Mañana miércoles será un día clave para el futuro de la Universidad La República. El Consejo Nacional de Educación (CNED) sesionará de manera extraordinaria para evaluar si decreta el cierre de la casa de estudios que atraviesa una “grave crisis financiera, patrimonial y administrativa”. Esto, luego de que el 30 de marzo, la Superintendencia de Educación rechazara el plan de recuperación presentado por la institución, cuya actual junta directiva es presidida por el académico Sergio Moras Opazo.

Respecto de los demás integrantes, sólo se sabe que Macarena Carvallo (PR), exsubsecretaria de Previsión Social y Deportes del gobierno de Ricardo Lagos, es miembro de ella, mientras que su padre, Leonardo Carvallo (PR), dejó de ser el presidente de la mesa. Sin embargo, oficialmente la institución -históricamente ligada a la masonería- no ha informado del cambio, aunque está obligada a hacerlo a las autoridades, y todos los documentos y referencias a este respecto fueron bajados de su sitio web.

En su investigación, que se extendió por más de un año, la superintendencia detectó una serie de falencias en la universidad. El informe concluyó que la casa de estudios sufre un “creciente déficit financiero, disminución sostenida de la matrícula, millonarias deudas y desórdenes contables y administrativos”. La institución no sólo mantiene obligaciones previsionales impagas con sus trabajadores, sino que acumula un déficit financiero de $13.900 millones. A ello se añaden incumplimientos en el pago de arriendos de los inmuebles en los que funcionan sus sedes.

El escenario no es nada halagüeño para la Universidad La República. Este lunes, a eso de las 18 horas, por medio de una carta publicada en su página de Facebook, la institución develó su última chance para evitar el cierre definitivo. “Nos resulta muy grato informar que el día miércoles 14 de abril, en el H. Senado de la República se realizaron distintas manifestaciones de apoyo a nuestra universidad”, se lee. En la misiva, agradecen a los senadores José Miguel Durana (UDI), Juan Castro (ex RN), José Miguel Insulza (PS) y Alejandro Guillier (ind), “quienes el lunes pasado oficiaron al Mineduc para plantear su preocupación por lo que acontecía con la universidad y sus estudiantes, siendo la primera gestión realizada por la Alta Cámara Legislativa”.

Conocida la decisión de la superintendencia y la posterior aprobación de cierre por parte del Mineduc, las autoridades de la universidad optaron por desarrollar una intensa defensa institucional, la que incluyó reuniones con parlamentarios. “Asumimos el compromiso de realizar todas las acciones necesarias que nos permitan proteger nuestra universidad, ya que tenemos el deber moral de resguardar esta casa de estudios superiores”, señaló el rector Fernando Lagos, mediante una declaración que figura en el sitio web de la institución.

En efecto, a los pocos días de conocerse el lapidario estudio del regulador, un grupo transversal de senadores activó una serie de gestiones para levantar un “plan de salvataje” con ribetes políticos. El senador Durana (UDI) logró reunir 23 firmas de sus pares en un proyecto de acuerdo que será votado hoy, a las 16 horas, por la sala del Senado.

Este pide que “se consideren las particulares circunstancias en las que se encuentra la totalidad de las universidades de nuestro país como producto de los efectos económicos de la pandemia”, la “aplicación de otras alternativas distintas a la sugerencia de cierre de la Universidad La República”, y que se le permita subsanar las observaciones que le han sido formuladas. Además, solicitan que pueda renegociar sus deudas por medio de un crédito con el BancoEstado a través de Fogape.

“Nosotros ejercemos presión para que la decisión que tome la autoridad piense qué pasará con los más de 3.500 estudiantes que no sabrán qué gestiones hacer para reubicarse en un contexto de estado de catástrofe constitucional”, sostuvo el senador Durana, cuyo abuelo fue masón y contador del Ferrocarril Arica-La Paz. Los parlamentarios afirman que lo que les preocupa es el destino de los estudiantes por la falta de oferta académica en regiones.

En la misma tónica, el senador del Alejandro Guillier (PR), reconocido masón, sostuvo que la universidad “tiene una cantidad de alumnos reales y que le ha ido bien en el proceso de admisión”. “No resulta razonable que no le den ni siquiera la oportunidad de renegociar y su cierre es un daño a miles de familias”, acotó el senador por Antofagasta.

“Esto no tiene tintes políticos, pero está la sospecha de que como es una universidad “progresista” haya gente en el gobierno que no tenga la mejor disposición para que subsane sus problemas. Esto tiene que despolitizarse y la autoridad tiene que ayudarla”, añadió el periodista. “No somos todos masones, esta es una lista larga de senadores y es transversal, pero ojo, la Universidad La República no es de la masonería, lo que pasa es que mucha gente se confundió, porque un rector fue gran maestre de la Gran Logia de Chile. No hay muchos senadores y diputados masones, no es por ahí que tengan influencia en el Congreso. Además, yo no soy patrocinador, sino que es Durana”, concluyó.

A las firmas se suman las favorables intervenciones en sala de los senadores Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier (PS) y José Miguel Insulza (PS), quienes han instado al Mineduc a encontrar una salida alternativa que evite el cierre de la casa de estudios, que este año cumple 30 años de historia. “Es realmente increíble que una organización del Estado le comunique primero a la prensa sus determinaciones y no se digne a notificar al afectado. El rector de la universidad solicitó copia del oficio con el cual se remitieron los antecedentes al consejo y hasta la fecha no ha tenido respuesta”, sostuvo Insulza, quien relató que diversos senadores se han reunido con el rector y autoridades de la universidad.

