El “segundo tiempo” de Bermúdez: más denuncias ciudadanas, nuevo sitio web y control sobre instituciones públicas

En la antesala de su aniversario número 94, la Contraloría General de la República lanzó ayer una verdadera bomba: envió sendos oficios para fiscalizar los fideicomisos ciegos del Presidente Sebastián Piñera, los cuales están administrados por las entidades financieras Altis, BTG Pactual y Moneda Asset.

Estas últimas dos firmas tienen inversiones en acciones y pasivos de Enjoy, empresa cuya ejecución de obras de casinos -junto a Sun Dreams- fue objeto de una prórroga a fines de enero, por medio de un decreto del Ministerio de Hacienda, firmado por Piñera y el ministro Rodrigo Cerda. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados centrada en la insolvencia del grupo Enjoy acusó entonces la existencia de un conflicto de interés entre el decreto firmado por el Mandatario y un eventual beneficio hacia esta empresa.

La decisión de la Contraloría, comandada desde marzo de 2015 por el abogado, Jorge Bermúdez, va en la línea de lo que ha sido su gestión durante su primera etapa: mayor control y fiscalización sobre instituciones claves del Estado, como Carabineros, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), municipios, los bonos Covid-19 del gobierno. Incluso, con una intervención directa en el propio ente contralor, al llevar a la Corte Suprema una contienda con la subcontralora Dorothy Pérez, la que perdió y debió dar pie atrás en su intención de sacarla de su cargo.

Cumpliéndose cuatro años en el cargo, Contraloría ya diseñó el plan estratégico con miras a los próximos cuatro años, el que, además, pretende dejar encaminada a la institución a su centenario.

“El valor de la Contraloría está dado porque es una institución confiable y nosotros no podemos defraudar esa confianza”, dijo Bermúdez a sus funcionarios, en el marco del lanzamiento de este “segundo tiempo”. Además, agregó que “en cada uno de nuestros productos, en cada una de nuestras actividades tenemos que tener en cuenta que hay un valor, que es la integridad pública que tenemos que salvaguardar”.

En esa misma línea es que el ente contralor busca trabajar en tres focos, explicaron desde la institución: innovar, para ser una organización ágil y flexible; conectar con el entorno, para realizar un control que responda activamente, e impactar en temas importantes y sensibles. Esto último ha sido parte del sello que algunos ven en Bermúdez, que -de hecho- ha impactado a instituciones como Carabineros al plantear una inédita investigación administrativa sobre el rol de los generales tras el estallido social, lo que ha generado una tensión con la policía uniformada, sobre todo cuando levantó cargos en contra de algunos miembros del alto mando, recomendación que hoy debe ratificar o rechazar el propio general director Ricardo Yáñez.

En el caso de la “innovación”, lo que Bermúdez busca, según el Plan Estratégico 2021-2024, es incentivar “el desarrollo de las personas funcionarias para contribuir al bienestar de la ciudadanía; transformando a la CGR en una organización impulsada por datos y promoviendo el trabajo colaborativo como herramienta de fortalecimiento institucional”. En cuanto al ítem “conectar”, acá el foco estará puesto en potenciar el “enfoque preventivo”; aumentar la participación de la ciudadanía en procesos de alto impacto, e “incidir a nivel nacional e internacional en instancias que promuevan el control público como pilar para una mejor democracia”.

El nuevo plan de la Contraloría, además, busca potenciar las funciones de los departamentos de Auditoría, Jurídica y Contabilidad. Esto ya está en curso y para Bermúdez pretende ser “una de las transformaciones más relevantes en la historia de la Contraloría”, luego de recibir una serie de recomendaciones del Banco Mundial. Desde la institución, ubicada en Teatinos 56, explicaron que se está trabajando en base al uso de softwares de procesamiento de datos, entre ellos, el Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA), el cual permite la extracción, depuración, muestreo y reporte de datos, soportando 2,1 billones de registros y 32.167 campos, y así auditar el pago centralizado de deudas de los servicios públicos, como las compras por Covid-19 (insumos médicos, equipos), e Ingreso Familiar de Emergencia, además del Ingreso Mínimo Garantizado (Mideso); cifras de contagiados y fallecidos (Minsal); Comisaría Virtual; Registro Social de Hogares (Mideso); residencias sanitarias, remuneraciones de Carabineros, e Informes de Permisos de Circulación, entre otros.

Asimismo, la acción de la Contraloría en la pandemia ha obligado la institución a adaptarse e implementar nuevas formas de fiscalización inteligente. Si en 2019 recibieron 24 mil denuncias ciudadanas, en 2020 ingresaron 40 mil de estas acciones. Para este año se pretende mantener este promedio de requerimientos, incluso, podría aumentar, comentaron. “Las denuncias son demanda imprevista, vale decir, aumentan nuestra oferta de control, exigen a nuestros equipos de fiscalización, pero con la dificultad de mantener el estándar de realización de auditorías (que es donde jugamos la autonomía institucional)”, explicaron.

Finalmente, el nuevo Plan Estratégico de la Contraloría busca tener una mejorada “puesta en escena”, la que contempla la renovación de la imagen institucional en cuanto a colores, ajustes en sus plataformas digitales y durante las próximas semanas se lanzará una versión del sitio web para teléfonos celulares. Estos servicios, precisaron, no serán externalizados.