El informe de la banca que alertó de los millonarios negocios de Scuncio con empresas del gobierno de Venezuela

Hace un año y medio, la banca prendió sus primeras alertas respecto de los vínculos que el empresario argentino Alberto Scuncio Umaña mantenía con el gobierno venezolano. Los mismos por los que este año fue bloqueado por el banco Security y serían la base de la investigación del Ministerio Público por un eventual blanqueo de capitales.

El tema no habría cobrado interés público si no fuera porque Distribuidora Llacolén, una de las sociedades de Scuncio -un contador radicado en San Pedro de La Paz desde 2001-, se convirtió en la mayor proveedora para la primera entrega de cajas de alimentos del gobierno bajo la pandemia, registrando compras por parte de la intendencia de Santiago durante el mes de mayo por $8 mil 750 millones.

Los reparos de la banca por los movimientos de las cuentas de Scuncio se remontan a febrero de 2019. El 20 de ese mes, el Comité Anti Lavado de Dinero (AML) de Scotiabank Chile emitió un informe interno que detalló los negocios del empresario argentino, el que encendía las alarmas por sus actividades económicas con Venezuela.

El informe forma parte de la contestación que efectuó el banco a un recurso de protección presentado por Embotelladora Dos Banderas SpA; Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada y Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A. -todas, sociedades de Scuncio- el 29 de marzo de 2019 ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue rechazado por ésta. A fines de febrero, Scotiabank había cerrado de manera unilateral las cuentas corrientes de dichas sociedades, aduciendo una “pérdida de confianza” debido a una serie de irregularidades en el traspaso de millonarios montos provenientes de Venezuela. Posteriormente, el 19 de junio de 2019, la Corte Suprema respaldó la legalidad del cierre de las cuentas a dichas sociedades.

El caso, entonces, fue cerrado, pero volvió a la palestra luego de que el lunes, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara un nuevo recurso de protección presentado por Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A., esta vez en relación al cierre de sus cuentas corrientes por parte del Banco Security en mayo de este año. Entre sus argumentos, el tribunal aseveró que no podía dictaminar algo distinto a lo que ya previamente había concluido en el caso Scotiabank, cuando le dio curso al cierre de cuentas.

A la fecha, las empresas del Grupo Scuncio mantienen sus cuentan bancarias cerradas y el empresario está a la espera del fallo de la Corte Suprema por otro recurso de protección que presentó luego de que Banco Security también cerrara sus cuentas personales.

El lío judicial-financiero comenzó con el informe que realizó la unidad especializada de Scotiabank, la cual recomendó a la Gerencia de Anti Lavado de Dinero (AML) en enero de 2019 el término de la relación comercial con las empresas de Scuncio “basándonos en la ausencia de sustento económico en la recepción de fondos desde Inversiones Ramaja a las empresas relacionadas y en el origen transaccional de sus fondos con el gobierno de Venezuela (sanciones)”. Banco Itaú, dice el documento, también había procedido de la misma manera.

Inversiones Ramaja es la principal sociedad del argentino, de la cual salen otras como Embotelladora Dos Banderas SpA -elaboración y envasado de bebidas de fantasía-, Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada -de giro inmobiliario- y Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A., dedicada al transporte de abarrotesy sacos de urea, entre otras cosas.

El banco descubrió que, tras el cierre de las cuentas corrientes de Inversiones Ramaja S.A. en enero de 2019, el empresario argentino traspasó millonarios montos desde éstas a cuentas corrientes de las empresas Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A. y Embotelladora Dos Banderas SpA. La primera recibió entre el 18 de enero de 2019 y el 4 de febrero de 2019, depósitos por un total de $280.935.000. Luego, entre el 4 y el 11 de febrero, la segunda sociedad recibió depósitos por un total de $310.793.000.

Para el banco las transferencias de fondos “carecían de sustento económico” y elevaron sus sospechas por el origen de los fondos del grupo Scuncio, pues en un periodo de breve de tiempo fue inyectando capital a las empresas aguas abajo del entramado societario. En efecto, sólo durante 2018 y los dos primeros meses de 2019 las sociedades de Scuncio antes mencionadas recibieron abonos de capital por $3.226.473.677.

En el proceso abierto por Banco Security este año, esta entidad también acusó la irregularidad de movimientos bancarios, luego que entre 2017 y 2019 Scuncio efectuara 36 depósitos en efectivo por un total de $360.670.100 entre sus sociedades.

