Fue el pasado 12 de enero, a eso de las 11 horas, que un sujeto en ese entonces no identificado lanzó a las afueras de la Cárcel de Alta Seguridad, en Av. Pedro Montt, una serie de panfletos con amenazas al ministro de Justicia, Luis Cordero, y en contra del director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y la otrora alcaide del recinto Fabiola Valladares.

“El verdadero crimen organizado lo autorizan el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez (...) Si la justicia “legal” no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”, se leía en el panfleto.

En ese momento Gendarmería activó las denuncias correspondientes, calificando la situación como grave. Con ello, el Ministerio Público desplegó una serie de pesquisas a fin de dar con los responsables.

Así, cinco meses más tarde se produjeron los primeros resultados y personal de Carabineros logró la detención del presunto responsable, un hombre de 42 años de nacionalidad chilena, con antecedentes penales por los delitos de hurto y amenazas.

Como pudo recabar La Tercera, se trata de César Antonio Pizarro Pizarro, un sujetos que de acuerdo con funcionarios de Gendarmería cada cierto tiempo les generaba “más de un dolor de cabeza”.

Aquello, dicen, porque como director de la ONG 81 Razones por Luchar -entidad compuesta por amigos y familiares de los 81 internos que fallecieron en medio del incendio de la Cárcel de San Miguel de 2010- ha proferido una serie de amenazas y acciones en contra de la institución. De hecho, en sus redes sociales el sujeto se autodenomina como “anti-karcelario”.

Integra dicha agrupación, como se desprende de sus publicaciones, pues su hermano fue una de las víctimas, y desde ahí los 8 de cada mes organizaba acciones para recordarlos y oponerse al sistema penitenciario y a las acciones seguidas por el Estado.

“La cárcel sigue causando estragos y terribles consecuencias físicas y psicológicas para quienes pasan por ella; hoy los tiempos son muy difíciles y adversos, cada vez somos más las personas encarceladas dentro de los mismos muros que han dejado morir a miles de personas en $hile. Los 81 hermanos que el estado de $hile junto a Gendarmería dejaron morir un 8 de diciembre del año 2010 en la cárcel de San Miguel, camina por la misma ilegalidad gubernamental sistemática justificada por los próceres y serviles del estado, los mismos que hoy justifican el actuar del paco asesino que mató a Francisco en Panguipulli. Por que NO creemos en nada que nos informa, ordena y exige el estado, Somos 81Razones, Solidarios Antikarcelarios”, escribió, por ejemplo, el 8 de febrero de 2021.

Ese mismo año, además, se presentó como candidato a la elección de convencionales constituyentes por el distrito 12 del pacto Apruebo Dignidad.

En medio de su infructuoso intento por integrar el órgano que tenía la misión de entregar una propuesta de nueva Constitución, los derechos de las personas privadas de libertad fueron su bandera de lucha, aunque el revuelo lo generó cuando profirió polémicos dichos vinculados con la pandemia del Covid-19.

Se declaró antivacuna, desencadenando una ola de cuestionamientos de parte de sus compañeros de lista. “Soy antipandemia, no creo en esto del gobierno, que nos están implementando la ‘plandemia´, y hago un llamado importante a que nuestra población, nuestra gente, que no cree en este Estado, en esta política ni en los poderosos, a que no nos vacunemos”, manifestó en ese entonces, según recogió Emol.

Eso sí, tras las repercusiones que sus palabras generaron debió dar un paso atrás. “Más allá de mis creencias y vivencias solo manifesté mi posición respecto al virus, pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo y aun sabiendo que todos y todas merecemos el acceso a la salud digna y de calidad”, sostuvo.

Frente a la detención del sujeto, que quedó con prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional, el ministro Cordero aseguró: “Agradezco la labor del Ministerio Público, de las policías, y lo demás corresponde a la investigación y lo que decida el tribunal”.

César Pizarro ha sido invitado a exponer sobre el régimen carcelario en distintas instancias, entre ellas, incluso ha visitado la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, donde, de acuerdo con la propia entidad, “expuso detalladamente sobre el incendio de la cárcel de San Miguel y las principales dificultades que acarrea la asesoría de personas privadas de libertad en nuestro país”.

En sus últimas apariciones en redes sociales, en todo caso, el imputado había hecho mención a los desórdenes que se han generado las últimas semanas en la Cárcel de Máxima Seguridad, asegurando, eso sí, que se estaría reprimiendo a los internos, pese a que son ellos, de acuerdo con las autoridades, los que están generando los destrozos.

“Hoy en las cárceles del país siguen TORTURANDO, la masa de población penal duerme sumisa en el miedo o sometidos a los regímenes indolentes carcelarios. En el Cas REPAS, cárcel de máxima inseguridad, No más de 20 personas privadas de su libertad luego de ser sometidos por casi 1 año a TORTURAS y humillaciones se levantaron y decidieron pelear por sus derechos fundamentales, dejando en evidencia que al estado criminal y a Gendarmería les importa más un pedazo de muro que la vida de las personas que deben custodiar”, escribió hace seis días llamando a la revuelta.