Fiscal de La Araucanía y “líos de platas”: “La corrupción es un elefante y nuestros recursos, un matamoscas... indagamos transferencias de $41 mil millones”

Casi todos los años la cuenta pública del Ministerio Público de La Araucanía está marcada por los casos que más afectan a la zona, o los más visibles a nivel nacional, como lo son los delitos vinculados a violencia rural. Sin embargo, este año el fiscal regional Roberto Garrido abordó el fenómeno de la corrupción pública que ha impactado en la labor de los persecutores que están bajo su mando, poniendo como ejemplo lo que ha ocurrido con el denominado caso “líos de platas”. Actualmente esta repartición tramita 11 casos y, según develó el investigador, todos involucran transferencias a fundaciones por más de $41 mil millones.

“La corrupción es un elefante: por el volumen de los montos involucrados, la dispersión territorial, la calidad de las personas involucradas y su red de contactos, por la cantidad de recursos a los que tienen acceso. Nuestros recursos son un matamoscas: hoy las investigaciones de los delitos vinculados con traspasos de recursos públicos a fundaciones, 11 casos, en los que se indagan trasferencias que superan los cuarenta y cuatro mil millones de pesos… están a cargo de dos personas, un fiscal y un abogado asistente”, relevó.

La intervención de Garrido respecto a este tema se inició con una anécdota. Cuando partió hace 22 años en la Fiscalía de Purén para intentar elevar los estándares de las investigaciones, él ordenaba en cada caso, por más simple que fuera, la presencia de equipos especializados, esto hasta que un “avezado funcionario policial aterrizó mis expectativas con la siguiente frase: “Fiscal, las moscas no se cazan con escopeta”. Creo haber aprendido rápido esa lección, que me enseñó la necesidad de utilizar eficientemente los recursos investigativos siempre limitados. Y en el sentido contrario, este policía me enseño que así como las escopetas no se pueden usar para cazar moscas, los matamoscas no sirven para cazar elefantes”.

Pese a la metáfora, el jefe regional del Ministerio Público de La Araucanía aseguró que lo limitado de los recursos no les ha impedido durante los primeros meses del caso “líos de platas” tener avances importantes. “Particularmente, en la indagatoria por el traspaso de $730.000.000 desde el Gobierno Regional a las fundaciones EDUCC y FOLAB (caso Manicure) hay tres personas formalizadas que permanecen en prisión preventiva, por delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y lavado de activos”, destacó.

Junto con esto, sostuvo en su balance anual que “además de perseguir las responsabilidades penales de las personas involucradas en esos delitos, el trabajo conjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y la PDI se ha orientado en la recuperación del patrimonio fiscal. En este sentido, han sido solicitados el congelamiento de cuentas bancarias y bienes de las personas investigadas, para asegurar que, en caso de ser condenadas, las ganancias del delito sean restituidas al Estado”.

Finalmente, respecto a los casos de corrupción en su zona, aseguró que “vamos a hacernos cargo de la corrupción en nuestra región, reorientaremos nuestros esfuerzos y tenemos la certeza de que, como ha ocurrido respecto de otros fenómenos criminales tan graves como este, contaremos con el apoyo de la Fiscalía Nacional para alcanzar los reforzamientos que nos permitan contar con los recursos humanos y materiales para enfrentar la corrupción con el estándar que se requiere, sea quien sea el responsable”.

Entre los casos que se indagaron el año pasado, el fiscal Garrido destacó la condena a Martín Pradenas, quien en un segundo juicio recibió 17 años de presidio por siete delitos sexuales cometidos en perjuicio de seis mujeres, “hechos que salieron a la luz solo tras el suicido de su última víctima, revelando un patrón de conducta abusiva que convirtió el caso en un símbolo de la lucha feminista en país”. Esto último, lo sostuvo el persecutor por el caso de Antonia Barra.

“No hubiese sido posible llegar a este resultado sin la valentía de cada una de las víctimas, quienes participaron de las distintas etapas del proceso, particularmente de dos juicios orales, sobreponiéndose a la revictimización y relatando coherente y verazmente cada uno de los hechos que las afectaron”, aseguró.

Garrido además abordó el fenómeno que ocurre en la Macrozona Sur respecto a ataques incendiarios.

“En nuestra región experimentamos directamente el desafío que representa el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como un elemento clave en la construcción de una convivencia nacional fraterna. Este reconocimiento es esencial para impulsarnos hacia la paz y el bienestar que todos deseamos. Sin embargo, durante demasiado tiempo nuestra región también ha sido afectada por una problemática delictiva que hasta ahora hemos denominado como ‘violencia rural’. Este término abarca todas las acciones delictivas asociadas a grupos radicales que, en ocasiones, buscan justificar sus actos como una reivindicación de derechos ancestrales”.

A juicio del fiscal regional, “la solución a este fenómeno criminal no solo se encuentra en entender sus causas y manifestaciones, sino también en evitar eufemismos que disfracen esta violencia irracional y delictiva con un velo de justificación”.

En esa línea desarrolló un lato diagnóstico. “Los distintos grupos organizados que operan en la Macrozona Sur, más allá de sus diferencias, comparten el deseo de ‘control territorial’. ¿Paras qué? Para dominar a la población de ciertos territorios, perpetrar robos, cultivar drogas o expulsar a quienes no cooperen con sus actividades criminales. No se observan discursos políticos, propuestas, demandas o interlocutores válidos. Incluso, es difícil considerarlo una forma de protesta, ya que el ideal reivindicatorio de los derechos del pueblo mapuche ha sido reemplazado por intereses de lucro, y el respeto por la autoridad tradicional ha sido suplantado por la vanidad de quienes se benefician de la extorsión, el homicidio y la violencia en cualquiera de sus formas”.

El persecutor, además, hizo un llamado a “reconocer que hoy el fenómeno delictual en La Araucanía y la Macrozona Sur representa una forma de criminalidad organizada que opera con lógicas y objetivos similares a los de cualquier otro grupo criminal en el país o el extranjero”.

Finalmente, entregó cifras, revelando que “en contraste con el incremento general de denuncias en 2023, por segundo año consecutivo estos hechos delictuales han tendido a disminuir, registrándose un total de 473 casos, lo que representa una disminución del 18,3% en comparación con los 579 del año anterior. Este descenso fue especialmente significativo en las denuncias de incendios y usurpaciones no violentas, con disminuciones de 18,9% y 29,4%, respectivamente”.