El ingeniero comercial Evópoli a cargo del equipo que desarrolló la Coronapp del gobierno
Lanzada a primera hora de ayer, la Coronapp había sido descargada hasta esta mañana por unas 12 mil personas que para usarla deben dar acceso a sus datos personales a través de su RUT y la Clave Única, punto que ha sido discutido por organizaciones de derechos digitales. Detrás de su desarrollo está un equipo de técnicos de la División de Gobierno Digital -y del Minsal- cuyo jefe es Francisco Rodríguez, ingeniero comercial, militante de Evópoli y hombre de confianza del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Hasta esta mañana la habían descargado unas 12 mil veces, desde que a primera hora de ayer fue liberada -antes de que el Presidente Sebastián Piñera la anunciara por Twitter a las 8 AM- en las tiendas digitales de Apple y Google. Para usarla hay que ingresar o el RUT o la Clave Única del Registro Civil, pero no solo los del titular de la cuenta, sino que hasta ocho personas más cuyos datos personales también deben ser ingresados. Éstos se almacenan en un servidor de Amazon alojado en Estados Unidos, y también tienen acceso a ellos desde el Ministerio de Salud. Esas son algunas de las particularidades de la Coronapp, la aplicación del gobierno para monitorear digitalmente el avance de la pandemia, y que al igual que en otros países despierta interrogantes acerca de la confidencialidad de dichos antecedentes.
Detrás de este software que maneja tal volumen de información está un equipo de una repartición dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) llamada División de Gobierno Digital, y cuyo director, el ingeniero comercial de la Universidad Católica Francisco Rodríguez Landeta (33) tenía agendada al mediodía de hoy una reunión con Piñera y parte del Segundo Piso para, precisamente, analizar las primeras horas de funcionamiento de la aplicación. El directivo encabeza una unidad numerosa, con cerca de 75 funcionarios que agrupan variadas profesiones y disciplinas, que ocupan casi media planta del Edificio Moneda Bicentenario (Teatinos 92, a un costado de la Casa de Gobierno).
De todo ese contingente, es un grupo reducido el que estuvo a cargo de desarrollar la aplicación, inspirada -pero no idéntica- a productos similares que ha usado el gobierno de Corea del Sur para monitorear a su población. La versión chilena la elaboró un equipo de 5 a 6 personas, cuentan en el gobierno, que trabajan en Gobierno Digital y en el Ministerio de Salud. Entre los primeros están de 3 a 4 desarrolladores de software y un diseñador UX (de user experience o experiencia del usuario), que es el encargado de asegurarse de que quien la baje la pueda usar fácilmente, sin problemas y sin perderse. Junto con ellos, trabajó también un desarrollador del Minsal.
La aplicación le permite a uno reportar y controlar sus síntomas, recibir información sobre la pandemia y “activar” digitalmente su cuarentena, para lo cual también ha de proporcionar su geolocalización. En rigor, la política de privacidad de la app requiere que uno entregue los siguientes datos, además del RUT: email, nombre y apellido, edad, comuna y ciudad de residencia y el número telefónico, además de los medicamentos que toma, otras enfermedades, y síntomas. Todo este caudal de datos pone la lupa en quiénes tienen acceso a éstos, qué tan resguardados están y otros detalles.
En la primera línea está el equipo de Rodríguez, que está a cargo de dicha división desde el año pasado; en la Segpres figura con rango de directivo y contratado como personal de planta desde el 25 de julio, con un sueldo de $6.359.370. Lo nombró ahí Gonzalo Blumel cuando era titular de la Segpres, y ambos se conocían desde Piñera, Parte I. Entonces, Rodríguez trabajaba en la División de Coordinación Interministerial de esa cartera (de junio del 2012 hasta el final del gobierno), que a su vez se encargaba de la rendición de cuentas o delivery unit.
Esta última había sido creada por el superior que en ese tiempo tenían Rodríguez y Blumel -quien era jefe de la División de Estudios-, Cristián Larroulet, entonces ministro y hoy jefe de asesores presidenciales del Segundo Piso. Terminó el gobierno y el jefe del equipo Coronapp eligió militar, al igual que el sucesor de Andrés Chadwick, en Evópoli. Ahí dicen que no ha hecho vida de partido.
Después, el 2014 creó y dirigió Proxima Servicios, una empresa B que presta operaciones de subcontratación y otros, y entre cuyos socios fundadores está otro veterano de la Segpres de Larroulet, el ingeniero industrial eléctrico Claudio Seebach. Luego se fue a estudiar a Estados Unidos y tras volver, Blumel lo reclutó para encabezar la división. Al volver a La Moneda, el ministro la había reformulado y armado un equipo propio, aunque con el primer director, Andrés Bustamante, no tuvo suerte: debió salir luego que se ventilaran en la prensa denuncias de maltrato laboral.
Hecha la pérdida, Blumel reclutó de vuelta a Rodríguez; además de militar ambos en el mismo partido, son cercanos, comentan en el gobierno. En la división se encargan de generar, habilitar soluciones digitales al aparato estatal, y dar soporte. Sus casi 80 funcionarios se dividen en áreas de infraestructura, experiencia de usuario, atención institucional, jefaturas de producto y digitalización, y compras tecnológicas, entre otras.
El gasto en este último ítem para este año considerado en la Ley de Presupuestos es de $213.499.000. En personal, $1.339.676.000.
Antes de la Coronapp, el equipo de Gobierno Digital creó el año pasado ComisaríaVirtual, la misma aplicación que hay que usar para tramitar salvoconductos y permisos temporales que permitan salir por pocas horas del hogar en cuarentena, y que por algunas horas estuvo saturada cuando se decretaron las primeras cuarentenas en comunas de la Región Metropolitana. En la división tienen otro equipo, de cinco o más funcionarios, exclusivamente a cargo de Comisaría Virtual por turnos, tanto para evitar que colapse como para incorporar trámites adicionales o modificar los que hay.
La eficacia de la nueva app está por verse según cuántas personas la usen, entre otros factores. Pero desde ya encara objeciones por eso y por el manejo que haga de los datos privados, los que el Minsal ha insistido en estas semanas que cuida con celo extremo en el caso de los pacientes contagiados. La Fundación Derechos Digitales ya planteó sus aprensiones en un artículo que publicó ayer titulado La inutilidad del atajo tecnológico desplegado por el Gobierno y sus riesgos, y que reclama que “es sumamente problemática, riesgosa y, en última instancia, muy poco útil”.
Según el organismo, esta información sensible “da cuenta del estado de salud o hábitos personales del usuario”, especialmente en lo que toca a la geolocalización. Además, cuestiona que los síntomas y condición médica “no necesitan ser combinada con datos de identificación individual para hacer una contribución efectiva al diagnóstico” y que la app “odría recoger toda esa información y entregar recomendaciones en forma anónima o seudónima (si la persona crea un perfil con un avatar y alias), con exactamente la misma efectividad”.
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