El desplome de los Llaitul: la estrategia de la Fiscalía para desbaratar al corazón de la CAM en siete días

En sólo siete días el líder histórico de la CAM Héctor Llaitul y su hijo Ernesto Llaitul, alias “El Nano”, el principal brazo operativo de la agrupación, fueron detenidos en dos operativos desplegados por la PDI y que fueron tramitados ante tribunales por las Fiscalías Regionales de La Araucanía y del Biobío. Y si bien, ambos procedimientos son por hechos y delitos distintos, responden a una coordinación en las investigaciones penales del Ministerio Público que los hizo compartir información estratégica de ambas zonas que durante años han sido foco de ataques incendiarios e ilícitos vinculados a la violencia rural. En resumen, dicen los policías, se asestó un golpe al corazón del grupo armado que opera y reivindica acciones de sabotaje contra las forestales que, incluso, han terminado con trabajadores gravemente heridos.

La más reciente detención, la del hijo más cercano de Llaitul, Ernesto, es parte de una estrategia que comenzó a desplegar el ente perseguidor penal en 2020. Ese año por primera vez los ataques incendiarios en La Araucanía y la provincia de Arauco fueron parte del discurso del propio fiscal nacional Jorge Abbott, dándose inicio a una etapa en que los hechos registrados en esas zonas dejaron de pesquisarse de forma individual, como hechos aislados, y se creo un “supra equipo” de investigadores. A eso se suma, la decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público de fichar a Cristián Paredes, exfiscal regional que logró varias condenas por estos ilícitos, como jefe de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, quien ha articulado un trabajo interregional y focalizado para trabajar en la persecución de responsabilidades penales tras las acciones que tienen a gran parte de esa zona bajo estado de excepción constitucional.

En la cuenta del 2021, en que Abbott hizo un balance del año anterior, anunció la creación de un equipo integrado por fiscales de distintas regiones para investigar a los grupos delictuales detrás de los atentados. “Le he instruido que en el plazo de un mes presente un Plan de Trabajo Nacional, con foco en la Macrozona Sur, y con cuatro ejes de acción: la conformación de equipos interregionales para abordar la violencia rural; instar por una coordinación efectiva con las policías; el establecimiento de enlaces más expeditos con el gobierno; y el diseño de un apoyo integral para la protección de las víctimas de violencia rural”, dijo.

La autoridad agregó que “estamos frente a un fenómeno criminal preocupante, en el que se observan elevados signos de coordinación y aumento del poder de fuego de los imputados, quienes pertenecen a bandas o grupos criminales con una alta organización”. Para algunos al interior del Ministerio Público, este es un hito en el que la institución desplegó un trabajo en conjunto que ha derivado en los resultados investigativos de los últimos meses.

Acto seguido, los fiscales regionales de La Araucanía, Roberto Garrido, y el Biobío, Marcela Cartagena, comenzaron a diseñar reuniones periódicas en que se comparte información clave que ha servido como sustento para las imputaciones de estos días y que tienen en jaque a una de las agrupaciones violentistas más importantes que operan en la Macrozona.

Si bien Ernesto Llaitul fue detenido este miércoles por la tarde en Carahue tras una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Los Ángeles y tramitada por la fiscal Marcela Cartagena, en el expediente por el cual fue aprehendido su padre, la semana pasada, aparece mencionado en seis oportunidades vinculado a hechos que hoy están en la mira de la Fiscalía. Uno de los episodios dice relación con un ataque en el fundo Quebrada de Nilladomuche, en la comuna de Los Sauces, ocurrido el 29 de abril, donde fue fotografiado junto a Pablo Marchant. También, la policía ha logrado vincular su cuenta como una de las que recibe dineros a nombre del líder de la CAM.

El Ministerio Público del Biobío hoy lo formalizará, junto a otros miembros operativos de la CAM, por un violento atentado ocurrido el 9 de septiembre del año pasado en una faena de Laja. Para fundar su petición ante tribunales, la fiscal Cartagena expuso las pruebas con las que cuentan hasta el día de hoy y que dan cuenta de la planificación de una acción de sabotaje en la forestal Río Deuco, en la que se desarrollan actividades de explotación de madera.

