Entel, Costanera Norte, Aguas Andina y Minera Los Pelambres: La cartera de clientes del ex contralor Mendoza

Pocas horas antes de llevarse a cabo los alegatos por el recurso de protección en la Corte de Apelaciones que presentaron Claro y Entel en contra de la Resolución Exenta N° 1.289 de 19 de junio de 2018 de Subtel, la compañía controlada por el grupo Matte ingresó al tribunal un informe en derecho que encomendó al ex Contralor General de La República, Ramiro Mendoza.

Ambas compañías acudieron a la justicia para revocar la resolución de la subsecretaria Pamela Gidi que suspendió la explotación comercial de la banda 3.500 MHz, la cual serviría de estándar para el despliegue de la tecnología 5G.

El estudio de Mendoza concluyó que "los actos impugnados son ilegales y arbitrarios, por carecer de sustento normativo y de razonabilidad, vulneran los derechos y garantías invocados por los recurrentes". Según el informe, la resolución de la Subtel no cumplir con ninguno de los requisitos que contempla el artículo 14 de la Ley General de Telecomunicaciones para modificar un elemento de una concesión.

Ramiro Mendoza, abogado de la Universidad de Chile, y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, también dedica tiempo al ejercicio de la abogacía. Actualmente es socio de Mendoza, Oddo, Mori, Aguerrea & Gillmore, estudio conocido entre abogados de la plaza por sus siglas: MOMA, y que lidera junto al ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Matías Mori del primer gobierno de Sebastián Piñera.

Desde esa vereda, Entel no ha sido la única en solicitar los servicios del ex contralor. Según consta en la Plataforma del Poder Judicial, Mendoza mantiene una activa labor en materia de representación de distintas empresas y en su cartera de clientes figuran Costanera Norte, Aguas Andina y Minera Los Pelambres.

Sólo 19 meses después de dejar la Contraloría, el abogado presentó sus cartas en representación de un privado: Costanera Norte, sociedad controlada por Grupo Costanera, cuyos accionistas son Autostrade dell´Atlántico S.r.L. e Inversiones CPPIB Chile Limitada, cuyas sociedades son controladas a su vez por Atlantia S.p.A. y CPP Investment Board, respectivamente.

¿La razón, entonces, fue defender a la autopista ante la demanda colectiva que presentó en octubre de 2016, el Servicio Nacional del Consumidor por la interrupción del servicio generado a raíz del desborde del Río Mapocho y los trabajos que se realizaban al costado del cauce.

En su escrito Mendoza solicitó al tribunal declararla inadmisible por carecer de competencias el Sernac y legitimidad activa. Sin embargo, al día de hoy los intentos de la compañía han sido frustrados, y el 6° Juzgado Civil de Santiago continúa la revisión del caso.

"No existe una relación de consumo. Los usuarios de la autopista no son consumidores, no pagan un precio sino un tributo, la autopista no es un servicio sino que un bien nacional de uso público, no hay una relación contractual y la concesionaria no es un proveedor en los términos de la Ley de Protección del Consumidor", concluyó en aquella oportunidad Mendoza en representación de Costanera Norte.

Por otro lado, en octubre del año pasado, Aguas Andina, acreditó poderes de representación a Mendoza junto a Mori y Blanca Oddo, ex socia del estudio Jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana en el marco de la demanda colectiva que presentó Sernac debido a la interrupción del servicio de suministro de agua potable y el perjuicio generado a los consumidores entre los días 26 y 28 de febrero, ambos días inclusive y, el segundo, día 21 de abril, afectando a diversas comunas de la Región Metropolitana.

En su contestación a la demanda, Aguas Andina aseguró ser "no responsable de los eventuales incumplimientos que imputa el SERNAC, el demandante ha desconocido o hecho caso omiso a las actuaciones del fiscalizador sectorial de Aguas Andinas (la SISS), y, de esa manera, ha interpuesto una demanda legalmente prematura y carente de fundamentos".

Según la compañía: "El regulador sectorial no formuló cargos contra nuestra representada por interrupciones del servicio, sino que lo hizo fundado en otras presuntas infracciones de la normativa sanitaria".

El último desafío que asumió MOMA no es nada menor. A mediados de agosto pasado, Minera Los Pelambres ante el 12º Juzgado Civil de Santiago confirió la representación al estudio para defenderse frente a la arremetida que lanzó la Municipalidad de Salamanca que exige el cobro de derechos municipales que suman en total $51.805.413.522.

La Tercera PM consultó sobre la acción a Minera Los Pelambres, y aseguró que "no tiene ninguna deuda con el Municipio de Salamanca y cuenta con los permisos y concesiones que la ley establece para este tipo de instalaciones y construcciones, los que fueron otorgados por los organismos competentes y se encuentran plenamente vigentes".

"Así ocurre con la ocupación de caminos, respecto de los cuales MLP paga las contraprestaciones legales, a la Dirección de Vialidad y cuando corresponde, a la misma Municipalidad de Salamanca. Un ejemplo de esto es el pago que realizamos al municipio por el uso de un camino en el sector de Tahuinco, el que es administrado por el municipio y donde, por lo tanto, es procedente pagar los derechos", complementó.

Para la compañía "existe un mal entendimiento del Municipio respecto a los bienes públicos que le compete administrar. Esto dado que, si bien la ley orgánica de municipalidades dice que los bienes nacionales de uso público son administrados por las municipalidades, establece salvedades respecto a aquellos bienes que por su naturaleza sean administrados por otro organismo. Es el caso de los cauces naturales, cuya administración recae en la Dirección General de Aguas, toda vez que el Código de Aguas establece que es éste el organismo que debe otorgar permisos para su uso. Por supuesto, Minera Los Pelambres cuenta con estos permisos".