”Hay un conflicto importante”: defensa del histórico conservador de Santiago alza la voz en medio de millonaria pugna interna

El 9 de enero, el 1º Juzgado de Letras del Trabajo fue el escenario donde, por segunda vez, tanto sindicato de trabajadores como los titulares del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) debieron intentar resolver la disputa que desde hace algunos meses acarrean: una pugna interna por el contrato colectivo que -entre otras cosas- fijó el sistema de remuneraciones al interior del organismo.

La disputa comenzó con la presentación de una demanda de nulidad del último inquilino de Morandé 440, Carlos Miranda, quien tras su nombramiento en noviembre de 2022 impugnó el acuerdo del 2021 con los trabajadores. Sin embargo, en el proceso no solo se encontró con la oposición de los funcionarios, sino que también con la de su par Luis Maldonado, histórico conservador de Santiago. En conversación con La Tercera, el abogado de este último, Cristián Aguayo -de AEM Abogados-, reconoce el “conflicto importante”, así como también explica la defensa y postura que adoptó el titular del Registro de Propiedades, Comercio y Agua desde 1997.

La diferencia entre los titulares se da porque el CBRS de Santiago está encabezado por tres conservadores: Miranda, de Hipotecas; Maldonado, en el Registro de Propiedades, y Kamel Saquel en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. Este último, al menos legalmente, se ha plegado a las reclamaciones del exnotario de Concepción asumido en Santiago el año antes pasado, algo que también se vio en la segunda demanda presentada, esta vez por el Sindicato Nº 1 de Trabajadores del CBRS.

Los cuestionamientos al contrato colectivo que busca impugnar Miranda surgen del sistema de remuneraciones establecido con los sindicatos de trabajadores, el cual establece que los sueldos se fijan y reparten a partir del 75% de los ingresos del organismo judicial, además de que estos últimos pueden impugnar contrataciones y gastos. A diferencia del exnotario, según explica el abogado del conservador Maldonado, “la postura de quien yo represento es absolutamente distinta a la que ha planteado, en cuanto a que estos acuerdos se han verificado en el marco de procesos de negociación colectiva y lo que hacen es plasmar acuerdos entre el empleador y los trabajadores”.

A juicio de Cristián Aguayo, y quien fue anteriormente abogado del CBRS, por ende participó en el proceso de negociación colectiva que actualmente está siendo cuestionado, “efectivamente es un sistema que entiende que hay repartición de dinero, y tiene toda una regulación bastante detallada de gastos, ingresos y de contrataciones”.

El representante de Maldonado apunta a que “todo ese acuerdo consta en estos instrumentos colectivos, que llevan muchos años de vigencia, y de alguna manera han sido concesiones recíprocas como todo contrato colectivo, válidas, que han permitido que el sistema de alguna manera transforme al conservador en un lugar donde existe o existía hasta el momento por lo menos una relativa paz en la convivencia laboral y además le ha permitido ser uno de los conservadores más modernos que hay en Chile”.

Convivencia que según explica el abogado se ha visto afectada tal y como se expone en los escritos de ambas causas que hoy están radicadas en la justicia: “Es evidente que hay un conflicto interno importante y que se gatilla inmediatamente o coetáneamente con la llegada de Miranda, porque con el otro conservador -Kamel Saquel-, que participó en todos los procesos de negociación, a diferencia del señor Miranda, ha tenido una relación bastante fluida con el señor Maldonado, hasta que coincide con la llegada del nuevo conservador”.

¿Y esto tiene implicancias en el organismo? A juicio de Aguayo, “en principio se ve reflejado en las problemáticas que no existían con la habitualidad que hay ahora, entre sindicato y conservador, ese es el primer reflejo (...) y claro que yo no lo sé porque ahí sí que excede mi conocimiento, pero probablemente en la práctica el usuario podría eventualmente esta situación también generarle algún inconveniente”.

Las diferencias, según fuentes de La Tercera en anteriores ediciones que dan cuenta de este conflicto interno, apuntan a una supuesta oposición de Maldonado a los cambios en la administración del CBRS de Santiago, algo que descarta rotundamente su abogado Aguayo, quien asegura que el histórico conservador ha estado permanentemente abierto al diálogo, a buscar nuevas alternativas y en ningún caso “mantenerse quieto en buscar soluciones de la mano de la evolución y los cambios”.

Una de las posturas que han representado los otros dos sindicatos ante la justicia, en ambos procesos, es que los sindicatos buscan incidir en las decisiones del organismo. Posición que no comparte el conservador de Propiedades, señala el abogado Aguayo, y es que “desde la perspectiva de Luis Maldonado en absoluto existe una injerencia por parte de los sindicatos, sino que hay un acuerdo válido, lícito, que permite tener esta convivencia con estas bases que han sido aplicadas durante muchos años”.

Algo que también descarta el abogado Aguayo es una supuesta cercanía de Maldonado con los sindicatos, ya que según señala aquello “no refleja la realidad, porque de hecho han existido varios inconvenientes, situaciones de tensión (...) existe un diálogo que ha sido fluido. Eso no significa la cercanía que de alguna manera mal intencionada se ha planteado, hay un diálogo fluido que ha permitido abordar los distintos tipos de problemáticas que han tenido muchos con el ánimo de buscar soluciones”.

Pese a aquello, durante la respuesta a la demanda presentada por los sindicatos, Maldonado ha presentado reparos a dicha reclamación. Y es que según se señala en el escrito ingresado por Aguayo, el conservador de Propiedad no cuestiona el contrato colectivo -a diferencia de Miranda-, pero sí los montos de perjuicio que acusan los trabajadores, que asciende a $359.219.245.

Por último, Aguayo asegura que tanto él como abogado, así como el conservador Maldonado, esperan no llegar a un fallo judicial en ninguno de los dos juicios laborales, sino más bien a un entendimiento previo y “logremos subsanar estos dos procesos sin necesidad de que un juez tenga que dictar sentencia”.