“Estamos comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado, respetando a quienes están enfermos”.

Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric anunciaba durante su Cuenta Pública de ayer la intención de darle urgencia a un proyecto tan polémico como discutido: en 2011 fue ingresado por los diputados Adriana Muñoz (PPD) y Gaspar Rivas (RN) y de ahí quedó congelado hasta octubre de 2014, cuando la discusión avanzó con una segunda moción presentada por Vlado Mirosevic (PL), para ser aprobado en general recién en diciembre de 2020 y en particular en abril de 2021, cuando entró a segundo trámite constitucional y pasó a la Comisión de Salud del Senado. “Triunfó el derecho a elegir por sobre la obligación de sufrir. Aprobamos”, dijo esa vez el propio Mirosevic.

El diputado de Evópoli Francisco Undurraga también celebró. “Hoy dimos un paso histórico. Con esto se reconoce el derecho de las personas a tener una muerte digna cuando ya los médicos no puedan hacer nada más. Espero en el Senado se siga mejorando y que pronto sea ley”, señaló ese día el por ese entonces vicepresidente de la Cámara.

Resumidamente, así como está, el proyecto es la fusión de varias de las mociones ya mencionadas, como la de Mirosevic (a la que adhirió el ministro Giorgio Jackson cuando era diputado), la de los diputados Rivas y Muñoz, y otras de parlamentarios PPD, PS, PC y RN.

El proyecto, al que anoche el gobierno efectivamente le puso urgencia simple a su tramitación y que busca “establecer una normativa jurídica que permita a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir” y que para cumplir ese objetivo propone introducir cambios en la ley sobre derechos y deberes de las personas en atención de salud (Ley 20.584), además de los códigos Civil y Penal, actualmente se encuentra a la espera de la tramitación en el Senado, donde, dicho está, primero debe ser discutido por la Comisión de Salud.

En esta instancia el debate lo llevarán los cinco miembros: Francisco Chahuán (RN y presidente) Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC), Felipe Kast (Evópoli) y Javier Macaya (UDI).

¿Qué le espera ahí? La oposición tiene el control de la comisión al tener tres de los cinco miembros (Chahuán, Macaya y Kast) y por otro lado en la instancia, clave para agilizar la tramitación, el Ejecutivo solo cuenta con un aliado, Juan Luis Castro. El quinto es Flores, quien cuando era diputado tuvo votaciones disidentes frente a la eutanasia. De hecho, votó en contra en la discusión en general, aunque en el detalle de la iniciativa aprobó algunos puntos y en otros se abstuvo y rechazó.

Pero además la reforma tiene un panorama incierto en la Cámara Alta, en primer lugar por el empate de fuerzas entre la derecha y los grupos más afines al gobierno, donde no todos se declaran oficialistas. Por eso, en las esferas de La Moneda no creen que esto sea de rápida resolución, aun cuando la urgencia simple implica -en teoría- que dentro de un mes debiera votarse por el Senado.

Y es que, como se ha visto otras veces en el Congreso, usualmente los plazos suelen dilatarse por otras prioridades o mera estrategia legislativa y en este caso particular, el proyecto aún no cuenta con los respaldos suficientes, ya que se requiere persuadir por lo menos a un par de senadores de derecha, asentar bien los votos de la DC y de los independientes como Fabiola Campillai y Karim Bianchi.

Desde la Cámara Alta, el senador Kast dice estar “de acuerdo con la eutanasia, pero me importa que primero se garantice el acceso a cuidados paliativos de excelencia, para que nunca la eutanasia sea una consecuencia o una forma de enfrentar los malos cuidados del sistema de salud”. El otro elemento central, añade, es que la decisión sobre acceder a la eutanasia “sea certificada por un organismo público especializado que garantice que fue realizada con plena libertad y conciencia, sin presiones por parte de terceros”.

En tanto, el senador Macaya asegura que la eutanasia “está en la línea de la dignidad humana y la libertad. Nosotros creemos en la libertad. Si los pacientes del sistema público chileno, cuando están con un dolor insoportable, por una enfermedad tal vez terminal, pero están sentados en una camilla, sin atención, sin tratamiento, sin cuidados paliativos, evidentemente no tienen una libertad para tomar una decisión que al final puede atentar contra su propia dignidad, por el dolor insoportable que están sufriendo”. Distinto es, añade, “que esa persona tuviera acceso a todos los cuidados paliativos. En Chile, esa libertad está limitada, porque no todos los pacientes tienen los recursos para los tratamientos paliativos. Por eso creemos que se debe avanzar primero en cuidados paliativos antes que avanzar en la agenda de la eutanasia”.

“Lamento que la eutanasia sea una prioridad, en vez de señalar que se quiere generar una política pública respecto de los cuidados paliativos y de seguimiento de la ley del cáncer”, asegura por su parte el senador Chahuán.

En concreto, como llegó al Senado hoy, el proyecto permite que las personas que padezcan enfermedades graves e irremediables puedan pedir la eutanasia o la muerte médicamente asistida. Esto incluye, por ejemplo, a enfermos terminales o pacientes con una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades. Fue la propia Cámara la que, además, dejó fuera las ideas de incluir el sufrimiento de carácter psíquico como irremediable o incorporar a menores de edad en el derecho. Así también se sumaron condiciones como haber vivido al menos un año en Chile o tener residencia permanente -o al menos 12 meses- para acceder a ella.

En detalle, el proyecto dice que el paciente podrá ejercer su voluntad anticipada en caso de enfermedad terminal y que esta voluntad no tendrá fecha de término, así como que la persona podrá arrepentirse en todo momento. Asimismo, un médico psiquiatra será el encargado de certificar que el paciente está en plenas facultades mentales y que el mismo deberá manifestar su voluntad “de manera expresa, razonada, inequívoca y libre de cualquier presión”.

¿Cómo se ha abordado en el resto de América? Colombia y Canadá son los únicos países que la han autorizado, en Uruguay se discute actualmente en el congreso, mientras que en México, si bien no es legal, sí hay una ley del buen morir, la que autoriza al paciente o su familia a pedir que la vida no se prolongue por medios artificiales.