¿Hubo presión indebida del PC? El debate que la procesión por Jadue abrió en el oficialismo a 48 horas de la cuenta pública

Cerca de 300 personas, con lienzos, una batucada y banderas, fueron las que llegaron la mañana del miércoles a tribunales para apoyar al alcalde y militante comunista Daniel Jadue (Recoleta), ad portas de su audiencia de formalización en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía después de tres años de investigación le imputaría cuatro delitos, varios de ellos vinculados a hechos de corrupción. Dentro del tumulto destacó la presencia del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, y del integrante de la comisión política de la colectividad, Juan Andrés Lagos.

La presencia de los líderes comunistas en la instancia abrió un nuevo flanco de cuestionamientos al interior del oficialismo. Incluso el fiscal nacional, Ángel Valencia, tildó de “rara” la manifestación de apoyo. “Alguien que conozca cómo funciona el sistema de justicia debiera saber que eso no produce ningún efecto, menos en el trabajo de los fiscales. Ni va a a producir efecto en los tribunales”, dijo hoy en radio Pauta.

Esta mañana, en entrevista con T13 Radio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien además es militante comunista, aseveró que “como gobierno lo que esperamos es que las instituciones funcionen y que cada uno pueda defenderse, otros puedan presentar pruebas y que finalmente tribunales defina para que la ciudadanía tenga claro cómo ocurrieron los hechos, cuáles son las responsabilidades y, cuando haya culpabilidades, las sanciones correspondientes”, aseveró la titular de la Segegob.

En ese sentido, afirmó que “más allá de la militancia política, a nosotros nos interesa que el Estado con su separación de poderes pueda funcionar, que cada vez pueda funcionar mejor y que vaya dando garantía a todas las partes”.

El presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, dijo que “no me parece que haya presión indebida cuando un presidente de partido acompaña a un militante de ese partido a una formalización. ¿Por qué eso habría de significar una presión para el Poder Judicial? Lo que sí me parece una presión indebida es cuando un parlamentario en ejercicio va a una audiencia de un juicio oral, como sucedió recién con diputados de la derecha en el juicio por el caso del joven de Pío Nono. Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos no son del Poder Legislativo, por lo que no veo ningún inconveniente en que acompañen a un militante”.

En la misma línea se expresó el timonel de Comunes, Marco Velarde: “El sistema judicial no debiera presionarse por el legítimo derecho de las personas de ejercer su libertad de expresión y de manifestarse”.

Su par de RD, Diego Vela, planteó que “lo relevante es que las instituciones en Chile funcionan. Nadie está por sobre la justicia y las personas pueden ejercer su derecho para defenderse”.

El presidente del partido frenteamplista también reafirmó que “creo que todos debemos cuidar que las instituciones en Chile sigan funcionando, todos debemos colaborar en eso”.

Desde el Socialismo Democrático, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, se remitió a señalar que “hay que respetar la institucionalidad existente. La Fiscalía es autónoma y los tribunales son de garantía, que deben revisar los estándares con los que se está formalizando. Por lo tanto, todo otro comentario me parece que está de más”.

Por otro lado, el jefe de bancada de la tienda de París 873, Daniel Melo, planteó que “acá lo relevante es que el Ministerio Público y la justicia puedan desarrollar su trabajo con total independencia, sin presiones de ningún tipo. Dejemos que las instituciones funcionen y se establezca la verdad respecto de estos hechos que se investigan”.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, afirmó que “los militantes, incluido el presidente del PC, tienen el legítimo derecho a acompañar a su dirigente que está siendo impugnado por la justicia”. Sin embargo, reconoció que “es una mala señal. Más que presión indebida, porque dudo que los jueces se vayan a sentir presionados por gritos afuera, yo creo que es una manifestación que genera en realidad poca adhesión. En el fondo, tiene que enfrentar a la justicia y defenderse en ese espacio”.

A esto se sumó el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien si bien consideró que “cada partido tiene el legítimo derecho de expresarse de la manera que mejor estime conveniente”, aseveró que “la mejor defensa ante un hecho son los argumentos que se presenten en un juicio y no otro tipo de situaciones”.

Junto con ellos, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, manifestó que “tengo plena confianza en la solidez de nuestras instituciones, las que no se amedrentan frente a las barras bravas”. El legislador enfatizó que “las discusiones jurídicas tienen reglas y normas que no contemplan este tipo de manifestaciones. Por lo mismo, vale la pena preguntarse qué habría dicho el propio PC si otro partido hubiese ido en procesión a acompañar a un imputado por delitos de fraude”.

Araya añadió que “quizás deberíamos generar una conversación para que todos y todas podamos ratificar que en Chile hay democracia, Estado de derecho y nadie es perseguido políticamente por sus ideas (...). Que el presidente del PC sea el guaripola del cuestionamiento a nuestro Estado de derecho es bien delicado. Le aviso que lidera un partido eje de gobierno”.