El virus se interpone en el caso de ex socio chileno de PPK: Atrapado en Perú, pide que le tomen declaración

Hace pocas horas, el Poder Judicial de Perú prorrogó la suspensión de los plazos de trámites por 13 días más, lo que en la práctica significa que las Cortes sólo atienden asuntos de urgencia a causa de medidas de distanciamiento social por la pandemia del Covid-19.

La contingencia mantiene en ese país al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, ex socio del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien hasta antes de la emergencia sanitaria iba a ser interrogado por la Fiscalía tras ser sindicado como un “testigo clave” de los sobornos de Odebrecht al también expresidente Alejandro Toledo.

Con la prohibición de salir de Perú, encerrado en cuarentena en un hotel en Lima en el que ya no quedan pasajeros, Sepúlveda conversa con La Tercera PM sobre su incierto futuro judicial y los recursos de amparo que gestiona su defensa, liderada por el penalista y ex ministro de Justicia Juan Ignacio Piña. “Le pido a las autoridades peruanas que me tomen declaración. Que esta situación tan extraordinaria en la que me encuentro tenga el tratamiento adecuado al contexto que estamos viviendo”, sostuvo.

En ese sentido agregó que “me encuentro en Perú en calidad de testigo, sin embargo, tengo un impedimento de salida por 60 días y hasta el momento no he sido contactado por la fiscalía para prestar mi declaración, que es el único motivo por el que estoy acá. La declaración podría ser hecha desde aquí o desde Chile por video conferencia, como se ha hecho en muchos otros casos”.

Consultado si teme contagiarse de coronavirus, contesta que “lo relevante no es si me puedo contagiar, lo que me preocupa es qué hago si me contagio: no tengo sistema de salud en este país. La verdad es que no entiendo por qué debo seguir expuesto a esta situación, más aun en la calidad de testigo voluntario que es la que tengo en este caso”.

Finalmente expresó que “mi arraigo en Perú no amerita defensa porque me encuentro en calidad de testigo, sin embargo, se ha hecho muy difícil lograr que las autoridades presten atención a lo extraordinario de la situación”.

El abogado Juan Ignacio Piña sostiene que su cliente “está en una situación muy extraña y angustiante”. En ese sentido explica que se lo investiga por su histórica relación con PPK, se encuentran sin ninguna otra restricción más que la firma trimestral y la obligación de comparecer ante el Ministerio Público cada vez que sea citado. “Esto luego de que el Poder Judicial denegara la prisión preventiva solicitada por el fiscal José Domingo Pérez por no contar con antecedentes incriminatorios mínimos. Sin embargo, y esto es lo que ha resultado insólito además de arbitrario, le dictaron un impedimento para salir del Perú como ‘testigo’ en una causa en la que no tiene ninguna vinculación y en la que tampoco tiene antecedentes que aportar”, explica Piña.

El defensor de Sepúlveda dice que esta prohibición de salir de Perú era hasta que prestara declaración, pero el fiscal no lo ha citado y que dicha negativa a interrogarlo sucede desde incluso antes que se decretaran las medidas por la pandemia del coronavirus.

“Simplemente no le ha querido tomar declaración manteniéndolo privado de la posibilidad de volver a su país en medio de una emergencia sanitaria mundial. Lo más curioso y arbitrario es que también se ha negado a tomarle la declaración vía cooperación internacional, tal como lo permite la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, tal como se ha hecho con otros investigados y con él mismo en el pasado. Lo más sorprendente es que habiéndoselo concedido a investigados en estas mismas causas, se le niegue a un testigo. Esto es un verdadero encarnizamiento judicial”, sentenció.

Sobre el futuro judicial de Sepúlveda, Piña sostiene que presentaron un recurso de amparo. “Además de la apelación a la resolución que concedió el impedimento para salir del país, hemos optado por este recurso constitucional porque actualmente la situación es de riesgo. Para rechazarlo inicialmente se sostuvo que las fronteras de Perú y Chile estaban cerradas por lo que no podría regresar de acogerse el habeas corpus, lo que a todas luces es un error habiendo visto ya el trabajo que ha hecho nuestra Cancillería para repatriar compatriotas desde Perú. Esperamos que la sala revise esta decisión y honre la tremenda tradición jurídica que tiene el Perú", dijo.

En ese sentido, explicó Piña, la suspensión de funciones del Poder Judicial y el Ministerio Público peruano debido al Covid-19 ha dificultado la tramitación de estos recursos, pero en ese sentido ellos apelan a la urgencia que requiere un caso como este. “Se han establecido excepciones en casos urgentes y en ellos se realizan audiencias y los tribunales los conocen. No tenemos dudas de que este caso es uno de ellos tanto objetivamente como atendido el contexto de crisis sanitaria en que nos encontramos”, dijo.

Finalmente el abogado Juan Ignacio Piña sostuvo que su cliente no está acusado de nada, que ha sido citado a declarar como testigo, que se presentó de forma voluntaria y que el arraigo se decretó cuando el plazo de la investigación estaba vencido. “En aquella causa en que se negó su prisión preventiva por no haber antecedentes en su contra, se investigan pagos hechos por Odebrecht en el marco del llamado Caso Lava Jato. Pero incluso en esa causa todos los testigos que han declarado y los propios colaboradores eficaces de Odebrecht, que si mienten u omiten hechos pierden los beneficios pactados, han estado contestes en que en el caso de PPK y Sepúlveda no hubo ningún acto de corrupción”, aseguró.