El gobierno ante el dilema de rescatar a LATAM: Del portazo de marzo a la “empresa icónica”, según Briones

“Situarlo en el contexto de que el Presidente haya sido accionista en el pasado, es mala política. El Presidente fue accionista y hace diez años que no tiene nada que ver con la compañía”. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda hoy en Radio Duna ante el ineludible dato histórico que salta a la vista cuando el gobierno declara que “evaluará la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de reorganización de LATAM”, luego que la aerolínea notificara que se acogía al Artículo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. El hecho provocó cuatro intervenciones de Hacienda en lo que va del día: el comunicado con la frase acá entrecomillada, y tres entrevistas radiales de Ignacio Briones para explicar qué implicará el rol del Estado.

Los detalles de cómo lo hará precisamente el gobierno aún no tienen respuesta. Briones aludió a que se necesita un acuerdo y una “decisión país” y que debe ser “transparente, de cara a la ciudadanía, que no tenga lugar a equívocos”. El impacto es enorme: las acciones de la empresa hoy -tras conocerse la decisión de la empresa- cayeron un 43% y para qué decir de la envergadura que necesitaría una asistencia efectiva a una firma de ese tamaño. Las consideraciones políticas tampoco son para ignorar.

Una aerolínea “icónica” y que “reúne las condiciones y elementos objetivos para declararla como empresa estratégica”, resaltó Briones, insistiendo varias veces en que la ayuda “no es para los dueños” sino para la firma. Pero hace poco más de dos meses, en marzo, cuando LATAM ya clamaba por auxilio estatal, para el gobierno no existían tales adjetivos ni tampoco resaltaban que “sectores importantes de nuestra economía que dependen de sus servicios” -como también dijo hoy el jefe de Hacienda-, sino que le dio un portazo. Al menos ante los micrófonos.

“Me enteré de que LATAM está pidiendo ayuda económica del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda? Yo quiero súper claro en esto: nosotros estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa", fue la sentencia del ministro de Economía, Lucas Palacios, el 17 de marzo. Detrás suyo vino la de Transportes, Gloria Hutt: “Dado que ya veníamos con una situación en que hay que hacer ajustes presupuestarios y aparecen necesidades muy básicas que resolver, no es un tema que esté en este momento como prioridad”.

Parte de lo que ha ocurrido desde entonces arroja algunas luces. El portazo de Palacios, contaron entonces allegados a la empresa, les sorprendió. Ante el nuevo escenario vigente a contar de hoy, desde mediados de marzo los accionistas de LATAM han creído que la opción más viable es que el Estado se haga aval de una parte de un crédito de terceros; puede ser a través de bancos, en plural.

Esa alternativa la prefieren en vez de que el Fisco se transforme en accionista, como lo hizo en Alemania el gobierno y Lufthansa, con la cual llegó a un principio de acuerdo para quedarse -bajo condiciones- con una participación del 20%. Esa fórmula no gusta acá porque, entre otras consecuencias, elevaría el endeudamiento consolidado del Estado.

Otras opciones son más lejanas e impensables, como un préstamo directo. Briones dijo hoy que es “prematuro” cerrar fórmulas, pero que "los mecanismos disponibles no son infinitos: hay garantías estatales, pueden ser, que permitan apalancar el financiamiento privado”. También está “la opción conceptual, que ha ocurrido en otros países, de poner inyección de recursos” y “por supuesto después está en discusión de la retribución de ambas fórmulas. porque ambas son con cargo, ya sea contingente, ya sea a futuro, a los recursos fiscales de todos los chilenos. Por lo tanto, ese seguro, esa garantía, esa eventual inyección de liquidez tiene que ser remunerada”.

Luego del no de Palacios, Briones recibió el 2 abril a Ignacio Cueto, presidente de LATAM, y a Roberto Alvo, CEO del grupo, para “abordar la crisis del COVID-19 y su impacto en la industria aérea”, según quedó consignado en los registros de transparencia.

Diez días después, el 12 de abril, el Presidente Piñera anticipó en El Mercurio una fórmula posible, pero sin nombrar específicamente a LATAM. Ante la consulta de qué solución buscaba el gobierno para las empresas con ventas sobre 1 millón de UF, dijo entonces que “estamos pensando en crear un mecanismo de crédito preferencial”, según el cual “el que preste recursos a estas grandes empresas tenga una preferencia respecto de los acreedores antiguos. Que a ese acreedor que presta dinero en esas circunstancias se le pague primero que a los demás”.

Pero el problema de ese mecanismo es que -como también lo dijo entonces el Mandatario- es algo “que hay que establecer por ley, que es una figura de un crédito con suprapreferencia”. Habría que enviar una normativa tal vez demasiado específica. Y en Chile hay una ley de insolvencias y recuperación de empresas, pero “trámites, plazos, burocracia”, añadió entonces.

Fue ahí donde dijo que “en Estados Unidos existe el capítulo 11, que cuando una empresa está en problemas puede solicitar este capítulo que le da protección transitoria, temporal de los acreedores, y permite que otros acreedores presten con preferencia”. Que es exactamente lo que anunció LATAM ayer.

Bajo estas nuevas condiciones, el Estado podría -dicen los entendidos- evitar quedar al final de la lista de acreedores.

“Yo no hablo de empresas en particular”, respondió esa vez Piñera cuando le preguntaron si acaso el tema LATAM le era incómodo. Y ante el recordatorio de que es y ha sido por largos años amigo de Cueto, amén de su pasado como director y accionista de la aerolínea, se despidió con un “sí, pero eso nada tiene que ver con las políticas públicas, que están pensadas para el bien común”.