Gobierno pagó $10 millones a abogada integrante de la Suprema por un informe que sustentó la frustrada apelación en el caso Huracán

Incomodidad ha causado en la Corte Suprema una situación que reveló durante la jornada de este jueves La Moneda. Y es que en medio de la polémica por el frustrado intento del Ministerio del Interior de mantenerse como querellante en el caso Huracán, que llevó incluso al Presidente Gabriel Boric a pedir explicaciones, apareció el nombre de la abogada integrante de la sala penal del máximo tribunal Pía Tavolari Goycolea. En una minuta, que incluso llegó a manos de jueces del máximo tribunal, se entregaban detalles de la estrategia judicial y todos los intentos que se hizo para volver a ser querellantes en la investigación por corrupción policial. En el escrito, además, se asegura que la base del recurso de apelación -declarado inadmisible por la Corte de Temuco- estaba en un informe en derecho que se encomendó a la mencionada académica.

La molestia -dicen algunos de los supremos consultados- es que este tipo de tratativas con querellantes institucionales impactarán en la sala. Esto debido a que cada vez que Tavolari esté integrando la Corte Suprema deberá inhabilitarse cuando el Ministerio del Interior sea parte. De hecho este es el eterno lío que hay con la figura del abogado integrante, que obran como jueces pero que no están obligados a la exclusividad de esta labor y, por ende, más de alguna vez reciben cuestionamientos por los conflictos de interés que se generan con este tipo de doble función: por un lado son tratados como ministros del máximo tribunal y, por el otro, continúan sus actividades como expertos en derecho.

En la minuta de La Moneda se puede leer en el punto 4 la explicación que hace la División Jurídica. “Interpusimos un recurso de apelación, cuya tesis jurídica fue de hecho ratificada y sustentada por medio de un informe en derecho suscrito por la profesora y doctora en derecho Pía Tavolari, quien es integrante de la Corte Suprema”, decía el texto.

La Tercera PM revisó, a través de Transparencia, las compras que ha realizado durante estos meses la cartera que es liderada por Izkia Siches y, en efecto, está el contrato suscrito con la abogada integrante de la sala penal. El 3 de junio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública emitió una resolución exenta que “autoriza trato directo para la elaboración de un informe en derecho”.

En el documento explican que quedaron excluidos del caso Huracán y que por lo técnico y complejo del caso ninguno de los funcionarios de la División Jurídica de Interior podía hacer el análisis que se necesitaba para alegar ante la justicia el retorno como querellantes. “La particular naturaleza de los servicios en referencia, éstos no pueden ser llevados a cabo por el personal de esta Secretaria de Estado, que está destinado a cumplir funciones habituales y ordinarias de ella. En consecuencia, no existe la posibilidad que aquellos servidores puedan realizar servicios que, por su especial índole, deben ser desarrollados por un proveedor que cuente con la experiencia y competencias necesarias para la asesoría y desarrollo del informe en derecho requerido”, se lee.

Junto con esto, complementan, se debe hacer este contrato, por “la complejidad, importancia y alta connotación social de la materia de que se trata, se ha estimado necesario contar con una asesoría calificada que se traduce en un informe en derecho para ser presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco (...) que aborde la procedencia procesal del recurso de apelación y que debe entenderse por vicios formales, a efectos de estimar errónea la resolución del juez de garantía, que tuvo por no presentada la acusación particular”.

En el libelo, además, reconocen la importancia que tiene para ellos el seguir siendo intervinientes en este emblemático caso de corrupción policial. Por eso para los demás abogados que participan en la preparación de juicio fue inentendible que ninguna de las jefaturas del área penal alegara el recurso ante la Corte de Temuco y que enviaran a un abogado de la Delegación del Biobío.

“Para los efectos indicados y considerando que el servicio que se requiere contratar se refiere a un aspecto clave y estratégico para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como es mantener su acusación particular en la causa judicial antes mencionada, la Subsecretaría del Interior contactó a la abogada Pía Verena Tavolari Goycoolea, para que pueda confeccionar un informe en derecho sobre la procedencia procesal del recurso de apelación y qué debe entenderse por vicios formales, a efectos de estimar errónea la resolución del Juez de Garantía, que tuvo por no presentada la acusación particular, tomando en cuenta su experiencia y acabado conocimiento respecto de las materias de que se trata”, agregan.

El costo que tuvo para el Estado este informe, que fue desestimado cuando el tribunal de alzada sostuvo que no procedía el recurso de apelación, fue de 300 U.F. ($9.978.924). Pero, según Transparencia, este no era el precio original. A las 11.54 horas del 13 de junio, Interior emite una orden de compra por 100 U.F. ($3.326.308) por el pago de análisis de Tavolari. Sin embargo, el mismo día emiten otra resolución exenta debido a que en la primera resolución “se consignó erróneamente que el monto de la contratación correspondía a 100 UF, debiendo decir 300 UF”.

Para justificar este pago, el Ejecutivo sostuvo que la académica tenía “una amplia y comprobada experiencia técnica, tanto en materia de litigación como investigativas y académicas en las áreas requeridas”. Ante eso sostienen que tiene el grado de “doctora en derecho de la Universidad de Freiburg, Alemania, poseer variados cursos y diplomados, ser abogada integrante de la Excelentísima Corte Suprema e Ilustrísima Corte de Apelaciones, árbitro en el centro de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, miembro de la Comisión de Reforma Procesal Penal, adecuatoria al nuevo Código Penal, haber impartido clases en la academia judicial, Instituto de Estudios Judiciales, tribunales tributarios aduaneros, en diversos postgrados sobre materias procesales, proceso penal y sus reformas, justicia civil, litigación y derecho”.

Entre mayo de 2020 y marzo de 2022, según información que este medio pudo recabar, la División Jurídica no pagó a particulares por dichos análisis. El único que consta es uno encargado por el subsecretario de la época, Juan Francisco Galli, pero que no tuvo costos adicionales, ya que dicho informe en derecho fue hecho por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y trataba de “tomas en bienes fiscales” donde el Gobierno es querellante.

La Tercera PM intentó contactar a la abogada Tavolari, pero hasta el cierre de esta edición no respondió los mensajes.