Pero el punto que llevó a Scotiabank a cerrar las cuentas fueron los vínculos que las sociedades declaraban con Venezuela. “Las Unidades de Análisis Financiero a nivel latinoamericano han llamado a las instituciones bancarias a elevar un Reporte de Operación Sospechosa por transacciones realizadas por personas o entidades vinculadas al régimen de Nicolás Maduro”, reza el informe.

En efecto, y tal como lo expuso en el esquema que se ve a continuación, Inversiones Ramaja tenía una doble vinculación con Venezuela, pues importaba -al menos desde 2014- urea a Chile proveniente de ese país, mientras desde 2016 aparecía vendiendo insumos para las cajas CLAP directamente al gobierno de Maduro. En específico, a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).

En Chile -según documentos adjuntados en la causa judicial- vendía la urea, un insumo para fertilizantes, a grandes clientes, como Agrogestion Vitra S.A; Anagra S.A.; Iansagro S.A.; Oxiquim S.A.; Enaex S.A. y Soquimich Comercial S.A. Esta última, al igual que Empresas Iansa, aseguraron que no cuentan con lazos comerciales a la fecha con el grupo Scuncio.

El documento sostiene que International Petrochemical Sales Limited -sociedad constituida por Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven) en las Islas Vírgenes Británicas- es la proveedora de urea a Ramaja. Ésta “se encuentra listada en los Panamá Papers junto a una serie de entidades creadas por el gobierno de Venezuela en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, mencionándose en medios de prensa que son también el puente para su asociación con el gobierno de Irán”, dice el escrito.

Según quedó establecido en el Diario Oficial chileno, en 2016 Scuncio creó una sociedad denominada Suministros del Sur S.A. junto al abogado venezolano Luis Fabián Alexander Sánchez, quien visitó Chile en ese entonces. Sánchez era el representante legal, justamente, de International Petrochemical Sales Limited. A partir de ese año, comenzaron también las ventas de insumos de alimentos por parte de Scuncio a Venezuela.

El mismo informe advierte de los reportes de prensa que alertaban sobre las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) enviadas por Inversiones Ramaja Limitada a Venezuela desde el puerto de Valparaíso a La Guaira, en ese país. Y establece que solo entre 2017 y 2018 recibió ingresos por US$32.700.000 por dicho concepto.

Otro de los argumentos que tuvo en consideración Scotiabank para el cierre de las cuentas fue el hecho de que en Distribuidora Llacolén registrara en ese entonces como socia “a Mariela Fernanda Tetti, ex Directora de Servicios de Suministros de Desarrollo Social de Río Negro (Argentina), sancionada por falta a la probidad funcionaria por uso de fondos del estado”, consignó el estudio al que tuvo acceso La Tercera PM.

La defensa del Scuncio sostuvo en el mismo caso que, en enero del año pasado, el ejecutivo del banco Scotiabank, Fernando Catalán Lobos, comunicó el cierre de las cuentas corrientes de Inversiones Ramaja S.A. aduciendo “órdenes superiores” pues estaban haciendo esto con sociedades que mantuvieran movimientos económicos con Venezuela. El cierre de sus cuentas se concretó el 6 de febrero.

El cierre de Scotiabank traería consigo -según la defensa de Scuncio- una serie de complicaciones, ya que “comercialmente no podrá pagar a proveedores, no podrá pagar remuneraciones y, en general, no podrá ejecutar ningún acto comercial bancario, siendo imposible transar con dinero en efectivo, considerando la inseguridad de aquello y las cantidades de dinero con las que operan las sociedades aludidas”.

“No se trata de “criminalizar” las actividades de la recurrente. No nos corresponde y no es nuestro deber ni intención. Pero frente a un cliente que desarrolla actividades calificadas por nuestras autoridades como “de alto riesgo”, y ante un escenario de falta de información y desconocimiento del origen de los fondos, la única manera de dar debido cumplimiento a la letra y espíritu de la Ley N° 19.913 y Ley N° 20.393 es proceder al cierre de la respectiva cuenta corriente, y al reporte del caso a la autoridad correspondiente”, respondió la defensa de Scotiabank a la arremetida de Scuncio en su escrito que data del 29 de marzo de 2019.