“Es un peligro para la sociedad”: tribunal mantiene en prisión preventiva a Leonarda Villalobos

Pocos minutos habían pasado de las 10 de la mañana, cuando ingresó -a través de Zoom- a la sala 803 del edificio B del Centro de Justicia una de las principales protagonistas del caso Audio, Leonarda Villalobos. Con lentes ópticos y un lápiz en mano, rápidamente tomó la palabra, luego de que el juez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago le pidiera identificarse. “María Leonarda Villalobos Müter, RUT...”, dijo la imputada y quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de siete meses.

Ese sería el comienzo de la audiencia de revisión de las medidas cautelares solicitada por la defensa de la abogada formalizada por los delitos de lavado de activos y cohecho. Jornada en la que el titular del juzgado capitalino finalmente mantuvo la prisión preventiva de Villalobos.

Pero antes de aquello, y por más de dos horas, las partes expusieron sus argumentos para mantener o cambiar la medida cautelar en contra de Villalobos. El primer turno lo tuvo su defensa, integrada por Alejandra Borda, Esteban Olivares y Vicente Sáez, quienes en su requerimiento compararon la situación penitenciaria de la imputada con la del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Precisamente ese fue uno de los primeros argumentos que esbozó la defensa de Leonarda Villalobos. En voz del abogado Olivares, argumentó su solicitud de cambio en la medida cautelar, inicialmente indicando que la profesional no ha logrado adaptarse a la Cárcel de San Miguel, que tiene presiones externas por el caso y que además ha tenido una colaboración eficaz en la causa. Motivos por los que pidió que se cambiara la prisión preventiva por la de arresto domiciliario nocturno o total.

Dicho aquello, Olivares fundamentó su requerimiento apuntando a lo que ha entregado Villalobos en la causa el último tiempo. Para argumentar aquello, el abogado citó varias veces la última declaración que prestó la abogada ante la Fiscalía, para referirse principalmente al negocio de Factop y los movimientos de dinero.

En ese sentido, afirmó que Leonarda Villalobos ha reconocido los hechos que se le imputan, como la entrega de cheques a la empresa de los hermanos Álvaro y Daniel Sauer, así como también de facturas ideológicamente falsas. Por otro lado, el abogado también apuntó a que confiaba en el factoring, especificando la confianza y figura que significaba la participación de Alberto Sauer, padre de los otros dos imputados.

Pero además de eso, la defensa de la abogada se extendió más de 30 minutos en la presunta colaboración que ha prestado Villalobos. En esa línea, detalló que la abogada entregó información importante a la Fiscalía Metropolitana Oriente en su comparecencia, especificando que en su testimonio expuso cuentas internacionales de los Sauer y de unas joyas entregadas por la exdiputada Andrea Molina en garantía de pago al factoring. También afirmó que el registro de la reunión de Luis Hermosilla, con el que comenzó este caso, es parte de los aportes que ha hecho la ahora imputada en la causa.

Todos “elementos que permiten un aporte importante a la investigación”, afirmó Olivares.

Por último, el abogado Olivares también apuntó a que la abogada y su esposo han intentado resarcir el daño al Fisco causado por sus operaciones, entregando más de $4 millones para pagar los movimientos no informados de sus empresas.

Después de casi una hora de exposición de la defensa fue el turno de la Fiscalía, la que en voz del fiscal de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, expuso sus argumentos para fundamentar su solicitud de rechazo al cambio en las medidas cautelares.

En palabras de Orellana, la defensa “erra” en el argumento de que Villalobos habría colaborado con la investigación, ya que estos antecedentes no varían en nada lo que hasta ahora se ha indagado. En ese sentido, y apuntando a la ya más que conocida grabación de la reunión, el fiscal rebatió el argumento de la defensa apuntando a que dicho registro la abogada lo hizo “por interés particular, egoísta y por interés económico”.

Junto con eso, el persecutor afirmó que todas las declaraciones que entregó Villalobos en la causa, a excepción de las últimas, fueron incompatibles con los antecedentes que la Fiscalía manejaba y que durante la investigación esta nunca colaboró, “incluso negando lo innegable, tapando el sol con un dedo”.

Por lo mismo, agregó, que todo lo que ahora reconoce Villalobos “ya era evidente durante la formalización”. En ese sentido, Orellana citó a la defensa, la que dijo que con su última declaración la abogada estaba dando “un pase de gol”, dichos a los que el fiscal rebatió diciendo: “Este es un pase de gol offside o después de los 90 minutos”.

“Lo que planteó la defensa fue, vengo a rendirme, no a aportar. No es nada nuevo, es decir ‘sí, mentí y le mentí a usted’”, agregó Orellana respecto a la última declaración de la imputada y que su defensa calificó como un aporte importante a la investigación.

Concluyendo su comparecencia, el fiscal de Alta Complejidad Oriente sostuvo que Villalobos seguía siendo un peligro para la sociedad y que su declaración más reciente solo era una “rendición frente a la fuerza de la prueba probatoria”.

Tras la exposición de ambas partes, y de réplicas cruzadas, el magistrado preguntó por las calificaciones legales que se estaban haciendo respecto al delito de soborno cometido por Villalobos, pidiendo al fiscal Orellana especificar lo que se había formalizado. A la defensa, por su parte, también le cuestionó el haber argumentado que el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) había realizado acciones que estaban a su alcance.

En la argumentación de su resolución, el magistrado cuestionó la calificación legal, en menor grado, solicitada por la defensa de Villalobos, afirmando que el funcionario público realizó las gestiones a solicitud de la abogada.

Respecto a la colaboración, el tribunal determinó que “no ha existido una colaboración sustancial”, pese a las menciones que hizo su defensa, “no se indicó por parte del defensor la manera concreta y específica en que sus dichos aportaron en esta investigación y cómo estos pudieron esclarecer los hechos”.

“Cree este juez más que tener como objetivo aclarar los hechos y cooperar, parece tener beneficios procesales”, afirmó el juez. En esa línea, agregó que “no han variado las circunstancias (...) hay antecedentes que justifican los delitos de la formalización y sirven para concluir que la imputada participó en calidad de autora en los hechos de formalización”.

Concluyendo, y sobre la necesidad de cautela, el magistrado argumentó que arriesga hasta 11 años de cárcel. “Parece ser difícil que este quantum de pena le permita cumplir la pena en libertad”, expuso el magistrado.

“El tribunal decide rechazar la solicitud de la defensa y decide mantener la prisión preventiva al considerar que la imputada es un peligro para la sociedad”, concluyó.