Exfiscal indagado por cohecho se querella contra Carlos Palma por ocultamiento de información y advierte “maniobras” irregulares

La polémica no se aleja del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Y es que a la investigación abierta en su contra por su vinculación con la causa de eventual tráfico de influencias en nombramientos judiciales, ahora se sumó una querella del exfiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez, por ocultamiento de información.

Palma investiga a Muñoz desde hace meses y recientemente lo formalizó por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el marco de la Ley 20.000 (de drogas), aunque a juicio de la defensa del imputado, encabezada por la abogada Marisa Navarrete, han ocurrido una serie de irregularidades durante el proceso.

En primer lugar, cuestionan que la formalización y fijación de medidas cautelares en contra del otrora persecutor se realizó a pesar de que se encuentra pendiente la apelación respecto a querella de capítulos acogida.

Pero lo más grave para la defensa es que Palma, como indicaron por medio de la acción que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ayer jueves 27 de junio, es que este habría ocultado una serie de antecedentes y realizado maniobras para tapar ese actuar.

“Durante la tramitación de la presente causa se han cometido, a nuestro juicio, graves irregularidades por parte del fiscal regional querellado, algunas de las cuales son irregularidades administrativas, las que han sido objeto de una reclamación de esa naturaleza ante el fiscal nacional, pero otras constitutivas, a nuestro juicio, de un delito penal”, se indica en el escrito de 16 carillas al que tuvo acceso La Tercera.

Según sostienen, “Palma ha ocultado antecedentes de la investigación que favorecían a mi representado y ha realizado maniobras para no ser descubierto en dicho ocultamiento. Lo anterior, a nuestro juicio, para instalar en la opinión pública y en sus superiores y tribunales una culpabilidad respecto de don Cristián Muñoz Pérez en un delito que ha sido descartado por los antecedentes que mantuvo ocultos”.

Detallaron, en ese sentido, que el mencionado fiscal regional mantuvo una carpeta paralela, sin foliación, en la cual existían antecedentes que desvirtuaban el supuesto delito de violación de secretos. En concreto, hicieron referencia a que cuando Muñoz mandó el mensaje “Vale, pero mañana la tengo difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de puq acá”, no existía causa penal por Ley de Drogas en contra del destinatario del mensaje, ni respecto del socio de dicho destinatario, como, dijo la defensa, lo sostuvo el Fiscal querellado.

En el mismo sentido, se subrayó en la querella, se mantuvieron ocultas declaraciones de policías antinarcóticos que negaban haber tenido reuniones con el fiscal imputado, que no habían estado en Puerto Natales en las fechas indicadas y que los antecedentes que permitieron detener al socio del sujeto que recibió el mensaje antes señalado surgieron días después de que este se enviara.

“Estos antecedentes solo fueron conocidos después que fuera apercibido a entregarlos, a solicitud de esta defensa, por la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, no sin antes haber instalado en la opinión pública la supuesta culpabilidad de mi representado”, se agregó en la acción.

Detallaron, de la misma forma, que para tapar el ocultamiento de datos, supuestamente Palma ”incorporó supuestos alzamientos de secreto que jamás existieron, fingiendo derechamente la realización de actuaciones que nunca tuvieron lugar, como se detallará, conductas todas ellas constitutivas del delito de obstrucción de la investigación cometida por un fiscal regional del Ministerio Público”.

Marisa Navarrete asumió la defensa del exfiscal Muñoz en marzo del año pasado, e inmediatamente pidió acceso a la carpeta investigativa, lo que debió reiterar en varias ocasiones producto de que no obtenía respuesta. Luego, eso sí, se le indica que la causa estaba bajo secreto, aunque no se detallaban los antecedentes que estaban sujetos a la medida, como exige la norma.

El 27 de abril de 2023, pese a que aún regía el secreto, el fiscal Palma le comunicó a la defensa que se alzaba la medida. Pese a ello, como se indicó en la querella, no se les dio copia. Once días después se les comunica que se estaban escaneando los tomos, por lo que pronto iban a poder tener acceso, lo que ocurrió el 10 de mayo.

El 6 de junio la defensa volvió a recibir copia, lo que se replicó en meses venideros. Sin embargo, cuando se discutió la querella de capítulos, la abogada de Muñoz advirtió que había antecedentes expuestos que nunca se le enviaron, pese a que en ningún momento se dijo que había elementos con reserva.

“Por esa razón solicité a la I. Corte de Apelaciones que se apercibiera al fiscal a entregar copia de todos los antecedentes de la investigación, apercibimiento al que accedió la Corte, entregando el fiscal denunciando, 3 días antes de la vista de la causa, antecedentes nuevos que ni esta defensa ni la I. Corte tenían conocimiento. Dichos antecedentes nuevos no tenían folio como el resto de la carpeta entregada con anterioridad”, manifestaron en la acción judicial.

Ahí, entonces, fue que se les dijo que el alzamiento del secreto había sido parcial. Pero como eso no quedó en los registros, la defensa indicó: “Se presume que los mismos nunca existieron realmente y solo fueron realizados para intentar justificar el ocultamiento de los mismos tanto a la defensa como a la Corte referida”.

Así las cosas, Navarrete concluye que “los antecedentes dan cuenta que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, ocultó antecedentes de la mayor relevancia para la defensa, antecedentes que favorecían al imputado y que, además, intentó ocultar esta ilegalidad incorporando resoluciones de alzamiento que nunca existieron, actuaciones de la mayor gravedad que configuran, a nuestro juicio, un delito, esto es, la obstrucción de la investigación del artículo 269 ter del Código Penal, lo que motiva a esta parte a presentar querella criminal, a fin de que los hechos sean adecuadamente investigados y sancionados”.