El día “D” en la Suprema: pleno del máximo tribunal se alista para fijar posición ante proyectos para cumplir fallo por isapres

Amplio debate ha desatado las últimas semanas la fórmula bajo la cual se pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que ordena a las isapres, entre otras cosas, a restituir 1,1 billones de pesos por cobros excesivos a sus cotizantes. Y es que mientras el gobierno ingresó recientemente una ley corta que busca dotar de nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud para que se puedan hacer los cambios requeridos, previamente (en diciembre) senadores Demócratas y de Chile Vamos presentaron una reforma constitucional -que ya fue aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta- como una suerte de “camino alternativo”.

Opiniones hay para todos los los gustos. Por su parte, el gobierno, en voz del propio Presidente Gabriel Boric, catalogó la moción parlamentaria como un mecanismo para “evadir” la determinación del máximo tribunal, y desde la otra vereda, plantean que sólo se busca terminar pronto con la incertidumbre para los pacientes, como aseguró el senador RN Francisco Chahuán.

Como sea, y aunque oficialismo y oposición no han logrado un consenso, el camino más viable podría dilucidarse en los próximos días, pues el pleno de la Corte Suprema fijó para el lunes 29 de mayo una sesión donde los ministros ponderarán ambos proyectos y fijará su postura, lo que podría incidir en la priorización que realice el Congreso respecto de los mecanismos propuestos.

Todo esto, en el marco de las consultas que hace el Senado al máximo tribunal respecto de temáticas que les compete al Poder Judicial. Es por eso que luego de esa jornada se fijará una posición que algunos ven como también una “posible salida” al enredo y enfrentamientos que ha generado la sentencia de la tercera sala del 30 de noviembre del año pasado que ordenó a las isapres a restituir los cobros en exceso y adecuar los planes a una única tabla de factores.

Y la fecha seleccionada para la revisión no es aleatoria, pues precisamente ese día estarán presente los 20 jueces que hoy integran el máximo tribunal. Hacerlo antes, implicaba varias bajas, pues algunos están ausentes por uso de feriados legales, como el mismísimo presidente de la tercera sala Sergio Muñoz, y otros por licencias médicas. La idea es que en esa sesión esté la mayor cantidad de titulares que integran la “última voz” en materia jurídica en el país.

El 3 de mayo, en la vocería semanal, ser consultada por el proyecto presentado por el Ejecutivo, la ministra vocera Ángela Vivanco descartó hacer valoraciones, aunque indicó: “Nosotros, cuando dictamos un fallo, no especificamos cuál es la forma exacta en que la autoridad tiene que cumplirlo; para cumplirlo, la autoridad tiene que analizar sus propias atribuciones y determinar cuál es la manera en que va a cumplir. A veces, el cumplimiento de un fallo judicial genera la iniciativa de legislar en esa materia; y compete directamente a los legisladores analizar qué tan necesaria y pertinente es esa ley”.

Consultado sobre las eventuales repercusiones que podrían tener los informes que emitirá la Suprema, el abogado constitucionalista Javier Couso indicó que “no tiene ningún efecto. No tendría efecto jurídico (...) La Corte habla por sus fallos en general, pero no tiene jurisdicción, como sí lo tiene el Tribunal Constitucional. No puede evaluar la constitucionalidad de un proyecto de reforma a la Constitución”.

Pese a ello, el senador Matías Walker, uno de los patrocinantes de la reforma ingresada en diciembre pasado, explicó que lo único que se solicitó por parte de la senadora Rincón al pleno es que aclare si lo que ellos presentaron “vulnera, como ha sostenido el gobierno, el fallo del máximo tribunal, porque a nosotros nos ha llamado mucho la atención que el gobierno trate de ser una suerte de vocero del Poder Judicial, cuando el proyecto lo presentamos hace meses y nunca la Corte se ha pronunciado de forma negativa sobre el mismo”.

“Más allá de eso, en todo caso, yo tomo lo que dijo hoy el ministro de Justicia, Luis Cordero, que indicó que ni nuestro proyecto ni la ley corta del gobierno tienen los votos para ser aprobados, lo que obliga a llegar a un acuerdo y ese es el tema de fondo. Hay que llegar a un acuerdo tomando lo mejor de los dos proyectos y que, en definitiva, se pueda cumplir el fallo, en términos que las isapres y las clínicas sigan siendo viables”, agregó.

Con todo, la también abogada constitucionalista Constanza Hube (UDI), planteó que la Corte “ya aclaró que la forma de cumplimiento del fallo no depende de ellos, sino que de la Superintendencia y de las políticas públicas que se puedan aplicar. Ahora, el Congreso, el gobierno y la Superintendencia tienen la última palabra”.

Y en ese sentido, para ella, habría que buscar un mecanismo distinto al planteado por el gobierno. “La llamada ‘ley corta’ ingresada por el gobierno no pone el foco en el verdadero problema que tenemos hoy, que son las personas. Por el contrario, este proyecto de ley, con la excusa del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, viene a materializar un largo anhelo de la coalición del gobierno del Presidente Boric, cual es terminar con el sistema de isapres y reemplazarlo por seguros complementarios. La preocupación no debiera estar en el sistema, sino que en las personas, ya que el efecto de que si el sistema privado colapsa, esos casi 3 millones de personas quedan sin su cobertura y pasan necesariamente a Fonasa, cuyas coberturas son diferentes en médicos, clínicas, prestaciones y en monto de copagos. Además, con un mayor colapso del sistema público”, enfatizó.