El informe de Contraloría que alertó al Ministerio Público de la presunta red de corrupción informática en el Minvu

El pasado 29 de marzo el contralor Jorge Bermúdez envió al fiscal nacional, Jorge Abbott, el informe final N° 355 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, dando cuenta de irregularidades en la compra de sistemas informáticos en el Ministerio de Vivienda (Minvu). La investigación aporta antecedentes a las pesquisas que lleva adelante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma, quien incluso trabaja con un equipo de funcionarios de la Contraloría desde hace ocho meses, estos últimos prestando asistencia técnica en el caso.

Las primera alerta que destapó el caso la entregó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuando el 25 de octubre del año pasado envió el oficio secreto N°1384 a la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte con tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Ahí se advertía que Marco Andrés Rivas Rivas, un analista programador de la sección Plataforma Tecnológica de Subsidio del ministerio, había recibido $ 130 millones de parte de la empresa Sociedad Ingeniería y Servicios SpA.

Ese día se inició una investigación reservada, que el viernes pasado tuvo sus primeras 21 detenciones, tanto de funcionarios públicos como de particulares. Supuestamente, ellos participaban desde 2014 hasta este año en una red de corrupción en el Minvu, por lo cual fueron formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por eventual fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.

Según explicó el fiscal en la audiencia, la forma de defraudar fue a través de la adjudicación de licitaciones de forma ilegal. En la operación, cada uno se llevaba una ganancia: la empresa que prestaba su nombre para ganar el concurso, la que realmente hacía el trabajo sin postular, porque no cumplía con los requisitos, y los funcionarios del Minvu que operaban para que determinadas firmas obtuvieran la adjudicación a cambio de presuntos sobornos.

Así, en paralelo a la investigación penal que inició la fiscalía, la Contraloría realizó una auditoría al Sistema Integrado de Subsidios y a los contratos informáticos relacionados con la gestión y desembolsos, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. El objetivo del análisis, era "constatar la seguridad e integridad de los datos asociados a los procesos de entrega de subsidios habitacionales (...) Además, se contempló lo manifestado por el exsubsecretario de Vivienda, Iván Leonhardt (...) sobre eventuales incumplimientos en la habilitación de la plataforma JBoss BPM de RedHat".

En el documento de 68 carillas, la Contraloría concluye que en cuanto a "los pagos asociados al proyecto 'Sistema de Vivienda y Urbanismo' mediante JBoss, sin un producto de software operativo, se formulará el reparo pertinente por un monto de $ 535 millones". Esto significa, en palabras simples, que el ente contralor no ha acreditado que los servicios que fueron contratados por el Minvu fueron efectivamente ejecutados, entre ellos la implementación de software y las licencias informáticas.

Actualmente, hay un juicio de cuentas en la Contraloría para determinar cuánto será el monto que se deberá devolver al Estado.

De acuerdo al Ministerio Público, Marco Rivas era el funcionario clave en el entramado de corrupción en el Minvu. Él tenía los contactos con los dueños de las empresas que ocupaban a otras sociedades pantallas para que ganaran las licitaciones en la cartera y, presuntamente, hacía las maniobras para que se adjudicaran los concursos públicos a cambio de coimas.

Según la fiscalía, Rivas registró ingresos por cerca de $ 495 millones vinculados directamente a contratos adjudicados ilícitamente del Minvu y lavó el dinero ilícito comprando bienes muebles e inmuebles. Para el pago de uno de los inmuebles usó a su madre como "palo blanco".

Además, a mediados de año formó una sociedad con su señora, Natalia Farfán Maldonado (también imputada en la causa), llamada Inversiones Rivas y Farfán, cuyo giro era la compra, venta y reparación de vehículos. Desde ahí se incautaron autos. También se acreditaron inversiones por $ 53 millones, pero por vehículos que tenían valor comercial de $ 150 millones.

Asimismo, según antecedentes del caso, la parcela donde vive la compró en $ 300 millones, pero todavía no aparece inscrita a su nombre.

Aparte de Rivas, María Cristina González Ilarrázabal, encargada de la plataforma tecnológica de subsidios del Minvu, y el analista en programación de la sección Plataforma Tecnológica de Subsidio ministerio, Cristián Felipe Labra Peña, también habrían usado mecanismos para lavar dinero. González, según la fiscalía, hizo circular la plata por terceras sociedades para desvincularlas de su origen ilícito. Además, compró una casa y estaba adquiriendo un departamento. Y Labra compró departamentos (dando pie y pidiendo crédito) para renta, ya que el desembolso inicial no le alcanza con sus propios ingresos.