El freno del TC al juicio y condena de jueza Rutherford en investigación que originó el caso “fraude en el Ejército”

En la Justicia Militar existen distintas etapas procesales durante el desarrollo de una causa: la investigación, el procesamiento, la acusación, plenario (cuando se inicia la etapa de juicio) y la sentencia.

Y es en este último proceso que estaba la ministra Romy Rutherford, quien tramita el denominado caso fraude en el Ejército, cuando el Tribunal Constitucional (TC) frenó sus pretensiones de reactivar la indagatoria que fue el origen del caso, que ya lleva 41 aristas, y que se refiere al millonario desfalco institucional a través de la Ley Reservada del Cobre descubierta en 2014.

La jueza estaba ad portas de reactivar las diligencias para así realizar el juicio y dictar condena -en esta arista de proveedores, pues ya había despachado otras sentencias- cuando desde Huérfanos Nº1234 -lugar en que se emplaza el organismo que resguarda la Constitución- llegó la resolución que suspende el desarrollo procesal de la causa. Esto en el marco de un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa de uno de los 10 exuniformados acusados de defraudar al Fisco por un total de $11.200 millones.

Fue el 30 de julio que Rutherford acusó a los inculpados, el coronel (R) Clovis Montero Barra, el cabo (R) Juan Carlos Cruz Valverde y el coronel (R) Carlos Frez Ramírez, entre otros. A estos tres se les atribuye ser parte del núcleo que ideó el desfalco institucional, a través de la Ley Reservada del Cobre, y que más tarde derivó en distintas hebras investigativas que involucran el uso de gastos reservados (donde hay tres excomandantes en jefe procesados), pasajes irregulares y todo tipo de ilícitos asociados al aprovechamiento del presupuesto del Ejército.

En la acusación dictada por la ministra se apunta a que se logró acreditar, en un primer hecho, “un fraude con un total de 409 facturas emitidas a nombre de la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de Chile, entre septiembre de 2010 y marzo de 2014, y que correspondían a supuestas operaciones con los proveedores Frasim y Tecnometal” por servicios o adquisiciones inexistentes, “carentes de realidad y respaldo, con cargo a dineros de la denominada Ley Reservada del Cobre”.

Rutherford argumentó que “para ejecutar el pago, terceras personas creaban documentación de respaldo como las actas de recepción, órdenes de pedido al comercio, cuadros comparativos de precios y actas de adjudicación, lo que generaba un apariencia de realidad y verdad. Las facturas y la documentación de respaldo eran ingresadas habitualmente por mano y sin oficios conductores al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde ‘ejecutivos de cuentas’ definían los decretos supremos a los que se imputaba el gasto y luego se remitían a la Tesorería del Ejército para el pago efectivo”.

En la Tesorería del Ejército -se expuso en la acusación- recibían un “tratamiento especial de celeridad” para disponer del pago en el más breve plazo y realizar transferencias de fondos a la cuenta corriente del proveedor. Una vez que el proveedor recibía el pago retiraba el dinero en efectivo y descontando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un 15% de participación o comisión, entregaba el resto a un coronel del Ejército, quien, a su vez, distribuía el dinero entre los distintos funcionarios que participaban en la defraudación.

La Primera Sala del TC -integrada por Iván Aróstica, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica y Rodrigo Delaveau (suplente)- acogió la suspensión de la causa solicitada por la defensa de uno de los acusados, por tres votos contra dos.

Los abogados José Rivera y Roberto Fansani ingresaron el recurso de inaplicabilidad contra Rutherford y sus actuaciones en este cuaderno investigativo, en octubre del año pasado. Allí acusan algo que ya se ha discutido otras veces en el TC: la inconstitucionalidad de la Justicia Militar y que la causa es revisada en dos tribunales distintos.

“La igualdad ante la ley conlleva necesariamente un igual tratamiento tanto en el proceso como en las sanciones y garantías aplicables a personas que se encuentran en idénticas situaciones, de modo que, si por la investigación de un hecho que puede constituir delito común (del Código Penal) se persigue a dos personas, uno de ellos un funcionario público y el otro un ciudadano, ambos deben ser tratados y juzgados de igual manera ante un mismo tribunal”, dice uno de los argumentos presentados en el recurso.

Aunque el TC resolvió en agosto de 2019 dar “luz verde” a la causa tramitada por Rutherford, luego de las solicitudes de suspensión del excomandante en jefe, Humberto Oviedo, eso no implicó que los requerimientos dejaran de llegar. Incluso, ayer, el tribunal declaró inadmisible un recurso presentado por el exjefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.