Frente a la arremetida del Senado, el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, explicó que todo el proceso de fiscalización se llevó a cabo en apego a la legalidad vigente. La autoridad sostuvo que la decisión de recomendar el cierre de la Universidad La República obedece al resguardo de sus alumnos, luego de que durante más de un año de investigación se llegara al “convencimiento de que su delicada situación institucional representa una inminente amenaza para la continuidad de la entrega del servicio educacional a sus estudiantes”.

“De ser aprobado por el CNED, el plan de cierre implicará el nombramiento de un administrador de cierre, para darles continuidad de estudios a esos alumnos y reubicar a los que corresponda. Es necesario enfatizar que las acciones desplegadas por esta superintendencia han apuntado a exigir el cumplimiento de la ley, priorizando el beneficio y la seguridad de las comunidades estudiantiles, mediante la exigencia del nuevo marco regulatorio que es más estricto, cumpliendo fielmente lo que, de manera transversal, aprobó el Congreso Nacional hace algunos años”, concluyó.

En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explicó que “entendemos la preocupación de los senadores por el futuro de los estudiantes de la Universidad La República, y por eso mismo es que basándonos en los antecedentes que nos ha provisto la superintendencia hemos visto que no tiene posibilidades reales de recuperación, por lo cual hemos solicitado su cierre. Evidentemente, en caso de que el CNED finalmente lo ratifique, designaremos rápidamente a un administrador de cierre que garantice la continuidad de estudios de los alumnos, independientemente de la región en la que estén cursando sus estudios”.

El complejo escenario de la Universidad La República no es nuevo. La casa de estudios suma más de 10 años arrastrando un creciente déficit financiero, conflictos judiciales y cuestionamientos de carácter académico que han puesto en duda su viabilidad institucional en más de una oportunidad.

En abril de 2011 la universidad estuvo a punto de ser declarada en quiebra. En ese momento tenía deudas que ascendían a los $ 3.752 millones, siendo el Banco de Chile uno de los 11 acreedores demandantes.

Para evitar el cierre de la institución se propuso la creación de un convenio judicial preventivo, mediante el cual los ingresos de la casa de estudios fueran gestionados por una administradora de fondos, autónoma a la universidad, de manera de asegurar que la universidad pudiera seguir funcionando y que pagara, paulatinamente, a los acreedores.

El 26 de abril de 2011, el Noveno Juzgado Civil de Santiago aprobó el convenio judicial y nombró al abogado Patricio Jamarne como síndico a cargo del proceso. Sin embargo, el 22 de octubre de 2012 Jamarne presentó su renuncia, describiendo en su decisión un escenario muy similar al que la SES expuso en su solicitud de cierre de la universidad.

Diez años después, el escenario sigue siendo incierto. El pasado 22 de marzo, la Corte Suprema rechazó en todas sus partes los dos recursos de casación presentados por la Universidad La República y por una empresa relacionada a esta para frenar la demanda presentada por el Banco de Chile, en que exige el pago de $ 399.189.000, más intereses, correspondiente a préstamos que no fueron pagados por la institución universitaria.

Tras este pronunciamiento, el jueves 8 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó el cúmplase y ordenó devolver los antecedentes al 9° Juzgado Civil de Santiago, estableciendo así que no proceden más recursos respecto de la resolución que acogió la demanda el 14 de septiembre de 2018. De esta manera, una vez que el tribunal certifique que la sentencia está ejecutoriada, el Banco de Chile podrá solicitar su ejecución, o bien, pedir la liquidación de la universidad.

Esta noticia agudiza aún más la situación de la U. La República, que según lo recabado por la SES -a través del procedimiento administrativo que le instruyó- arrastra un grave déficit financiero, por lo que cualquier exigencia de pago podría llevar a la institución a un colapso que le impida seguir entregando el servicio educacional a sus estudiantes.

Producto de los diversos conflictos que enfrentaba la universidad, en enero de 2012, el entonces gran maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros, marcó distancia de la Universidad La República, que fue fundada en 1988 como un proyecto educativo promovido por la masonería de Chile, señalando que no “respaldaba ni avalaba” los esfuerzos que los encargados de dicha casa de estudios superiores estaban haciendo para retomar sus carreras y programas académicos.

En ese contexto, Riveros declaró que “nunca existió ninguna vinculación formal o institucional de la Gran Logia de Chile con la Universidad La República, aparte del hecho público y notorio que sus propietarios y directivos han sido o son miembros de la masonería chilena”.

El también exrector de la Universidad de Chile fue más allá incluso, y por primera vez solicitó oficialmente el retiro de los símbolos asociados a la logia que la universidad hasta el día de hoy incluye en su escudo.

Por su parte, el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, lamentó el inminente cierre de la casa de estudios y reiteró que “no existe ninguna relación institucional”. El representante de la masonería recordó que en su minuto sus antecesores salieron a aclarar los supuestos vínculos que unían a la masonería con la Universidad La República. “Lamento en lo personal esta situación, pero no hay una opinión de la Gran Logia y de la masonería. Desconocemos mayores detalles y no tenemos ninguna información sobre este caso”, acotó.

La Tercera intentó conocer la versión del rector de la Universidad La República, Fernando Lagos. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta a los llamados ni mensajes vía WhatsApp. Desde el Partido Radical afirmaron que no existe ninguna relación formal ni informal con la Universidad La República.