El nuevo desafío de Daniel Ortega contra las ONG en Nicaragua: disuelve y confisca bienes de la Cruz Roja

Por unanimidad y sin oposición aparente, el gobierno del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió disolver y confiscar todos los bienes de la Cruz Roja en el país tras acusarla de violar la neutralidad durante las protestas opositoras de 2018.

En aquel momento, el organismo humanitario internacional salió a las calles a tratar y curar a miles de opositores a Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, luego de que los manifestantes resultaran heridos producto de los enfrentamientos tanto con la policía como el Ejército nicaragüense. Medios opositores aseguran que la cruzada oficialista se debe, precisamente, a que los voluntarios de la Cruz Roja atendieron a los manifestantes, consignó Deutsche Welle.

En 1863, en Ginebra, la famosa organización fue fundada para proteger a las víctimas de conflictos armados por el banquero suizo Henri Dunant, quien ganó el primer Nobel de la Paz en 1901, nueve años antes de su muerte.

A través de la Asamblea Nacional, la que está controlada en su totalidad por el Frente Sandinista de Ortega, fue derogado “el Decreto Legislativo número 357 (...) del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense”, se lee en la resolución. Si bien ese fue el año de la creación oficial, la institución funcionaba en la nación centroamericana desde 1931, cuando Managua sufrió un terremoto, seguido de un gran incendio que arrasó a la ciudad casi en su totalidad, detalla el sitio web oficial.

Contaban con 28 filiales a lo largo del país, distribuidas entre ciudades y pueblos. Además, cerca de 2.000 voluntarios y 63 ambulancias componían sus filas, explica la página del organismo. La recaudación de sangre y el apoyo en la realización de los exámenes para obtener licencias de conducir, también era parte de su trabajo, detalló Deutsche Welle.

Previamente, en marzo de 2022, el jefe de misión Thomas Ess fue expulsado sin que el gobierno de Ortega informara de los motivos de la decisión, lo que se suma a la negativa para que la Cruz Roja pudiera entrar a las prisiones, explicó el diario español El País.

Como reemplazo, se creará un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, aseguraron en Nicaragua, el que funcionará bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud (Minsa).

La medida, argumentaron los diputados oficialistas, se fundamenta en que la ahora disuelta organización trabaja bajo los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”. Esto, según el Frente Sandinista, no se habría cumplido, ya que en 2018 actuaron “contra esos principios”.

En el documento oficial entregado por los legisladores leales a la administración Ortega-Murillo, afirman que “en los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”.

Dichas movilizaciones sociales se extendieron por más de tres meses, donde se registraron cortes de carreteras y enfrentamientos entre las fuerzas de orden y manifestantes en distintos sectores de Nicaragua. El saldo de muertes, según la Organización de Naciones Unidas, fue cercano a las 300, lo que fue calificado por organismos internacionales como un intento del gobierno por reprimir violentamente a quienes protestaban, recordó AFP y The Associated Press. Ortega, en tanto, aseguró que se trataba de un intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos.

A través de un breve comunicado, la oficina de comunicación de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central dijo a AFP que tienen “conocimiento sobre la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua respecto de la Cruz Roja Nicaragüense. Como es una situación en desarrollo que está siendo estudiada, por el momento, no podemos hacer comentarios”.

Más dura fue Ana Quirós, experta en salud pública y feminista desnacionalizada que criticó la situación en declaraciones a El País. “Esto es el colmo, otro intento de controlar absolutamente todo lo que sucede en Nicaragua. Esto violenta las normativas internacionales y los principios internacionales de la Cruz Roja”, aseveró Quirós. “Al pasar a ser una instancia gubernamental, deja de ser realmente Cruz Roja, que es una organización que debe ser, en primer lugar, apolítica y, en segundo lugar, debe ser independiente. En tercer lugar, debe ser no discriminatoria. Y lo que sabemos del Ministerio de Salud y de la actitud del gobierno es todo lo contrario”, agregó.

En el centro de la disolución de la Cruz Roja, está una política que se viene repitiendo desde hace años en Nicaragua. Desde 2018 a la fecha, 3.290 organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido desbaratadas al no acatar la Ley de Agentes Extranjeros, definida por el mismo diario español como “una de las normativas para acallar a y desarticular a la sociedad civil”.

Dicha disposición se transparenta en el documento con el que el gobierno de Ortega respalda la decisión, al afirmar que la Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido “sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, puesto que no presentó “estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”.

Entre las organizaciones desarticuladas, destacan las gremiales de empresarios y universidades católicas, recordaron medios internacionales.

La Asamblea Nacional de Nicaragua fue más allá, sin embargo. También ordenó el “traspaso de bienes” -eufemismo para referirse a una confiscación, aseveró El País- desde la Cruz Roja hacia el nuevo ente que crearán como reemplazo en el Ministerio de Salud.

“Todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (Minsa)”, detallaron los sandinistas que aprobaron el cierre del organismo humanitario.

Para Ana Quirós, la situación es preocupante porque “al pasar a ser parte del Ministerio de Salud, pierde toda independencia”. “Si nos viéramos en una situación como la de 2018, la Cruz Roja también se vería impedida incluso de trasladar a personas heridas o negarles la atención, tal cual hizo el sistema público de salud con los manifestantes”, se lamentó.