Con el objetivo de concretar la acción, según los informes con los que cuenta la policía, el 7 de septiembre Eduardo Cornejo, uno de los detenidos, se contactó con la propietaria de la cabaña La Isla, en la comuna de Laja, para arrendarle un inmueble junto a los otros imputados Esteban Henríquez, Ricardo Delgado, Ernesto Llaitul y otros dos sujetos que aún no han sido detenidos. Pagaron en efectivo $ 45 mil la primera noche, lo que fue costeado por “El Nano”.

Al día siguiente, según se ha establecido, los imputados hicieron labores de observación y reconocimiento del lugar, además de revisar vías de escape. Con el escenario ya estudiado, el día 9 de septiembre se concretó la acción en que resultó quemado un camión y heridos de gravedad trabajadores de las forestales. Uno de los dependientes que dormía en un camión de la empresa fue intimidado con un arma y obligado a abandonar la máquina la cual fue completamente consumida por las llamas provocadas -según la Fiscalía- por los integrantes de la CAM.

El 10 de septiembre el hecho fue reivindicado por la organización en el sitio Werkén Noticias y -según se sostuvo- fue ejecutado por la ORT Pablo Marchant, a la que pertenece Ernesto Llaitul y los otros detenidos. Se les imputará el delito de incendio y homicidio frustrado.

Son siete las Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT) que operan con la CAM. Estas cumplen labores operativas, en la ocupación y “sabotaje” de los predios que son escogidos como “blancos” de la organización.

Es en esta estructura donde el hijo de Llaitul cumple un rol de gran relevancia, pues es sindicado por la policía como uno de los encargados de coordinar a cada una de estas organizaciones.

Una de estas ORT es la denominada “Pablo Marchant”, la cual fue bautizada con este nombre luego de que el 9 de julio del 2021 el joven falleciera en medio de la toma de un predio de una forestal.

Antes, esta organización se denominaba ORT Lafkenche Leftraru, la cual operaba, principalmente en Traiguén, en La Araucanía, y también en algunas zonas de la Provincia de Arauco, en el Biobío.

Miembros de esta facción –sindican distintas fuentes policiales- son los otros detenidos, además de Ernesto Llaitul. Los imputados habrían cumplido labores “operativas” para la CAM, es decir, en la posesión de terrenos y “sabotajes”, así como también otros atentados en las zona que unen La Araucanía y el Biobío.

Los imputados no son unos desconocidos, ni para la policía, ni menos para el Ministerio Público. Es el caso, por ejemplo, de Esteban Henríquez Riquelme (23), quien fue detenido el 7 de febrero de este año al ser sorprendido portando armas y municiones.

Según lo que registró la PDI de su aprehensión, Henríquez fue detenido cargando, en una mochila, una escopeta calibre 12, 32 cartuchos, una linterna, una brújula de orientación terrestre, un pasamontañas color gris oscuro, una chaqueta tipo militar, un pantalón mimetizado tipo militar y un sombrero tipo pescador.

Aunque el Ministerio Público pidió su prisión preventiva, el tribunal de Traiguén lo dejó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, medida que nunca pidió, según las inspecciones que tuvo que realizar Carabineros. Pero la Fiscalía no insistió mucho más tampoco, dado que Henríquez estaba siendo estrictamente monitoreado por el ente persecutor para detenerlo por el atentado que se le imputa en el Biobío.

Ricardo Delgado Reinao (32) es el otro de los detenidos que también registra detenciones previas. Su primera causa fue el 2008, cuando fue detenido por daños simples junto a otros sujetos en Cañete. Luego de eso hubo un acuerdo reparatorio que lo sobreseyó con el pago de $ 50.000 cada uno a la persona afectada.

La segunda causa que tiene es una querella de parte del administrador de la Universidad Federico Santa María en Hualpén. La querella es por los delitos de amenazas, secuestro, coacción, desórdenes públicos graves, infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos, daños simples, hurtos y robo con fuerza en lugar no habitado, ocurridos el 6 de noviembre de 2012, cuando Delgado y un grupo de estudiantes se tomaron la calle y comenzaron a hacer salir de la universidad de profesores y estudiantes.

El nombre de Delgado también figura directamente en la lista de contactos de Héctor Llaitul Carrillanca, pues, según pudo detectar la Fiscalía, el 1 de enero 2020 el líder de la CAM le transfirió $ 10 mil y luego, en noviembre, $ 20 mil.

El cuarto de los detenidos, Eduardo Cornejo Vidal (45), es el único que no presenta antecedentes previos.