Caso de abusos en la Iglesia tendrá primer juicio: Fiscalía pide cárcel para excanciller del Arzobispado de Santiago

Desde que el excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz logró, en enero de 2019, que se le modificara la medida cautelar de prisión preventiva, abandonó la cárcel (a la que llegó en julio de 2018) para irse a vivir a la casa de su madre. Ahí está con arresto domiciliario nocturno y se prepara para enfrentar, a partir del 9 de diciembre, a las 9.00, el juicio en su contra por presunto abuso sexual reiterado y violación, que se realizará en el Séptimo Tribunal Oral de Santiago. El Ministerio Público le está pidiendo por estos delitos una pena de 41 años de cárcel efectiva.

Será el primer proceso de este tipo desde que en mayo de 2018 comenzaron a investigarse los presuntos abusos sexuales de decenas de sacerdotes de la Iglesia Católica en el país.

Sus cercanos aseguran que, como todo religioso, no es mucho lo que tiene -en términos de su propiedad-, por lo que volver a su casa de toda la vida, en la comuna de Macul, fue la única opción que tuvo a mano. Ahí, junto a su abogado, ha estado preparando su defensa. Se estima que el juicio podría extenderse por un mes. Será el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, quien estará durante ese tiempo liderando el proceso en contra del exsacerdote . Declararán 47 testigos, entre ellos, presuntas víctimas y religiosos.

Mientras espera el día del proceso, el lunes recibió en esa misma residencia la notificación del Vaticano, firmada por el Papa Francisco, en la cual se le comunicaba que se le impuso la dimisión del estado clerical "ex officio et pro bono Ecclesiae", por los delitos de abuso sexual de menores.

La noticia, aseguran quienes han estado en contacto con él durante estos días, no fue sorpresiva, era algo que esperaba. Pero eso no quitó que la notificación le afectara personalmente. Para alguien que ha entregado sus últimos 30 años de vida al sacerdocio, recibir la máxima sanción que se le puede imponer a un presbítero es algo "muy duro", comentan desde su entorno.

Pero eso no fue todo. En la notificación, el Papa Francisco le pide al Arzobispado de Santiago que le ofrezcan ayuda a Muñoz para "su reinserción". Para el exsacerdote, aseguran sus cercanos, se trata de palabras protocolares. Una de las cosas que más resiente sería que la Iglesia lo haya dejado completamente solo en este proceso. Desde que su caso explotó no ha recibido ninguna llamada ni visitas de alguna autoridad de la Iglesia de Santiago.

Se comenta que Muñoz no esperaba algo distinto, pero habría valorado algún gesto o señal de apoyo o comprensión. Sus últimas palabras con el exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fueron en diciembre de 2017. De ahí en adelante solo intercambiaron mensajes protocolares.

La fiscalía acusa a Muñoz por su supuesta participación en cuatro hechos, en los que el exsacerdote, "valiéndose de su ordenación, ademas del nexo de parentesco con algunas de las victimas, ganó la confianza de los padres de los menores de edad afectados. De esta forma, estos autorizaban a sus hijos a participar de actividades pastorales, acompañar al imputado en sus actividades eclesiásticas e incluso pernoctar en las viviendas utilizadas por el imputado, quien ademas se valía de la influencia que tenía en los jóvenes para realizar distintos actos de significación y relevancia sexual, manteniendo dichas conductas silenciadas".

Muñoz ejerció la función de párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Maipú entre el 15 de junio de 2003 y el 15 de junio de 2009. Luego, fue nombrado canciller del Arzobispado de Santiago, el 9 de junio de 2011, cargo que ocupó hasta el 5 de enero del 2018 cuando se abrió una investigación canónica previa en su contra y se le suspendiera su ejercicio sacerdotal.

"Nosotros vamos a defender con todas las pruebas disponibles la tesis de la completa inocencia de Óscar Muñoz. En el juicio vamos a poder probar que, de todos los hechos incluidos por la fiscalía en la acusación, algunos de ellos derechamente no existieron, otros son falsos y hay otros que son sacados de contexto", dice su abogado Gabriel Henríquez.

El defensor está trabajando con un equipo de dos abogados más para hacer frente a este juicio. Henríquez insiste en que el caso tiene varios "vicios procesales" o pruebas "espurias" desde el inicio de la causa. Varias de esas irregularidades, dice, se remontan a cuando el suspendido fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias quiso radicar el caso en Rancagua, argumentando que existía una presunta víctima que había sido abusada en Pichilemu.

"Entre otras cosas creemos que vamos a poder sostener jurídicamente que existe una situación distinta respecto del hecho acusado del delito de violación. Sostendremos que esa situación difiere de la acusación del Ministerio Público en cuanto a fechas y esas fechas marcan un cambio rotundo en la calificación jurídica ya que, de haber ocurrido, la eventual víctima no habría sido menor de edad", agrega Henríquez.

Conocedores de la causa aseguran que la fiscalía tiene el caso resuelto. Como antecedentes comentan que la autodenuncia que realizó Muñoz en la Oficina Pastoral de Denuncias el 2 de enero de 2018, días antes de que llegara el Papa Francisco a Chile, sería uno de los datos más relevantes. Sin embargo, Henríquez precisa que cuando el excanciller se autodenunció, reconoció haber realizado "conductas impropias" con dos víctimas, pero en la causa que investiga la fiscalía "ninguna de esas víctimas forma parte del proceso penal".