Una fuerte arremetida en tribunales lanzó la Fundación Procultura en el marco de los líos de platas y convenios con entidades no gubernamentales. La semana pasada, la agrupación fundada por el psiquiatra, Alberto Larraín interpuso un recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique y una demanda en contra de la Dirección Regional de Arquitectura del Biobío en el Tribunal de Contratación Pública.

La disputa contra la gobernadora Andrea Macías (PS) surge luego que decidiera “de manera unilateral dar un vuelco en la ejecución” de “un programa de apoyo a familias de zonas rezagadas en la Provincia de los Glaciares”, dice el recurso de protección. Esto provocó el freno en la entrega de los fondos para llevar a cabo la iniciativa, que ascienden a $1.673.356.000, y según la agrupación, la decisión se realizó “sin fundamento racional ni legal alguno”.

“La aprobación de la decisión de la gobernadora regional, en cuanto a revocar la transferencia de recursos correspondiente al programa en comento, resulta claramente arbitraria, pues el ejercicio de la potestad que ha ejercido supone la facultad de la Administración de volver sobre sus propios actos, a fin de verificar su conveniencia en términos del interés general”, acotó la presentación de la Fundación ProCultura ante el tribunal de alzada.

Todo comenzó, según la descripción de la fundación, cuando en noviembre de 2021, la fundación fue convocada por el Gobierno Regional de Aysén (CORE) para realizar un proyecto que permita ir en ayuda de familias en aislamiento de la zona austral de Chile. Luego, en diciembre del mismo año, la agrupación comenzó a trabajar en la elaboración del programa, sus términos de referencia y marco lógico, hasta llegar a una primera versión que se presentó en abril de 2022 para evaluación del Gobierno Regional. Posteriormente, recibió la evaluación en diciembre de 2022, momento en que continuaron ajustando la iniciativa, hasta finalmente presentarla ante el Consejo Regional de Aysén.

Sin embargo, el 3 de julio de 2023, faltando sólo la firma del convenio de transferencia de recursos por parte de la gobernadora, “ésta decidió de manera unilateral dar un vuelco en la ejecución del programa, presentando la moción de revocar las decisiones ya adoptadas, y dejar sin efecto la iniciativa”. Según ProCultura, la decisión se intentó justificar en el contexto derivado de la amplia discusión pública y política que ha generado recientemente la suscripción de convenios por parte de órganos administrativos con algunas entidades sin fines de lucro, en otras regiones del país.

Según el escrito, las cinco cinco razones esgrimidas por la Gobernadora Regional de Aysén para dejar sin efecto el financiamiento del Programa son: 1) La definición de la Contraloría General de la República de suspender la toma de razón de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro; La necesidad de tomar medidas de control adicionales a los procesos ya existentes para convenir con Instituciones privadas sin fines de lucro; No existe convenio firmado entre el Gobierno Regional y la Fundación ProCultura; Certeza de lo que se debe ejecutar en el año presupuestario vigente; y, públicos cuestionamientos al vínculo entre el Estado con Fundaciones y Corporaciones privadas sin fines de lucro a partir de un caso de público conocimiento.

“Las 5 razones esgrimidas por la Gobernadora Regional de Aysén para dejar sin efecto el financiamiento del Programa carecen de vinculación con el mérito del Proyecto mismo, y no cumplen con el estándar de razonabilidad que se le exige a una medida como ésta. Lo único concreto es el miedo que inundó a algunos consejeros y a la gobernadora de aprobar un convenio con una fundación que ha aparecido en los medios de información, y la investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público. Esta falta de motivación del acuerdo adoptado implica un actuar arbitrario de la recurrida, incompatible con un Estado Democrático de Derecho”, denunció la Fundación.

La gobernadora Andrea Macías dijo a La Tercera PM que “ProCultura está en derecho a recurrir donde lo estime pertinente. Por nuestra parte es importante precisar que el Gobierno Regional de Aysén no había firmado ningún convenio con ProCultura, lo que existía era un acuerdo del órgano colegiado para avanzar con la fundación. En ese sentido añadió que “es importante recordar que la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos establece que los acuerdos de los órganos colegiados sólo nacen a la vida cuando hay un órgano ejecutor que este caso soy yo como gobernadora regional. Por lo tanto, mientras no exista un convenio no existen derechos adquiridos por parte de la fundación”.

“Como ejecutivo y siendo responsable, política y financieramente de este gobierno regional no vamos a firmar un convenio con la fundación ProCultura, mientras existan procedimientos legales vigentes que involucren a dichas fundaciones”, añadió

En paralelo, en su demanda en contra de la Dirección Regional de Arquitectura del Biobío ante el Tribunal de Contratación Pública, la Fundación ProCultura denunció que el director regional, Juan Andrés Vega incurrió en un “actuar ilegal y arbitrario” al dejar sin efecto licitación denominada “actualización inventario patrimonio cultural inmueble región del Biobío”.

“Se trata de una contratación que, desde el punto de vista cultural, es muy importante para la región, por lo que resulta errónea la decisión de dejarla sin efecto, pero aún más, nos parece sumamente grave que los razonamientos expresados en el acto impugnado no pasan de ser falacias, y, por lo tanto, carecen del poder de fundamentar un acto administrativo, y que la única razón para dejar sin efecto el proceso licitatorio no es más que una brutal discriminación basada en una mera coyuntura política y referida a entidades y regiones ajenas a las del presente caso, a partir de la cual la entidad recurrida parece sacrificar la juridicidad para evitar una situación que quizás entiende como comunicacionalmente compleja”, acusó la agrupación.

En esa línea, destacó que de “las cuatro ofertas que se presentaron a la licitación, la única oferta admisible, que cumplía con todos los requerimientos solicitados y, que por lo demás, resultaba altamente conveniente para los fines de bienestar cultural perseguidos por la autoridad, al punto de obtener ¡96 puntos! es la presentada por la Fundación ProCultura”.

En este contexto, afirma si el tribunal resuelve en definitiva acoger la demanda y ordena retrotraer el procedimiento, “sería completamente innecesario, fútil, disponer que se comenzara una nueva evaluación”. “Peor aún: si ordena no disponer expresamente la adjudicación a mi representada, esta parte corre el riesgo de que todo el esfuerzo procesal que se deberá desplegar en este proceso judicial sea en vano, pues le resultaría muy fácil al organismo recurrido dictar otra resolución que nuevamente deje sin efecto la licitación, aduciendo cualquier otro ardid para privar a mi representada de su legítimo derecho a ser la contratista del proyecto en comento”, concluyó.

En su presentación destacó que la Contraloría General de la República comunicó el 29 de junio, que de manera preventiva se suspendía la toma de razón de todos convenios de transferencia entre fundaciones y el Estado, precisando al día siguiente que “a contar de la próxima semana se irán tramitando aquellos convenios con las instituciones que históricamente contribuyen a fines sociales”.