En pie de guerra contra los “narco influencers”: Justicia oficia a Gendarmería por uso de redes sociales desde las cárceles

Cerca de las 2 de la mañana del martes 26 de diciembre, Antonella Marchant, condenada por delitos asociados al narcotráfico y pareja de la fallecida Sabrina Durán, conocida públicamente como “la Ina” o “ narco reina”, realizó su última transmisión en vivo desde Instagram. Lo hizo vulnerando todas las normas dispuestas, ya que la tenencia de celulares al interior de las cárceles está prohibida.

Sin embargo, la práctica se ha vuelto algo habitual para la interna, que incluso estuvo presente -de forma telemática- en el funeral de la joven de 24 años. Justamente por ello, Marchant ha seguido sumando seguidores y espectadores que se conectan a sus transmisiones.

Sus publicaciones no han pasado desapercibidas para las autoridades de Gendarmería, quienes constantemente han debido ordenar a los funcionarios que realicen revisiones de las dependencias para incautar celulares y una serie de de elementos prohibidos.

Pese a ello, internos en todo el país siguen logrando acceder a estos dispositivos electrónicos. No es sólo la mayor del “clan de Los Marchant” la que se ha posicionado en redes sociales y ya son varios los que se cuelgan a TikTok y otras aplicaciones para “interactuar” con el exterior.

Por lo mismo, las alarmas se volvieron a encender en el Ministerio de Justicia. Y de acuerdo con documentos a los que accedió La Tercera, el subsecretario del ramo, Jaime Gajardo, ofició el pasado 20 de diciembre al director nacional de Gendarmería para manifestarle su preocupación por la situación y solicitarle antecedentes.

Como se desprende del oficio n° 7347, el abogado también enfatizó ante Sebastián Urra sobre la necesidad de emprender los procedimientos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de la Ley 21.494, que sanciona a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

Como se indicó, fue el miércoles 20 de diciembre que Gajardo remitió el documento hasta las dependencias de Urra e indicó: “Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a la preocupación que ha surgido a nivel ministerial por el uso de redes sociales por parte de personas que se encuentran privadas de libertad en establecimientos pertenecientes a Gendarmería de Chile”.

Recordó, en el mismo sentido, que “la ley 21.494, sanciona a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, entre ellos teléfonos u otros elementos tecnológicos que les permitan comunicarse con el exterior”.

Y, por ende, el subsecretario le solicitó al directo “informar e instruir los procedimientos respectivos para asegurar la implementación de la norma legal aludida, y sus resultados”.

Ahora, por tanto, se espera que Sebastián Urra pueda acompañar los antecedentes que le fueron solicitados.

De acuerdo con detalles de los 19 allanamientos masivos que se han realizado en cárceles de todo el país durante 2023, personal de Gendarmería ha podido incautar 7.002 celulares.

Además, conforme a antecedentes a los que pudo acceder este medio, desde que el ingreso de celulares a penales es considerado un delito, se ha denunciado a un total de 194 internos por estos hechos.

En el marco de estos operativos, además, los efectivos penitenciarios también han retenido 15.038 armas blancas, 3.763 licor artesanal y 27,8 kilos de sustancias ilícitas (droga).