funcionarios, el cual fue objeto de reparos de Gómez.

Por su parte, el conservador Miranda expuso sobre las gestiones que ha realizado desde que llegó a la institución el año pasado, citando el levantamiento de capacitaciones, programación de actividades, entre otros.

Respecto a lo que ha generado la situación judicial, el exnotario de Concepción, según da cuenta en el informe, aseguró que lo expuesto por algunos de los funcionarios entrevistados por la ministra “no son compartidas por los funcionarios de su registro”.

Durante los próximos meses, los tres titulares del Conversador de Bienes Raíces de Santiago deberán sentarse, una vez más, con los sindicatos de trabajadores a negociar un nuevo contrato colectivo, según está establecido en el actual mandato. Sin embargo, quienes conocen del ambiente al interior del organismo sostienen que no se vislumbra una negociación fácil, considerando la judicialización del actual acuerdo. Todo lo cual se dará, además, en medio de la discusión en el Congreso de un proyecto de ley para reformar el sistema.