El “ghosteo” de Valencia a la ministra Vivanco y las tres veces que el pleno de la Suprema le cerró la puerta a la Comisión de Ética

“Espero comunicarme en las próximas horas con el señor fiscal nacional, Ángel Valencia, para manifestarle mi preocupación por la desafortunada participación de un fiscal del Ministerio Público en este reportaje”.

Ese fue el sexto punto del comunicado que, durante la jornada del domingo 16 de junio, emitió la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en relación al reportaje de Ciper que daba cuenta de supuestas gestiones que habría realizado su pareja, Víctor Gonzalo Migueles, en medio de la elección del nuevo titular de la Fiscalía Nacional.

Pero a pesar de lo enfática que fue la magistrada en el escrito y a que la jornada de ayer lunes insistió en que buscaría conversar con el fiscal Valencia para plantearle sus inquietudes, lo cierto es que, hasta ahora, esa conversación no se ha producido.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, fue el mismo domingo que Vivanco le envió un mensaje al máximo persecutor planteándole que quería llamarlo directamente. Sin embargo, él evitó contestar. No respondió al mensaje ni tampoco marcó su número. En términos coloquiales, la “seudoghosteó”, porque aunque ellos no mantienen una relación cercana ni son amigos, sí se conocen, pero en esta pasada el fiscal decidió ignorar los intentos de la ministra. El concepto de “ghosteo” es una forma de decir que una persona decidió no contestar un mensaje en la era de redes sociales de comunicación.

Consultado el Ministerio Público por la situación, en todo caso, manifestaron que se le transmitió a la jueza que si quería tomar contacto con el fiscal nacional, esto debía hacerse por la vía institucional. Desde la Fiscalía aclararon, en ese sentido, que se le pidió a Vivanco seguir los canales formales, pues lo que correspondía en este caso es enviar un mail a un correo institucional de la Fiscalía con el motivo de la solicitud de audiencia.

Dicho planteamiento, como pudo recabar este medio, fue ingresado por la ministra a eso de las 15.00 horas, aunque al cierre de esta edición no había respuesta desde Catedral 1421.

Pero más allá de los infructuosos intentos de la ministra Vivanco para comunicarse con el fiscal Valencia, en los pasillos del Palacio de Tribunales es otro el tema que genera preocupación.

Es que con el correr de las semanas los integrantes de la Corte Suprema siguen sumando reproches por supuestas irregularidades que rodean determinados nombramientos. De hecho, la última semana no solo el INDH se ha querellado por tráfico de influencias, sino que ayer lunes se sumaron otras dos acciones penales donde se les cuestiona por no ser, a juicio de querellantes, del todo imparciales.

Las polémicas, de hecho, han llevado a que ministros que no han sido parte directa involucrada hayan solicitado la reactivación de la Comisión de Ética del máximo tribunal. En primer lugar, en el pleno del lunes 10 de junio lo pidió el ministro Sergio Muñoz, aunque no tuvo éxito.

Misma intención tuvo en el encuentro del viernes 14 la ministra Gloria Ana Chevecich, pues días antes el presidente Ricardo Blanco había propuesto que ella reemplazara a Mario Carroza para integrar la mencionada comisión y así abordar los cuestionados casos. Pese a ello, eso tampoco rindió frutos.

El tercero, en tanto, vino de la mano de la exposición de la ministra Andrea Muñoz en el pleno celebrado ayer lunes. Y es que frente a las nuevas críticas que enfrentan por las supuestas gestiones de la pareja de la ministra Vivanco, Muñoz insistió en que era necesario que la situación se revisara a fondo.

Eso sí, nuevamente el pleno dijo no. Sin concretar votaciones oficiales sobre la materia, la mayoría de los jueces que han participado de la discusión se inclinan porque la comisión no intervenga.

De acuerdo con un auto acordado de la Corte Suprema que data de 2007, la Comisión de Ética del organismo “tendrá por objeto prestar cooperación al pleno de la Corte Suprema en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los ministros y fiscal del Tribunal, sin perjuicio que las faltas de orden propiamente disciplinario en que ellos pueda incurrir se investiguen y sancionen, si corresponde, a través del procedimiento regulado”.

Mismo documento hace presente que “conocerá de las conductas de ministros y fiscales judiciales de esta Corte Suprema que puedan importar una contravención a la ética judicial o que sean reñidas con la probidad y la moral, y desempeñará su labor con miras a su prevención, control y corrección”.

“Salvo que se trate de denuncias manifiestamente desprovistas de fundamento, las que se desestimarán de inmediato, la comisión pondrá privadamente en conocimiento del ministro o fiscal afectado la iniciación de un procedimiento a su respecto”, se agrega.

¿Cuándo debe sesionar? Se ha insistido en que no ha existido quorum para que la comisión analice los casos. Sin embargo, de acuerdo con el citado documento, la comisión se reunirá convocada por su presidente, “tantas veces como fuere necesario o también a petición de la mayoría de sus integrantes”.

“Conocerá de los casos que se encuentren comprendidos en el marco de sus funciones, que le remita el pleno de la Corte Suprema o que se canalicen a través de la Oficina de Reclamaciones dependiente de la Presidencia de esta Corte. Podrá actuar de oficio cuando la naturaleza o urgencia del asunto lo haga necesario, situación que debe ser calificada por la mayoría de sus miembros”, sostiene el acuerdo.

Para cada uno de los asuntos que intervenga, la comisión deberá abrir un cuaderno especial, debiendo exigir reserva. Podrá requerir informes, testimonios y antecedentes a cualquier miembro del Poder Judicial.

“Comprobada la ejecución de actuaciones que puedan importar una contravención a la ética judicial, la comisión reunida o en pleno recibirá las observaciones que puede formular por escrito o verbalmente el ministro o fiscal afectado, dentro del plazo razonable que se le fije al efecto. Si en ese término no evacuare esa diligencia, se prescindirá de ella para remitir el informe respectivo. Finalizada la labor de la comisión respecto de un asunto determinado se acordará el informe sobre hechos investigados que evacuará al Tribunal Pleno de la Corte Suprema, si el asunto se hubiere originado allí. En los demás casos podrá disponer se emita el mismo informe, se remitan los antecedentes a quien corresponda resolver el asunto o se archiven los mismos”, se complementa.

Se menciona, en el mismo sentido, que transcurridos tres meses desde que se haya producido el término del asunto, ya sea por haberse evacuado el informe correspondiente u ordenado su archivo, se microfilmarán los antecedentes reunidos, los que luego serán destruidos completamente.

“Las microfichas o microfilmes respectivos serán guardados, con la debida reserva, en un archivo que al efecto llevará el secretario de la comisión. Estas microfichas solo podrán ser consultadas por los miembros de la comisión o por aquellas personas a quienes se les haya facultado para ello por la mayoría de los miembros de la Comisión de Ética”.